
El pasado domingo se expuso en Contraviento el tema de las migraciones en la región. Se mencionó que Chile y Argentina estaban trabajando sobre proyectos limitantes para contener o acotar los flujos migratorios que arriban a estos países. Hoy desarrollaremos lo que se conoce del proyecto de ley chileno y el borrador de proyecto argentino. Las medidas dispuestas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, han aportado impulso a una nueva perspectiva regional de privilegiar la estabilidad social y económica interna por sobre las demandas migratorias de terceros países. Es un cambio de paradigma.
Chile limita y limitará aún más
“Chile no incentivará nuevos flujos migratorios ni cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región”, expresó el jefe del Servicio de Migraciones (SERMIG), Luis Eduardo Thayer, a la Agencia EFE, el pasado 25 de enero, dejando en claro la posición de su país.
En Chile, el proyecto modificatorio de la Ley de Migración y Extranjería transita la última parte del tratamiento legislativo. Se conoce el articulado y sus modificaciones, siendo un hecho destacable que la ley se sume a la ley antiterrorista, promulgada el pasado martes 4 de febrero, en un conjunto de medidas sobre Seguridad Nacional. Las modificaciones se enfocan en la protección de derechos de los ciudadanos naturales. Considerando que en condiciones similares de vulnerabilidad, la situación migratoria no debe convertirse en una ventaja sobre los nacionales. El proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras y está a consideración de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Analistas chilenos consideran que el proyecto tendría posibilidad de ser promulgado en marzo o abril de 2025.
En líneas generales, el proyecto establece normas más estrictas en cuanto a la aceptación de migrantes, rechazo y revocación de permisos de residencia. Se endurecen también las restricciones para el ingreso de extranjeros al país, incorporando nuevas causales de prohibición, como condenas por violencia intrafamiliar o que hayan sido condenados en el extranjero por crímenes en los últimos 10 años, o simples delitos en los últimos cinco años.
Siendo ya el extranjero residente en Chile, todo acto de explotación sexual, porte ilegal de armas o simplemente se acumulen múltiples infracciones menores podrían ser causales de expulsión del territorio nacional. Por ejemplo, las autoridades podrán revocar permisos migratorios en casos de condenas por faltas reiteradas en áreas como ruidos molestos, riñas y comercio ambulante o representen un peligro para la seguridad interior. Los hechos referidos se han visto reflejados con demasiada asiduidad en redes sociales, diarios y portales de noticias. Situación que, tal como se señaló en anterior artículo, está escalando en algunos sectores urbanos y en la frontera norte de Chile. Según las autoridades, se pretende facilitar la convivencia entre naturales y migrantes en el espacio público, barrios y centros comerciales.
Se establece en el proyecto que la exigencia de residencia para solicitar la ciudadanía pase de 5 a 10 años. Otra causal de cancelación de visa y expulsión será que el beneficiario no haya aprobado la prueba de conocimientos relativos a las culturas y educación cívica chilena.
Argentina, por el mismo camino
El Gobierno argentino está elaborando un proyecto de reforma a la ley de Migraciones (25.871) para implementar mayores controles y restricciones en el ingreso y residencia en el país para extranjeros.
El proyecto recoge un conjunto de demandas de la sociedad civil que se han hecho más intensas en los últimos años. Están referidas a saturación de los servicios de Salud en regiones fronterizas con Bolivia, Paraguay y en menor medida Chile. Situación también verificable en los hospitales públicos y dispensarios de la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano. Recordemos que también, al vaivén de la economía, se produjo hace unos años, una corriente de ciudadanos uruguayos requiriendo atención hospitalaria en Buenos Aires.
El ajuste de la economía para obtener equilibrio fiscal ha puesto en consideración la cantidad de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires (UBA), requiriéndose para ellos establecer un arancel por tales servicios que hoy se brindan sin cargo. Se suman los reiterados conflictos, algunos violentos, en centros comerciales entre comerciantes establecidos y los denominados manteros, que en su mayoría provendrían de países limítrofes y desde Senegal.
El colapso ante la violencia narco de provincias como Santa Fe y las actividades violentas de pseudo mapuches en el sur, requirió de un enfoque mucho más amplio y efectivo que modificar algunos artículos de la Ley de Migraciones. Por lo que se ha elaborado un plan general de Seguridad que está parcialmente en marcha. Se trata de la participación militar en frontera y regiones de alta conflictividad o delitos, como la provincia de Santa Fe, que ya ha demostrado efectividad, y el suburbano bonaerense, este último aún incipiente por un tema jurisdiccional y político.
Si bien no ha trascendido el articulado de ley que posiblemente sea presentado para su tratamiento en Sesiones Extraordinarias. Por borradores previos de algunos legisladores se estima que constaría de un régimen más estricto para la concesión de residencias a estudiantes extranjeros. Habría, también, un articulado relativo a restringir el acceso a residencia legal para inmigrantes en situación irregular que tienen hijos nacidos en el país. Evitando de esta manera el actual ingreso de extranjeras en último período de gestación para que luego de nacer el niño obtenga la residencia para el grupo familiar.
Otro aspecto que tendría el proyecto es la restricción de acceso para individuos considerados por el Gobierno como “una amenaza para la seguridad nacional”. Es que la laxitud del régimen de refugio de Argentina podría ser, estiman, una puerta de entrada al terrorismo internacional. En definitiva, sería una ley que modifica el régimen migratorio y las condiciones que impondrá el Estado argentino a todos aquellos inmigrantes extranjeros que ingresen al país, ya sea con visa de turista, de trabajo o para ser considerado residente.
Debe mencionarse que en septiembre de 2024, Argentina implementó a contramano de estas prevenciones un régimen que facilita el ingreso y regularización de migrantes exclusivamente venezolanos. Esta medida tuvo un fuerte componente político de rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro.
Fuentes consultadas:
Migración en Chile. Panorama Nacional 2016 a 2023. Biblioteca del Congreso de la Nación de Chile. Publicado en agosto de 2024.
Ley 21.325 Ley de Migración y Extranjería de Chile. Biblioteca del Congreso de la Nación de Chile.