Cada tanto aparece un pasacalle indignado en alguna esquina del país. Esta vez dice: “El gobierno te mintió”. La frase pretende ser una revelación. Una denuncia que, supuestamente, abre los ojos de los ciudadanos frente a una gran estafa política.
Pero la verdad es bastante menos sorprendente.
La política funciona, en gran medida, sobre promesas que difícilmente puedan cumplirse. No necesariamente por maldad o cinismo —aunque a veces los haya— sino por una razón mucho más simple: los recursos son escasos.
Sin embargo, cada elección repite el mismo ritual.
Los candidatos prometen más seguridad, mejores salarios, más protección social, más inversión pública, más derechos. Todo al mismo tiempo. Y, por supuesto, sin costos demasiado visibles.
Ahí es donde aparece el problema.
Uruguay convive desde hace años con esa tensión. El Estado ya cobra casi todo lo que puede cobrar. El sistema tributario es pesado, al punto de que muchas empresas se van del país. Y la economía no crece lo suficiente como para financiar todas las aspiraciones sociales. Al mismo tiempo, el gasto público es un terreno donde casi nadie está dispuesto a ceder.
Ese equilibrio tiene una consecuencia inevitable: Varias de las promesas que se hacen en campaña son materialmente imposibles de cumplir.
Si el gasto no baja y los impuestos ya están cerca de su límite, el margen para cumplir esas promesas es estrecho. En algún momento aparece la realidad. Y cuando aparece, llega la indignación.
Ahí surgen los pasacalles. Pero la acusación señala solo a la mitad del problema.
Si bien es cierto que los políticos prometen más de lo que pueden cumplir, también es cierto que los votantes suelen premiar a quienes prometen más.
La política, en este sentido, funciona sobre una especie de acuerdo implícito entre políticos y votantes. Los políticos suavizan la realidad. Los votantes prefieren creerla. Es una transacción emocional bastante eficiente.
Por eso el viejo dicho sigue teniendo vigencia: “no le pidas peras al olmo”. Pretendemos que un Estado que no puede arreglar una vereda nos lleve al desarrollo escandinavo.
Pero hay algo aún peor: echarles la culpa a otros también resulta más cómodo. Si el problema es exclusivamente el gobierno de turno, el resto quedamos a salvo. No hace falta revisar lo que premiamos, lo que votamos o el tipo de promesas que elegimos creer.
Es más fácil indignarse que hacerse cargo.
Aceptar esto no implica resignación. Implica responsabilidad.
Si el olmo no da peras hay dos caminos razonables: aceptar su naturaleza o plantar un peral. En términos políticos, eso significa cambiar reglas, construir instituciones más sólidas, exigir programas más realistas y, sobre todo, aprender a desconfiar de las soluciones mágicas.
Es más lento que la indignación y bastante menos emocionante. Pero probablemente sea más útil.
El pasacalles dice que el gobierno mintió. Tal vez tenga razón.
La pregunta que rara vez se formula es: si mentir fuera electoralmente suicida, ¿cuánto tardarían los políticos en dejar de hacerlo?