Horacio Pintos Rodríguez
Entrevistado el pasado lunes en el prestigioso programa de Carlos Pagni, “Odisea argentina”, el psicólogo argentino Gervasio Díaz Castelli afirmó que el 35% de los argentinos padece algún trastorno mental y que las consultas a psicólogos han aumentado un 25% desde la pandemia en el vecino país.
En su exposición, sin vacilación alguna, Díaz Castelli responsabilizó de lo que llamó “una pandemia de salud mental” –que cree existe en la Argentina- a la cuarentena obligatoria propiciada por el entonces Presidente Alberto Fernández durante la pandemia del COVID19.
Les dejo el link de la entrevista, que es muy interesante:
Como todos sabemos, de este lado del río Uruguay, durante la pandemia, en Uruguay no solo se discutieron medidas sanitarias. Se libró una batalla política, ideológica y cultural sobre cómo debía reaccionar el Estado frente a la incertidumbre que significaba enfrentar ese enemigo desconocido que apareció de forma imprevista en el planeta.
De un lado, el gobierno de Luis Lacalle Pou, sosteniendo —contra viento y marea— la idea de la libertad responsable. Del otro, una presión persistente del Frente Amplio, del Sindicato Médico del Uruguay y de sectores del PIT-CNT, reclamando una cuarentena obligatoria al estilo de la aplicada en Argentina.
La discusión no pasaba por matices. Era una impugnación frontal a la estrategia del gobierno. Quienes enfrentaban las posturas del gobierno nacional no sugerían: exigían.
Lo del SMU tuvo ribetes inéditos: las autoridades de la gremial médica distribuyeron un instructivo, entre sus asociados, para que estos reclamaran en las redes sociales la cuarentena obligatoria.
Otros colectivos del área de la salud –como el de psicólogos y psiquiatras, y los médicos nucleados en la FEMI- mantuvieron una postura más prudente, aunque tampoco se jugaron la parada en defensa de la libertad responsable que propuso el gobierno de Lacalle Pou.
Se decía que sin encierro obligatorio no había salida. Que era irresponsable no imponerlo. Que el camino elegido por Uruguay era un error. No faltó quien tildara a Lacalle Pou casi como un asesino serial.
Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, las experiencias comparadas empiezan a hablar por sí solas. En países donde se aplicaron cuarentenas prolongadas y rígidas, como Argentina (llamada pomposamente “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”) comienzan a consolidarse datos que deberían interpelar a cualquiera que haya defendido ese camino sin matices. Además de las cifras contundentes que mencionó Díaz Castelli, distintos relevamientos señalan que en esos países se registraron aumentos de la ansiedad, la depresión, angustia, deterioro del lazo social, dificultades en niños y adolescentes, duelos sin elaboración…
Todo eso forma parte de un saldo que durante mucho tiempo fue subestimado o directamente ignorado en el debate público.
No se trata de negar la gravedad de la pandemia. Se trata de reconocer que las respuestas también generan consecuencias. Y algunas de esas consecuencias fueron devastadoras.
Uruguay eligió otro camino. Y ese camino fue resistido con dureza. Hubo caceroleos, hubo cuestionamientos constantes, hubo una narrativa instalada de que el gobierno no hacía lo suficiente.
Sin embargo, lo que hoy empieza a quedar en evidencia es que, al no imponer una cuarentena obligatoria generalizada, el país evitó —al menos en parte— daños colaterales que en otros lugares fueron severos.
Entonces la pregunta es inevitable.
¿Dónde está hoy la autocrítica de quienes reclamaban encierros masivos como única solución?
¿Dónde está la reflexión del Frente Amplio, del Sindicato Médico del Uruguay y de sectores del PIT-CNT sobre las consecuencias de las medidas que proponían?
¿Dónde está, al menos, el reconocimiento de que el camino que impulsaban podía haber sido profundamente dañino?
No se trata de una revancha política.
Se trata de responsabilidad.
Porque es muy fácil exigir restricciones cuando no se cargan las consecuencias completas de esas decisiones. Es muy fácil golpear cacerolas cuando no se gobierna.
Lo difícil —y lo que corresponde— es revisar las propias posiciones a la luz de los hechos.
El gobierno de Luis Lacalle Pou tomó decisiones en un contexto de incertidumbre total. Y muchas de esas decisiones fueron criticadas con dureza. Hoy, algunas de ellas empiezan a mostrar que no eran improvisación, sino una comprensión más amplia de lo que estaba en juego.
La salud no era solo evitar contagios.
Era también cuidar la vida en su dimensión emocional, social y humana.
Por eso, más que un reconocimiento, hay algo que empieza a ser exigible: una disculpa. No como gesto de debilidad sino como acto mínimo de honestidad política.
Claro que es difícil pedirle peras al olmo.
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