Otra vez suben los combustibles. Es el tercer aumento en lo que va del año. Y, como ya es costumbre, la explicación oficial viene envuelta en tecnicismos, informes, referencias internacionales y un sinfín de justificaciones donde intentan presentarlo como si fuera una decisión técnica e incuestionable.
Pero conviene analizar el asunto desde otro ángulo.
Cuando el precio del petróleo baja, el consumidor rara vez ve reflejada esa caída de forma inmediata y proporcional. Pero cuando sube, la corrección aparece con una velocidad admirable. Es una curiosa asimetría que acompaña a ANCAP desde hace décadas, gobierne quien gobierne.
El problema de fondo no es el barril de petróleo. El verdadero problema es que Uruguay tiene un mercado de combustibles diseñado para proteger estructuras estatales antes que para beneficiar a quienes producen, trabajan y consumen.
Cada aumento tiene consecuencias concretas. El combustible es un insumo transversal. No afecta solamente al que carga en el tanque de su auto. Aumenta los costos del transporte, encarece la producción agropecuaria, impacta sobre la industria, presiona sobre los precios de los alimentos y termina filtrándose a prácticamente toda la economía.
Por eso sorprende la naturalidad con la que se anuncian estas subas. Como si fueran fenómenos meteorológicos inevitables y no el resultado de decisiones políticas.
¿Por qué se sigue manteniendo un esquema tan rígido y costoso?
Durante años se utilizó a ANCAP como una herramienta para cumplir objetivos que poco tienen que ver con vender combustibles al menor costo posible. Se la cargó con subsidios cruzados, aventuras empresariales y responsabilidades que en cualquier empresa privada serían consideradas ajenas al negocio principal. Además de que una parte relevante del precio final corresponde a la carga tributaria que el propio Estado impone sobre los combustibles.
El resultado ya lo conocemos: cada vez que las cuentas aprietan, el ajuste termina apareciendo en el surtidor y el consumidor termina financiando un esquema donde la eficiencia no es la prioridad.
Y acá aparece una contradicción interesante. Los mismos sectores políticos que denuncian el aumento del costo de vida suelen defender el modelo que hace posibles estos aumentos. Reclaman combustibles baratos mientras se oponen a discutir seriamente la competencia y la apertura del mercado.
No se puede tener ambas cosas.
Si el objetivo es proteger al consumidor, entonces hay que empezar a preguntarse para quién existe ANCAP. ¿Para los ciudadanos que pagan la cuenta o para preservar una estructura que históricamente ha demostrado enormes dificultades para adaptarse a criterios de eficiencia?
La experiencia internacional ofrece ejemplos interesantes. En países como Nueva Zelanda, las empresas estatales compiten bajo reglas de mercado, tienen objetivos comerciales claros y sus directivos responden por los resultados. Si generan pérdidas permanentes, las consecuencias no recaen automáticamente sobre los contribuyentes.
En el caso de Paraguay, se importan gran parte de sus combustibles ya refinados y consiguen venderlos a precios significativamente inferiores a los uruguayos, algo inconsistente al relato que se impuso durante años, donde se nos decía que contar con una refinería propia era una ventaja estratégica que justificaba costos, inversiones y estructuras que otros países no tenían.
Si tener refinería propia encarece el producto que llega al consumidor, ¿dónde está exactamente la ventaja? Las instituciones públicas no están para justificar su propia existencia; están para servir a los ciudadanos de la forma más eficiente posible.
La cuestión no es si el combustible subió tres pesos o cuatro. La cuestión es por qué seguimos aceptando un sistema donde cada ineficiencia, cada costo político y cada error de gestión terminan siempre en el mismo lugar: el bolsillo de la gente.