Miguel H. Otero*
Me cuento entre los miles de venezolanos que hemos visto en las últimas horas, videos que circulan por Instagram, X, Facebook y otras redes sociales, en los que funcionarios uniformados –policías, militares– aprovechando las atribuciones que les otorga su rol y su uniforme- saquean entre los escombros. Llegan hasta los sitios donde hay viviendas o edificios que se han desplomado, a buscar dinero, joyas, electrodomésticos o cualquier bien que tenga valor.¿Han dicho algo al respecto los jerarcas de la narco dictadura? Las autoridades, ¿han emitido alguna advertencia? ¿Han formulado alguna denuncia? Nada. Como siempre. Ni una palabra.Cabe volver a preguntarse si estos hechos son episodios aislados, casos excepcionales o si, como ocurre con los procedimientos de secuestros y desapariciones forzadas; como ocurre con los encierros en centros de detención ilegales y secretos, y como ocurre con los métodos de tortura vigentes, también responden a un patrón.Hay que preguntarse en el espacio público, si en el pillaje constante, el raterismo todo horario, las múltiples prácticas extorsivas, los impuestos furtivos e injustificados, el soborno en cualquier punto del territorio, el robo de los hogares durante allanamientos y capturas sin órdenes judiciales, hay que preguntarse, insisto e insistiré, si toda esta variedad de actuaciones al margen de la ley tienen algo en común, algo que pueda señalarse como una plataforma compartida.La impunidad es la plataforma común del enorme catálogo de prácticas delictivas de policías y militares venezolanos. Los funcionarios entienden que no habrá investigación ni castigo por los delitos que cometan contra ciudadanos indefensos. Solo tienen un límite, un asunto en el que no pueden equivocarse: robar a enchufados y jefes del partido y del gobierno, lo que podría acarrearles algún castigo.
La podredumbre
Es la podredumbre de la que hablo, la que mantiene el bloqueo a medios de comunicación y redes sociales cuando miles de familias demandan información, comunicación abierta y fluida en la búsqueda de sus familiares desaparecidos porque la sociedad en su conjunto necesita conocer la especificidad de lo ocurrido, saber de las víctimas, escuchar sobre los peligros que todavía subyacen.
Puesto que se sienten propietarios y señores de poder ilimitado sobre cada hecho y sobre cada punto del territorio, los uniformados cultivan otra especialidad: impedir que periodistas y reporteros gráficos hagan su trabajo, como si ello pudiese ocultar las terribles realidades del país, y en este momento, las dantescas escenas de edificios caídos, de personas que claman por auxilio bajo el retorcimiento de los escombros, de uniformados que aparecen en escena especialmente en la noche, con las manos vacías, y que buscan entre los restos qué robar, qué más pueden sustraer para engordar sus bolsillos.
La podredumbre es un Estado que obliga a la misión de la ONU en Venezuela a contratar como funcionarios a miembros del partido oficial; o es el Estado que carece de un plan para responder a las demandas de las familias de La Guaira, donde la vida se ha reducido a escombros; o es el Estado que de los cinco millones de milicianos que anunciaba hace unos pocos meses, no cuenta ni con un centenar para auxiliar a las víctimas del horror sísmico; o es el Estado que, a estas horas, hace denodados esfuerzos, preparativos para controlar y saquear la ayuda internacional.
El Estado podrido de la narco dictadura es el que, ahora mismo, no pude responder a la más acuciantes y escandalosas de las preguntas: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Dónde, sus poderosas y cacareadas fuerzas rescatistas? ¿Dónde los recursos logísticos, maquinarias, herramientas e insumos para atender al sufrimiento de las víctimas?
Y cierro con esto: El Estado podrido de la narco dictadura es el que, a esta hora, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos.
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* Director de El Nacional
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