Confieso que cada vez entiendo menos cómo funciona el capitalismo.
Durante años creí, por una interpretación demasiado literal de los libros de economía, que consistía en competir. Después descubrí que no. Que el verdadero objetivo de cualquier empresario es competir hasta el preciso instante en que aparece alguien que compite mejor. Ahí deja de llamarse competencia y pasa a llamarse «competencia desleal», «distorsión del mercado» o, en los casos más elaborados, «proyecto de ley».
Lo comprendí al leer que la Cámara Uruguaya del Libro impulsa una ley de precio único para los libros nuevos. No voy a discutir si la propuesta es buena o mala. Hay países donde funciona, otros donde no, y seguramente existan argumentos sólidos en ambos sentidos.
Pero la noticia me hizo pensar en algo mucho más inquietante.
Cada sector económico parece convencido de que el progreso consiste en congelar la historia exactamente en el momento en que a él le iba bien.
Es una teoría fascinante.
Los fabricantes de carruajes habrían pedido limitar la velocidad de los automóviles para proteger el patrimonio ecuestre.
Los fabricantes de máquinas de escribir exigirían que las computadoras incorporaran una tecla que se trancara cada tres párrafos, para mantener la experiencia tradicional.
Los videoclubes solicitarían que Netflix demorara tres días en habilitar cada película, obligando al cliente a rebobinarla antes de devolverla.
Los fotógrafos de revelado reclamarían que los celulares sólo pudieran sacar veinticuatro fotos por mes y que doce salieran movidas, para preservar la esencia del oficio.
Los vendedores de mapas de papel pedirían que Google Maps tuviera prohibido conocer calles inauguradas después de 1998.
Los fabricantes de velas impulsarían un régimen especial según el cual las lámparas LED sólo podrían encenderse los fines de semana.
Y todo tendría una lógica impecable.
Porque cuando uno pertenece al sector afectado, el progreso siempre parece una injusticia.
Los repartidores en moto presentarían una denuncia contra las empresas de mudanza por transportar demasiadas cosas de una sola vez. Alegarían competencia desproporcionada.
Las empresas de mudanza responderían denunciando que una mochila de reparto jamás debería trasladar más de una pizza familiar, porque invade competencias históricas del camión de tres ejes.
Los ascensores exigirían una cuota mínima de uso de escaleras para proteger el empleo cardiovascular.
Y las escobas solicitarían que las aspiradoras tuvieran la obligación de dejar un veinte por ciento de la mugre sin levantar, para preservar la biodiversidad del polvo.
Incluso Archibald, mi bulldog inglés, parece haberse contagiado de estas ideas. Cada vez que le sirvo una buena costilla con lomo, mira las pastillas de alimento seco con expresión de dirigente gremial. Estoy convencido de que cualquier día propondrá un precio único para la comida canina. No porque le gusten las pastillas. Porque sostiene que la competencia debe ser justa. Después se devora la costilla y deja las pastillas intactas, pero eso ya pertenece al terreno de las contradicciones ideológicas.
Empiezo a sospechar que el Parlamento debería organizarse por rubros.
La Comisión de Innovación recibiría delegaciones de fabricantes de cassette indignados por Spotify.
La Comisión de Patrimonio analizaría un proyecto para limitar el GPS porque está destruyendo la memoria de las suegras que daban indicaciones imposibles pero llenas de afecto: «doblás donde antes estaba el almacén de Martínez».
La Comisión de Salud Mental estudiaría la prohibición de las videollamadas porque generan competencia desleal con las excusas para no visitar familiares.
Y yo apoyaría casi todas.
Porque tengo un costado profundamente reaccionario.
Cada vez que una aplicación cambia el diseño, siento que me expropiaron un barrio entero de la memoria.
Todavía extraño el botón que estaba donde ahora pusieron otro botón que hace exactamente lo mismo, pero con un ícono distinto.
Hay actualizaciones que vivo como si fueran golpes de Estado.
Cuando desaparece una función, no pienso «evolucionó la plataforma». Pienso «otra víctima del progreso». Después paso quince minutos buscando una opción que terminó escondida detrás de tres puntitos. Sospecho que esos tres puntitos son el equivalente digital del placard donde mi madre guardaba las cosas que nunca más aparecían.
Por eso entiendo el impulso.
No el proyecto concreto. El impulso.
Todos tenemos un pequeño sindicato interior que quisiera detener el reloj justo cuando aprendimos a hacer algo.
El librero, el taxista, el kiosquero, el fabricante de velas, el fotógrafo de rollos, el operador de fax y yo, que todavía miro con desconfianza cualquier electrodoméstico que necesite contraseña.
Y, si seguimos así, Archibald terminará impulsando un precio único del hueso. No porque los huesos sean caros. Porque no soporta que el perro del vecino consiga uno más grande en oferta. Sospecho, incluso, que ya está redactando un proyecto para limitar por ley el tamaño máximo de las costillas.
El problema es que, si cada uno consiguiera preservar por ley el mundo que le resulta cómodo, terminaríamos viviendo en un país donde los carruajes bloquearían las rutas para protestar contra los ómnibus, las palomas iniciarían acciones judiciales contra los drones por invasión del espacio aéreo, las cartas manuscritas reclamarían un precio único frente al correo electrónico y las máquinas de coser denunciarían a las impresoras 3D por copiar botones sin autorización.
Sería un país extraordinariamente estable.
Tan estable que probablemente todavía estaríamos discutiendo si conviene descubrir el fuego.
Aunque, pensándolo bien, tampoco sería tan raro.
No faltaría una Cámara Uruguaya de Fabricantes de Antorchas solicitando que los fósforos sólo pudieran encenderse con autorización previa del Senado.
Hasta la próxima, si es que hay…