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El «caso Hernández»: Radiografía de una época

16 agosto, 2022

El gobierno, y más concretamente su columna vertebral, el MPP, el sector de Carrera y del entonces Intendente de Rocha Aníbal Pereyra, no sólo usaron en su beneficio los servicios estatales bajo su control o influencia, sino también organizaciones no estatales, que con su nulo accionar dejaron en claro las motivaciones políticas reales que las animan.

Todos los gobiernos de todos los partidos tienen claros y oscuros en sus gestiones. Tratándose de la obra de seres humanos, no podría ser de otra manera. Pero hay momentos y cirunstancias que resumen el espírut de una época, y concentran en un mismo hecho las aristas más destacadas de una forma de ejercer el gobierno, que luego registrarán los libros de historia.

El «caso Hernández» se perfila para ser el «buque insignia» de los 15 años del Frente Amplio en el gobierno, porque detrás de su apariencia de hecho policial perdido en los laberintos de la burocracia y la justicia, trasciende esas fronteras para erigirse en un verdadero modelo de gestión gobierno, que incluye desde manejo irregular de fondos, encubrimiento de hechos claros de corrupción, hasta negligencia rayana en el delito en la investigación oficial.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, a nivel político partidario el episodio derivó en la «cancelación» del ex militante del MPP, a quien sus propios compañeros llegaron incluso a negarle el saludo en la pequeña comunidad de los residentes permanentes de La Paloma.

El ex Presidente Mujica definicó este oscuro panorama con una frase que seguramente recogerán los libros de historia: «lo político por encima de lo jurídico». Todo se resume en eso. Por sobre las normas jurídicas (Constitución, leyes o decretos) prima el interés político del gobierno o del partido; por sobre los derechos individuales están los privilegios políticos del gobierno o de sus integrantes. La República se confunde con el gobierno y el partido, y los ciudadanos pasan a ser súbditos o incluso chivos expiatorios cuando se trata de salvar el prestigio de las autoridades, o de ocultar hechos cuyo conocimiento público sería motivo de bochorno.

Pero aunque todo lo anterior es verdad, el episodio no se agota en lo ya descripto. También queda maltrecha la imagen del Poder Judicial. incapaz de dilucidar un hecho muy grave, que a la luz de los pormenores conocidos está muy lejos de ser un enigma insoluble.

Las responsabilidades personales están claras. Pero, por penosas que hayan sido esas conductas, emerge por detrás de ellas un manejo mucho más amplio no sólo de organizaciones del Estado (Policía Nacional, Poder Judicial, Instituto de Derechos Humanos), sino también de instituciones de lo que se ha dado en llamar «sociedad civil», como el Servicio de Paz y Jusrticia (SERPAJ) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), cuyo papel fue invocado por el Senador Carrera como apoyo a Victor Hernández, pero que nada hicieron en su beneficio, según él mismo dijo públicamente.

El gobierno, y más concretamente su columna vertebral, el MPP, el sector de Carrera y del entonces Intendente de Rocha Aníbal Pereyra, no sólo usaron en su beneficio los servicios estatales bajo su control o influencia, sino también organizaciones no estatales, que con su nulo accionar dejaron en claro las motivaciones políticas reales que las animan.