La función de la oposición es oponerse. Es su derecho y su deber. Ese rol y el control republicano entre los tres poderes es central para garantizar el adecuado funcionamiento de la democracia, que no es, como se simplifica, el gobierno de la mayoría, sino el mecanismo de respeto por los derechos de todas las minorías. Ese respeto incluye el contralor de las conductas de los funcionarios tanto en lo ético como en lo social, lo político y lo económico.
Por eso el caso Astesiano debe ser investigado hasta su clarificación total por la Justicia, que debe estar libre de cualquier presión en esa tarea, como corresponde. Y aquí importa hacer varias precisiones para evitar las confusiones, espontáneas o inducidas.
Un aspecto del caso son las posibles irregularidades o delitos que pudiera haber cometido el excustodio en jefe durante sus funciones, relacionados o no con ellas, o fuera de ellas. Que es lo que está investigando la Justicia. Otro aspecto son los delitos, irregularidades y omisiones que pudieran haber cometido otros sectores de la Administración pública o policial, en complicidad o concomitancia con el presunto autor o para omitir, ocultar o tergiversar información sobre él. Eso es origen de una investigación interna y debiera, si ameritara, derivar sus conclusiones a la justicia. Y el tercer aspecto son las eventuales responsabilidades ético-políticas que le podrían caber al presidente de la Nación si hubiera designado o mantenido en el cargo a un funcionario de su confianza a sabiendas de que su accionar previo, sus antecedentes vigentes o sus actividades delictivas – si se probaran – imponían no designarlo o separarlo del cargo con anterioridad.
No sorprende que el Frente Amplio haya asumido que las dos primeras instancias se han cumplido y se han probado los delitos y también haya determinado que la tercera instancia, la de un apañamiento o encubrimiento presidencial está probada, omitiendo tercamente los pasos que todo sistema de derecho requiere. Eso lo ha llevado – como parece ser una práctica – a usar el caso como excusa para transformarlo en campaña política y a pedir la renuncia del Primer mandatario. Los argumentos que se esgrimen son forzados y sin base seria, fuera del reciclado de los propios dichos, las “conclusiones” de algún periodismo que dice ser de investigación o algún fragmento de alguna supuesta escucha o análisis de alguna investigación parcial, en todos los casos relacionadas con las alegadas trapisondas del exjefe de custodios presidencial, no con la responsabilidad de Lacalle Pou, de quien piden estrepitosamente su renuncia.
Como simple reflexión, es casi imposible evitar la asociación de ideas con el kirchnerismo argentino, que contesta los juicios contra los delitos de Cristina Kirchner con otros juicios forzados, basados en charlas escuchadas por supuestos testigos en un bar atiborrado y ruidoso, o desparrama acusaciones de espionaje apoyado en artículos de periodismo amigo. O culpa a Macri por el atentado fallido de vendedores de algodón dulce en su contra, sin pruebas de ningún tipo, o con inferencias lunáticas.
Así como el Frente pregona la democracia y sus valores cuando los votos no lo favorecen y se olvida de esos principios cuando es gobierno, como se sabe, en los aspectos ético-políticos parece tener igual constante. Casos de profunda relevancia ética, y además económica, o sea de evidente corrupción e incompetencia, vienen a la memoria. No es posible omitir que, en 2002, con igual liviandad de argumentos que ahora, Raúl Sendic pidió la renuncia del presidente Batlle Ibáñez, en un momento crítico para el país. Luego impulsó fervientemente el referéndum para reestablecer el monopolio de ANCAP (el Frente odia cuando alguien intenta cambiar lo que hizo antes) y después, convenientemente, olvidaría su cruzada destituyente en su gestión en ANCAP, donde su descapitalización de 800 millones de dólares (pérdida, en buen romance) fue diluida fuenteovejunamente sobre la espalda colectiva anónima del directorio de cooperativa que manejaba esa empresa del estado, y terminó apenas siendo condenado sin prisión por ese faltante de caja, tras una larga negación. El manejo comunicacional permutó en la opinión pública semejante desastre por una modesta acusación de mal uso de sus tarjetas de crédito. Hasta hoy, la sociedad oriental no tiene claro cómo se llegó a perder esa suma multimillonaria ni por qué.
Se puede seguir con el ANTEL Arena, tanto en las balbuceadas explicaciones para decidir su construcción, como en los descomunales excesos presupuestarios para construir un tinglado con pavimiento y asientos, que ciertamente configuró un atentado contra la ética y la inteligencia colectiva, además de un daño económico que mereció ser investigado a fondo por algún fiscal, aunque sea por uno solo, no ya varios como reclama ahora el FA. ¿Y la auditoría?
No menor fue el despropósito ético, técnico y económico de Gas Sayago, cuyas responsabilidades se diluyeron en el sistema político (multipartidario, en este caso) donde los responsables prefirieron aparecer como incompetentes estúpidos antes de asumir sus responsabilidades políticas y judiciales. Tampoco aquí el FA pidió que se aumentara el número de fiscales, o que hubiera uno, al menos.
El caso de PLUNA, con el apoyo de dos presidentes de la Nación a un aventurero argentino, ofrece interesantes facetas. Agravado por el intento todavía más costoso y turbio de reflotarla. Y más grave aún, la garantía estatal que terminó pagando la población, por la compra de aviones (improcedente) que terminaron vendiéndose por kilo. También en este caso se diluyeron o ignoraron todas las responsabilidades éticas, penales, económicas y políticas, como en varias situaciones en las que estuvieron envueltos los presidentes Vázquez y Mujica. No se recuerda que alguien haya pedido la renuncia de los mandatarios en cuestión.
Podría citarse varios casos de igual formato y licuación de responsabilidades. Como las concesiones a UPM 2, aunque bastan los expuestos para comprender la doble vara que usa el Frente Amplio cuando es gobierno y cuando no lo es, que le hace proponer referéndums, plebiscitos, formas de campaña electoral anticipadas, o pedir alegremente la renuncia de funcionarios, otra forma de campaña permanente, sin importar si luego el tema se esfuma o se descarta.
Es esta estrategia, la de exigir en nombre de la democracia y la convivencia acciones, diálogos, sanciones, renuncias, conductas y tolerancias que nunca se ocupó de respetar ni practicar cuando fue gobierno, lo que debe evaluarse como signo de extremo peligro, sobre todo en esta versión del socialismo que en su etapa woke global está luchando simplemente por acceder al poder y no cederlo más o no permitir que ningún obstáculo electoral, como diría Cristina Kirchner, se interponga o cambie ni una coma de lo que impuso antes a las sociedades, ni de lo que intenta imponer ahora.
Ese doble estándar es una amenaza latente a la libertad y a la democracia que se dice defender.