Detrás de las filtraciones de los «chats de Astesiano», hay, en realidad, dos noticias de similar importancia, pero de diferente gravedad institucional. La primera, y obvia, es la que revela la designación en el círculo más estrecho de colaboradores del Presidente Lacalle Pou de un funcionario que abusó de la confianza recibida, y promovió o participó directamente en actividades contrarias a la ley. Cada filtración, dosificada como si fuera parte de un plan previamente diseñado para prolongar el impacto en la opinión pública, agregaba un elemento más al collar de irregularidades o hechos de apariencia delictiva del jefe de la custodia presidencial.
Nadie puede negar la importancia periodística del hecho. Las publicaciones en la prensa responden a una evaluación profesional, sobre la cual no pueden haber dudas. Los trascendidos de la investigación pusieron al gobierno delante de un escándalo sin precedentes. Sin embargo, no hay nada hasta ahora que involucre ni al Presidente de la República ni a funcionarios de alto rango de la Presidencia en la comisión de tales ilícitos, ni siquiera a título de complicidad . El único señalamiento posible -sobre el cual es difícil encontrar opiniones en contrario- apunta al escaso rigor puesto en el análisis de los antecedentes penales de Astesiano, que fue objeto de dos decenas de indagaciones a nivel policial, y que incluyen un hecho concreto que le valió una breve condena de cárcel.
Esta es la primera de las dos noticias. Y aunque sobre el hecho concreto, y las características del operativo policial que desembocó en el arresto de Astesiano en las propias narices del Presidente de la República, pueden tejerse hipótesis de diverso orden, no puede haber dudas sobre la gravedad del caso, y la posición desairada en la que quedaron el Jefe de Estado y su círculo más cercano de colaboradores.
Vayamos a la segunda noticia, vinculada estrechamente a la anterior, y que es condición excluyente del impacto generado en la sociedad, que fue de profunda perplejidad. Nos referimos a las filtraciones en sí mismas, que suponen la existencia de un mecanismo dentro de Fiscalía -salvo que la investigación en curso demuestre fehacientemente un origen diverso- que anula las garantías de la indagatoria, y, por extensión, siembra dudas sobre la lealtad de funcionarios que son capaces de actuar en contra de las normas a las que deben sujetarse, y por tanto, de extender ese comportamiento desleal a otras investigaciones, poniendo en riesgo la eficacia del trabajo de la propia Fiscalía.
La gravedad institucional de este hecho es enorme. El Estado ha perdido -al menos en este caso- el control del trabajo de Fiscalía. Pero la gravedad aumenta cuando se recuerdan otros episodios de filtraciones, como en el «caso Cendoya», donde ese ex jerarca de la Ursec fue advertido desde la propia Fiscalía de la existencia de una denuncia en su contra. Gravísimo!
Capítulo aparte merece el direccionamiento de las filtraciones, la selectividad de las mismas, la dosificación de los trascendidos y el circuito armado para que tomen estado público. Las implicancias políticas del «caso Astesiano» se trasladan también al operativo montado para las filtraciones, haciendo del ámbito de Fiscalía, y sus portavoces en los medios, una especie de campo de batalla inédito de las refriegas paartidarias, desplazando al Parlamento, que es el ámbito natural del debate político
Sorprende la parálisis del sistema político ante esta gravísima desviación de una institución clave en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Tal vez parte de esa parálisis se puede explicar por el bochorno del «caso Astesiano» en sí mismo, que dejó en posición sumamente incómoda al Poder Ejecutivo, y, por tanto, a sus portavoces en el Parlamento y a sus aliados políticos. Pero eso no disculpa la inacción, que no hace más que agravar las penosas consecuencias que este episodio, visto en su conjunto, tiene para el Estado de Derecho y el funcionamiento del sistema democrático.