Al cabo de una semana de especulaciones, trascendidos y filtraciones sobre la investigación de la «causa pasaportes», a cargo de la Fiscal Gabriela Fossati, el Fiscal General Juan Gómez decidió apartarla del caso, trasladándola a otra fiscalía. Horas antes la propia Fiscal Fossati había dicho a medios de prensa que consideraba que un eventual traslado de sede no era «conveniente», teniendo en cuenta el avance que había logrado en el caso de la emisión irregular de pasaportes a ciudadanos rusos. La práctica había comenzado en el año 2013. Ya hay dos ex cónsules de Uruguay en Moscú formalizados en esta causa.
El factor que desencadenó el apartamiento de Fossati de la investigación sobre los pasaportes fue la citación del ex jerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal como indagado en la causa, luego de que en el curso de una audiencia a la que había sido citado como testigo Fossati resolvió indagarlo por su probable participación en los hechos irregulares. Fossati había citado a Leal como testigo luego de que trascendiera una reunión del ex jerarca frenteamplista con los padres del ex guardaespaldas presidencial Astesiano, en la localidad brasileña de Chui.
La defensa de Leal se opuso a esa decisión, y exigió conocer los posibles delitos por los que era investigado su defendido. En medio de ese intercambio de declaraciones a través de la prensa, se filtró un audio del pasado mes de noviembre, en el que Fossati, en una charla off the record con un periodista, formulaba algunas apreciaciones sobre el escaso apoyo que sentía en la tarea que había asumido.
La polémica surgida sobre este audio fue el preámbulo para un pedido de licencia de Fossati. Durante los días en que transcurrió su licencia médica, se hizo cargo transitoriamente del caso el Fiscal Fernando Romano, quien adoptó una serie de medidas, entre ellas una reunión con Astesiano en la cárcel, que motivaron un entredicho entre ambos, y precipitaron el regreso de Fossati a sus funciones. En forma simultánea, Fossati presentó una denuncia contra Romano por violencia de género, al entender que había sido víctima de ese delito en el curso de una discusión entre ambos.
Gómez dijo que «el traslado atiende los diversos planteos de la señora fiscal, y a la necesidad de bienestar personal y laboral». En su lugar fue designada la fiscal Sabrina Flores.
En medios políticos consultados por CONTRAVIENTO se descartó la posibilidad de una acción del Poder Ejecutivo en el marco de lo dispuesto por los artículos 197 y 198, que contemplan la posibilidad de reemplazo de jerarcas de servicios descentralizados, como la Fiscalía, ante determinadas situaciones que a juicio del Poder Ejecutivo lo ameriten.