El error fatal de la reforma jubilatoria

Por Dardo Gasparré

 

 

La columna viene cubriendo en diversos medios el tema de la reforma del sistema jubilatorio desde 2020, cuando se anunció la formación de un comité de expertos ad hoc. “¡Tiemblen mis cuadernas!”, fue su comentario inicial, fiel a su aversión al anonimato confuso e inútil de todos los comités del orbe.

En 2021 sostuvo que el problema jubilatorio era insoluble, y en otras opiniones, algunas volcadas en este medio, sostuvo que se trataba de un suicidio político que le regalaba al Frente Amplio una herramienta ganadora en las elecciones de 2024, ya que era obvio que la oposición usaría recursos constitucionales sumamente laxos, como el plebiscito, para transformar el sistema en puro gasto, luego, inclusive en este mismo medio, sostuvo que el FA franquicia PIT usaría el recurso para adelantar un año la campaña electoral con la excusa de su oposición a cualquier cambio en la ley y su propuesta plebiscitaria.

Desgraciadamente tuvo razón. Lo que demuestra no sólo que no era necesario tener superpoderes geniales para darse cuenta de lo que ocurriría, sino también que nadie presta atención a esta tribuna.

La reforma es necesaria, pero no cualquier reforma

Ya se han usado aquí muchas líneas para dejar en claro que no se disputaba la necesidad de la reforma, ni el espíritu de estadistas de quienes se atrevieron a impulsarla, sino el resultado final del intento. Graziano Pascale acaba de expresarlo con claridad en su nota de este fin de semana, donde abarca además la necesidad de modernización de todo el sistema laboral, si se quiere tener alguna oportunidad sólida de crecimiento y bienestar.

La presión de alguna calificadora, (que es rígida en su apreciación burocrática sobre Uruguay y no sobre España, la UE, el sistema financiero mundial y otros protegidos) influyó con su insistencia en la necesidad de heroicidad, pero se trata de una heroicidad que va camino al martirio.

Pártase del concepto básico de que el sistema uruguayo no es un sistema de jubilación. Es un sistema de solidaridad social. Porque las contribuciones patronales y personales que se extraen no sólo sirven para pagar los haberes de retiro de quienes aportaron, sino que cubren todo tipo de situaciones y prestaciones, que no tienen nada que ver con la jubilación. Pensiones a la vejez, fallecimiento, desempleo, y una larga lista, que hacen que al concepto intergeneracional que caracteriza a la jubilación llamada “de reparto” se una el concepto de solidaridad intrageneracional, defendido como el catecismo por el propio “comité de expertos”, con lo que los trabajadores subsidian una serie de ítems con sus propios aportes.

Semejante concepto carece de toda lógica.  Menos aún de solidez actuarial, obviamente. Porque si la sociedad decidiese pensionar o pagar una cifra determinada por desempleo, fallecimiento, retiro sin aportes previos o cualquier otro concepto, debe hacerlo estableciendo los mecanismos para el financiamiento de acuerdo a la ley, no quitándoselo al aportante.  Al esconderlo dentro del paquete jubilatorio se eluden las disposiciones de la ley y aún de la Constitución, al hacer jugar como impuesto los aportes de los trabajadores y la patronal, finalmente ambos a costa del trabajador.

Justamente, si se excluyen todos esos conceptos no jubilatorios de la ecuación, se ve que el déficit no es de tal dimensión que merezca la urgencia desesperada de una reforma que de todas maneras tendrá efectos en 20 años. Ese escamoteo de los aportes laborales para usarlos para otros fines y luego compensarlos con alguna participación en los impuestos, es, sencillamente, una tramoya. Una trampa. Una mentira. Como esa mentira se ha proyectado a la reforma, el resultado es igualmente inviable.

El haber jubilatorio se relaciona con los aportes, no con la demagogia

Hay también un error conceptual que esconde el conveniente facilismo que se usa para analizar este tema: en casi todo el mundo la jubilación se relaciona con los aportes que cada uno realizó durante su vida laboral, y en Suecia, paraíso imaginario de los socialistas, se mantienen esos aportes en una cuenta individual nominada disponible muy similar a la de las AFAP.  Cualquier otro invento conduce inevitablemente al aumento del gasto, lo que lleva al aumento de la emisión, de la deuda o de los impuestos, que es lo mismo.

Cuando se vocea la importancia de que el estado sea quien maneja esos fondos, no se está hablando de la seriedad o seguridad para administrar esos dineros, sino de la expectativa de que el estado, usted, lector, subsidie las jubilaciones y otras prestaciones. O sea, la discusión es si la jubilación es una decisión de ahorro individual o un gasto que afronta la sociedad. La necesidad de la reforma surge solamente cuando la jubilación es un gasto público, no cuando es un gasto privado. Algo demasiado reñido con el creciente facilismo y aún con el ideologismo.

Desde lo puramente técnico, entonces, no hay ninguna reforma posible con base lógica, ni tampoco es digerible para quienes pretenden que la sociedad le garantice su retiro. Por eso esta reforma sin consenso no tiene ningún valor. No es aceptada, no es comprendida, no es financiable. Es contemplativa, complaciente y engañosa. No es una política de estado. En vez de durar muchos años como debe ser, la oposición ha declarado que se opone con todas sus fuerzas a ella y que la cambiará en cuanto sea gobierno, y aún antes. Con lo que no cumple ninguna función de importancia. Dura meses. Todo lo opuesto a lo que debería ser, por culpa de quien fuera. A nadie le importa si el sistema es financiable o no. Como en todos los demás gastos.

A este concepto técnico se agrega la decisión política del Frente de usar esta reforma para oponerse, de plebiscitar una transformación del sistema de seguridad social en un gasto que pagará toda la sociedad y que no tendrá límites, en contra de todo el criterio que se está aplicando mundialmente. De paso, tendrá varios caballitos de batalla ganadores y populistas al usar las facilidades que brinda la Constitución con su sistema de plebiscito, que prácticamente garantizan no sólo la desvirtuación de la reforma de los expertos, sino la derrota del gobierno.

El Frente quiere transformar la jubilación en más gastos y más impuestos

Y lo que es más trascendente, al transformar la jubilación en gasto, también el FA se asegura de que será ineludible un aumento de impuestos para financiar semejante invento, una suerte de plusvalía negativa que haría nausear a Marx. Y cada vez que la oposición propone gastar más en cualquier cosa, lo que intenta es aplicar más impuestos.

Intentando evitar la crítica cierta de que semejante carga dañaría la inversión y la producción, el Frente ahora acaricia la idea de un impuesto a los ahorros y al capital de los individuos, que es su objetivo final: la añorada redistribución de la riqueza directa. Sin tapujos: le saco su dinero a los que más tienen y lo reparto entre lo que menos tienen. La idea del gobierno sociocomunista de España. No importa que semejante razonamiento sea falaz, como se vio en Argentina que hizo algo tan burdamente parecido con efectos catastróficos. Ni importa que la idea se agote en sí misma. (Y los fondos) Importa administrar los dineros ajenos, mientras duren, y ser el jefe del reparto. No muy distinto a un piquetero porteño.

 

La reforma laboral, que tantos consideran vital para poder competir, es sepultada por este sistema de seguridad social, parto de la sociedad disfuncional entre el gobierno y la oposición. Que, justamente, está logrando todo lo opuesto. Y el arma  del plebiscito, que se regala en bandeja, es un arma mortal contra el gobierno, contra la sociedad y contra el bienestar.