«Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor» Sócrates
Por Jorge Martínez Jorge
A principios de los años 90, en el pequeño poblado de Hinkley, Estado de California, efectivamente las aguas bajaban muy turbias, aunque los poco menos de dos mil habitantes locales lo desconocían.
Ubicado a 150 kilómetros de Los Ángeles, en el borde del desierto de Mojave, Hinkley era el típico pueblecito del desértico oeste, desconocido hasta para el resto del Estado. Nada los diferenciaba, salvo un dato no menor: los seiscientos casos de cáncer desarrollados en solo unos años.
El otro factor que los distinguía es que en Hinkley funcionaba una planta de la Pacific Gas and Electric Company, casi exclusiva generadora de empleos en la zona, y también la única que utilizaba cromo en su proceso industrial, el que luego se vertía de manera que contaminaba el agua de consumo.
Pero eso, ellos no lo sabían, hasta que una anónima empleada del pequeño Estudio Jurídico que llevaba los casos de reclamos reparó en el número inusualmente alto de estos y un patrón común entre ellos.
A partir de allí, Erin Brockovich desarrolló la investigación, y fue parte fundamental del mayor caso judicial por un delito ambiental, que concluyó con una condena a la Compañía por USD 500.000 a cada enfermo, lo que totalizó la friolera de USD 333.000.000 en concepto de resarcimiento.
Fue también el origen de la película que, con Julia Roberts como protagonista, la hizo mundialmente famosa.
Años después, convertida en investigadora y activista de nota, participó en otros sonados casos, entre ellos varios por contaminación con AMIANTO.
Recuerde estimado lector, el amianto (también conocido en su variante más dura como asbesto) ha sido catalogado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como sustancia cancerígena de primera categoría, es decir, de la máxima peligrosidad.
Desde el año 1997, España cuenta con un Decreto Real Nº 665/97 que legisla sobre riesgos en el trabajo relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas.
El agua, un derecho
Probablemente la frase “donde hay una necesidad, nace un derecho” sea uno de los latiguillos más zarandeados por el globalismo progre, en especial allí donde se generan las Agendas -las usinas de la ONU- y como consigna por antonomasia en la tracción de estas. Sin embargo, la frase está renga, incompleta. Para que refleje la realidad, debiera decir “allí donde hay una necesidad, nace un derecho, y con él una burocracia internacional encargada de promoverlo”.
Desde el año 2002 la ONU reconoció al agua como derecho humano, básico y universal. A partir de entonces considera que “el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua para el consumo, el saneamiento, la limpieza del hogar, la preparación de alimentos y la higiene personal. En acuerdo con la OMS, son necesarios entre 50 y 100 litros por persona y por día para cubrir las necesidades básicas”.
Dentro de esa burocracia internacional para promover el derecho al agua y saneamiento, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó en septiembre de 2020 un Relator Especial en la persona del español Pedro Arrojo Agudo.
Bomba de agua
El señor Arrojo Agudo es el autor del Informe del 13 de Julio
(https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/07/un-experts-urge-uruguay-prioritise-water-use-human-consumption) en el que se dice que “expertos de la ONU advirtieron hoy que un considerable aumento en los niveles de salinidad está afectando la calidad del agua potable en Uruguay, afectando a más del 60 por ciento de su población”.
«La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas«, dijeron los expertos.
Más adelante, los “expertos” sostienen que “esto -por la exhortación a comprar agua embotellada- crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua«. (los “expertos” parecen desconocer que el agua, sea embotellada o de la canilla, se compra siempre)
Más adelante, los “expertos” afirman que les “preocupa especialmente la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua”.
Más adelante, nos informan que «Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos«.
Los “expertos”, dice, “han estado advirtiendo durante años que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaba llevando a la contaminación y escasez de agua en el país”.
Y agregan luego, que «el agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable«.
Como se puede apreciar, el agudo informe, elaborado con inusual arrojo por el Relator Especial, peca de extemporáneo, sesgado sin duda alguna, carente de información contrastada y de fuentes verificables y, por supuesto viniendo de donde viene, un tonito de soberbia supranacional que, ése sí, es verdaderamente inaceptable.
La onda expansiva
La repercusión mediática que la publicación del libelo provocó, fue inversamente proporcional al país objeto de este. Salido de las entrañas mismas del globalismo, las agencias de propaganda al servicio de sus agendas, llámese Deutsche Welle, BBC, la obvia CNN y la troupe kirchnero-massista del otro lado del charco, lo pusieron a tope de sus prioridades “informativas”. ¡Uruguay se quedó sin AGUA!
La validez, veracidad y seriedad del “informe”, en cambio, duró lo que un lirio.
Tras el reclamo del Gobierno por los canales diplomáticos correspondientes, la ONU en Uruguay deslindó responsabilidades, aduciendo que “los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan en su capacidad individual”.
Un lavado de manos y a otra cosa. En materia de difamación y destrucción de imagen, el daño es ex ante y no ex post, y el “Relator Especial” seguro lo sabe.
Veamos quién es Arrojo, el Señor Amianto
Una primera aproximación sobre quién es Arrojo, lo obtenemos de la propia ONU, en donde se nos informa que don Pedro “de 2016 a 2019, fue miembro electo del Parlamento español en su undécima y duodécima legislaturas, período en que formó parte de la Comisión de Cooperación Internacional de derechos humanos. Asimismo, fue profesor del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza (de 1989 a 2011), en la que es profesor emérito desde 2011”
Como la ONU lo omite, yo se lo informo: Arrojo fue Diputado por el partido de extrema izquierda Podemos, liderado por Pablo Iglesias.
Más adelante nos informa que “en 2002, el señor Arrojo fue cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una organización sin fines de lucro de la península ibérica compuesta por más de 200 miembros del mundo académico, la administración pública y los interesados del sector de los recursos hídricos, que tiene por objetivo promover un cambio hacia una nueva cultura del agua. Esta fundación se centra especialmente en los derechos humanos, la transparencia y la participación pública en la gestión y planificación del agua y los ecosistemas acuáticos.
Como presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, coordinó los dos primeros Congresos Ibéricos de Planificación y Gestión del Agua, celebrados en Zaragoza en 1998 y en Oporto en 2000, y la Conferencia Latinoamericana por la Nueva Cultura del Agua, celebrada en Fortaleza (Brasil) en 2005. Asimismo, el señor Arrojo es cofundador de la Red de Agua Pública, que forma parte de Aqua Publica Europea (la asociación europea de los operadores de aguas públicos) y promueve el derecho humano al agua y al saneamiento en la Unión Europea con iniciativas como Right2Water.
Para completar el impresionante currículo del Sr. Arrojo, se nos dice que “es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería de Fluidos. Durante los últimos treinta años, sus investigaciones se han centrado en la economía y la gestión del agua. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros”.
Por último, informa que “el señor Arrojo habla inglés, español, francés y portugués”.
Aunque a usted este último dato le parezca irrelevante, este columnista -un poco en broma, otro poco en serio- considera que puede ser la clave para explicar alguna de sus curiosas relaciones. Me explico.
Arrojo, el amianto y la Fundación AVINA
El señor Stephan Schmidheiny es suizo y como tal, se presume germanohablante. Si sólo habla alemán podría explicar que el Sr. Arrojo tuviera dificultades para comunicarse con él, porque el Relator Especial para el Agua habla cuatro idiomas, pero el de Goethe no.
Pero antes de sacar conclusiones, veamos quién es Míster Stephan Schmidheiny. Se trata de un empresario de 75 años nacido en Balgach (Suiza), propietario de -entre otras- la multinacional Eternit, productora de amianto y cemento, siendo una de las personas de mayor fortuna e influencia en el país helvético.
Sin embargo, en los últimos tiempos no todo han sido rosas en la vida del multimillonario suizo, que se define a sí mismo como “filántropo”. (Sí, querido lector, como Soros y Gates, a los poderosos del mundo les gusta ese estatus).
Alguno de sus últimos tropiezos judiciales, lo constituye la condena en un Tribunal italiano de Turín a 18 años de prisión y el pago de indemnizaciones por un monto de 88 millones de euros, por el delito de “desastre ambiental doloso permanente”. Se calcula que el desastre ambiental costó la vida a más de tres mil personas, por lo cual desde entonces se le conoce como el “genocidio del amianto”.
A principios de los años dos mil, en vista de la marea de juicios que Eternit y vinculadas, enfrentaba en diversos países, Italia y España entre otros, constituyó la FUNDACIÓN AVINA con el fin de “desarrollar iniciativas innovadoras aplicables a otros contextos, con miras a convertir al país en un laboratorio de innovación social…mediante programas como Acceso al agua, Ciudades sustentables, Energías e industrias extractivas, Innovación política, Reciclaje inclusivo, Cambio climático, Tecnologías para el cambio social”
Desembarcada en Costa Rica en 2003, hoy en día AVINA constituye un verdadero supermercado de las “iniciativas colaborativas” en América Latina.
Sin embargo, parece que no todo es como lo pintan, porque el generoso financiador de AVINA sería VIVA Trust, también constituido en 2003, a quien Schmidheiny habría transferido patrimonio desde sus Holdings AMINDUS, BECON y ANOVA con el evidente propósito de eludir las condenas judiciales.
En su propósito de lavar la imagen de la Fundación, sus empresas financiadoras y su fundador, AVINA desarrolla una estrategia de captación de referentes locales encargados de tejer alianzas y captar aliados, mediante financiación de “proyectos”.
En España, AVINA se vinculó con la Fundación Nueva Cultura del Agua que, casualmente y por la misma época, había sido fundada por nuestro viejo conocido Pedro Arrojo Agudo. A él se le cometió, mediante el pago de cien mil euros, la instalación de una oficina en Sudamérica y el desarrollo de las redes locales en dicha región, como lo denunció en 2015 Francisco Puche, representante legal de Podemos en Málaga. https://www.elagoradiario.com/editorial/relator-podemos-onu-denunciado/
Todo tiene que ver con todo
La frase, acuñada por CFK cuando le tiraron con toneladas de pruebas de sus latrocinios, se revela, en no pocos casos, como cierta. Este, el del defensor-del-agua-pura-para-los-pobres-y-gerente-de-los-genocidas-del-amianto parece ser uno de ellos.
Que el refugio del exdiputado Arrojo en uno de los tantos kiosquitos de la ONU, haya sido mediante el patrocinio de Pablo Iglesias, titiritero de Podemos, para gestionar redes en Sudamérica, parece coherente con la estrategia del propio Iglesias -abocado a la constitución de un Multimedio mediático bajo el auspicio del todopoderoso catalán Jaume Roures y su Holding Mediapro- constituido en principal asesor político del Frente Amplio y de su presidente Fernando Pereira.
Sería también muy coherente con la participación de la “activista uruguaya Adriana Marquisio, a cuya petición, Arrojo redactó una carta abierta a los movimientos que luchan contra la privatización del agua. La misiva niega cualquier vinculación actual entre Avina y Nueva Cultura del Agua, reconoce que sí la hubo en 2004 y 2005 y rechaza tajantemente que ese acuerdo supusiera cambio alguno en los planteamientos ideológicos de la FNCA.
Siendo Marquisio (a quien debemos la constitucionalización del agua) Jefe de Área de Cooperación Nacional e Internacional de OSE, con relación directa con Arrojo, no sería descabellado pensar que quien pide una carta, mañana pide un informe.
Ello explicaría el por qué, el cuándo y el cómo del infame pero difícilmente espontáneo informe.
Volviendo a Erin Brockovich, si Arrojo hubiere tenido participación en la historia, no habría estado del lado de los defensores del agua pura y limpia, sino de los traficantes del cáncer. Toda una paradoja.