Escribe Graziano Pascale
«La política siempre es local. Si algo enseña la España de hoy es que nunca se deben hacer concesiones a los enemigos. Nunca. Ni en el discurso ni en los hechos. Sólo se negocia con los aliados. Y hasta por ahí nomás. No importa cuando leas esto, ni donde lo hagas.»
Escribí el tweet del acápite de esta columna el 21 de junio del año 2021. Ese día España estaba saliendo del estupor causado por el indulto que Pedro Sánchez concedió al ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por los delitos de sedición y de malversación de fondos, cometidos en ocasión del referendum inconstitucional del 1 de Octubre del año 2017 en Cataluña, en procura de independizar a esa comunidad del Estado español.
Tras la fuga del hasta entonces presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont , quien evitó ser apresado y juzgado por los mismos delitos, Junqueras, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), era la principal figura política del movimiento secesionista catalán. Adversario político de Puigdemont, del partido Junts por el Cambio, Junqueras había de todos modos acordado con el prófugo un gobierno de coalición en Barcelona, con la mira puesta en lograr la separación de Cataluña del resto de España.
Entonces gobernaba España el Partido Popular (PP), en la figura del presidente del gobierno Mariano Rajoy. Tras muchas vacilaciones, Rajoy puso en marcha los mecanismos constitucionales para evitar ese referéndum, y someter a la justicia a los autores del movimiento golpista.
La sentencia firme de condena a los cabecillas del movimiento sedicioso se conoció el 14 de octubre del 2019, pero Rajoy debió conformarse con asistir a ese desenlace como un ciudadano más, porque el el 1 de junio del año anterior una moción de censura en su contra fue aprobada por la mayoría del Congreso, lo que derivó en la formación de un nuevo gobierno encabezado por el promotor del voto de censura, y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Era la primera vez que una moción de censura prosperaba en la historia de la democracia española post franquista. Sánchez lo logró luego de que la justicia condenara a varios jerarcas del Partido Popular en el llamado «Caso Gürtel», una trama de corrupción en la cual una empresa de ese nombre pagaba sobornos a jerarcas del PP tras recibir contratos en diversas partes de España en rubros tan disímiles como obra pública y publicidad, entre otros.
Debieron pasar dos elecciones generales en el año 2019 (abril y noviembre) para que Pedro Sànchez lograra formar un gobierno de coalición. En el primer intento no lo logró por diferencias con el partido de extrema izquierda Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Lo consiguió en enero del 2020, luego de una segunda elección, tras hacer un acuerdo por el cual se le otorgó a Iglesias la Vicepresidencia del gobierno. Pero, además, fue necesario contar con el apoyo partidos menores, usualmente enfrentados al gobierno central, como el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacional Gallego.
Las concesciones que le abrieron las puertas a un segundo mandato
El hartazgo de la sociedad española por el estilo confrontativo de Sánchez, que algunos comentaristas han llamado de «guerracivilismo permanente» (en alusión a la Guerrra Civil española de 1936 a 1939), y por el manejo errático de la pandemia del COVID y las ayudas económicas de la Unión Europea, condujo a la estrepitosa derrota del PSOE en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, en las que el PP, ahora bajo la conducción del gallego Alberto Nuñez Feijóo, se alzó como claro vencedor.
En un movimiento inesperado e inconsulto, Sánchez decidió adelantar las elecciones generales previstas para fin de año, y celebrarlas el penúltimo domingo de julio, en plenas vacaciones veraniegas, con millones de votantes fuera de sus lugares habituales de residencia. Aunque la ley española permite el voto por correo -y de hecho alrededor del 10% del electorado se inclinó por esa modalidad- era imaginable pensar que muchos votantes, especialmente los de sectores sociales más proclives a votar al PP, se abstendrían de ir a las urnas, no sólo por los inconvenientes que acudir a las mesas electorales suponen en pleno verano, sino también porque todas las encuestas daban por descontado el triunfo del PP.
A ese marco debe agregarse una intensa campaña de propaganda contra el partido de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal, que fue un gran acicate para movilizar al tradicional electorado socialista, que, a diferencia de lo ocurrido en las autonómicas de mayo, salió a votar en masa el pasado domingo. En alguas regiones, como Cataluña y el propio País Vasco, el PSOE logró una gran votación, a expensas de otras agrupaciones de izquierda, como su propia aliada Suma, liderada por su vicepresidenta Yolanda Díaz, de tradición familiar comunista.
Precisamente Díaz ha recibido el encargo de Sánchez de negociar el apoyo a su investidura por parte de los independentistas catalanes de Puigdemont. Aunque todavía falta escrutar el voto de los españoles residentes en el exterior (comienza este viernes 28 y debe terminar el lunes 31), que podría determinar que algunas bancas aún en disputa cambien de mano, la posibilidad de que Sánchez continúe al frente del gobierno de España hoy está en manos de sus propios enemigos. Las concesiones que hizo primero a Junqueras, y las que quizás termine haciendo a los separatistas del prófugo Puigdemont, son la explicación última de su sobrevivencia política, cuyo precio final es la propia unidad española que la Constitución le obliga a defender.