Escribe Graziano Pascale
Fernando Villavicencio, el líder político ecuatoriano asesinado ayer dos meses antes de cumplir 60 años de edad, conocía por dentro Petroecuador, porque había sido funcionario en el área de Comunicación Social de la empresa, y dirigente del sindicato de trabajadores de la petrolera estatal.
Despedido en 1999, tras desempeñarse durante tres años en Petroecuador, Villavicencio fundó el portal «Periodismo de Investigación», y colaboró con el diario «El Universo». Fue electo diputado por el partido Alianza Honestidad en mayo del año 2021. Tras el cierre del congreso dispuesto por el presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo, Villavicencio anunció su candidatura a la Presidencia del Ecuador por el Movimiento Construye. La misma fue confirmada por el máximo organismo electoral del país el pasado mes de junio.
Su carrera política fue impulsada por las denuncias de corrupción contra el gobierno del ex presidente Rafael Correa, en especial las practicadas en la empresa Petroecuador.
La «conexión uruguaya»
Con abundante documentación adjunta, en el año 2011 el entonces legislador Cléver Jiménez y su asesor, el entonces periodista Fernando Villavicencio, enviaron al presidente José Mujica y al Senado uruguayo una carta denunciando la existencia de ilícitos en los acuerdos firmados por Petroecuador y Ancap para el intercambio de crudo ecuatoriano por derivados supuestamente procesados en Uruguay, con la intermediación de la empresa holandesa Trafigura.
El caso fue denunciado a la justicia uruguaya, en una investigación que recayó en manos del fiscal Luis Pacheco. En el año 2018 se conoció el dictamen de la Fiscalía de Crimen Organizado, en el que se sostenía que el entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic, había incurrido en el delito de abuso de funciones al contratar sin licitación a Trafigura, para intermediar en un negocio estimado en alrededor de U$S 4.900.000.000, con un lucro estimado para la empresa holandesa en 200 millones de dólares Pacheco solicitó enjuiciar a Sendic en calidad de «autor responsable de reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley».
El negocio consistía en que Ancap compraba crudo a precios preferenciales a Petroecuador, y, a cambio, vendía productos refinados, especialmente gasoil. El acuerdo fue presentado en su momento como «de gobierno a gobierno», pero luego se supo que Ancap había contratado como intermediaria a Trafigura, que tenía varios antecedentes por escándalos de corrupción en negocios petroleros en la región.
Llega el primer cargamento
El primer cargamento de crudo ecuatoriano llegó a la refinería de La Teja, de Ancap, el 2 de marzo del año 2010. Al justificar este negocio, el entonces presidente Correa sostuvo que «regalábamos nuestros dineros a las transnacionales, y a los intermediarios. Hoy empezamos el intercambio directo de ese crudo a Uruguay, que tiene capacidad de refinación. Ellos nos enviarán derivados, de tal forma que eliminamos la intermediación».
Sin embargo, cuatro meses después, Ancap confirmaba que la intermediación del acuerdo estaría a cargo de Trafigura, que recibía el crudo de Petroecuador y luego suministraba a la estatal ecuatoriana los derivados acordados.
En declaraciones a Fiscalía, el entonces vicepresidente de Ancap, Germán Riet, había dicho que Ecuador conocía la participación de Trafigura, porque se habían realizado reuniones conjuntas entre las tres partes (Trafigura, Ancap y Petroecuador) en Montevideo.
Del texto del contrato entre ambas estatales surgió el primer indicio de apartamiento de la legalidad. En efecto, mientras Petroecuador tiene una normativa interna que establece que cuando se negocia con otras empresas petroleras estatales el crudo debe ser destinado exclusivamente a sus refinerías, el acuerdo con Ancap establecía que se entregaba el crudo a la estatal uruguay «para ser refinado de preferencia en las refinerías de Ancap».
La investigación en Ecuador
Una investigación llevada adelante en el año 2013 por la Contraloría General del Estado de Ecuador (equivalente al Tribunal de Cuentas de Uruguay) señaló que Petroecuador había firmado con Ancap un contrato acompañada de un memorando que carecía de análisis técnico, económico o comercial del negocio capaz de demostrar que la contratación directa con Ancap era «conveniente para Petroecuador».
El análisis efectuado por el organismo de contralor de Ecuador concluyó que «el crudo exportado no tuvo como destino las instalaciones o refinerías de Ancap, según información obtenida de las facturas comerciales y conocimientos de embarques emitidos por Petroecuador». Sólo el 3% del total de barriles exportados tuvo como destino la boya petrolera de José Ignacio, mientras que el 97 % restante tuvo como destino principlamente puertos de Estados Undos, según estableció la investigación.
Tras la publicación por parte del semanario Búsqueda en el año 2014 con detalles de este negocio, Sendic dijo que «Ecuador sabía exactamente hacia dónde iban cada uno de los embarques desde sus puesrtos hacia sus destinos».
Germán Riet había dicho también que Petroecuador sabía que Uruguay no estaba en condiciones de refinar para exportar los 50.000 barriles diarios, porques es casi la misma cantidad que consume Uruguay. «Lo que nos interesaba era hacer trading, intercambio, comerciar con crudo y con refinados en el mundo, en países con empreas a donde nunca habíamos accedido. Y eso lo hacíamos ayudados por esa empresa comercializadora, Trafigura».
Sobornos y lavado de dinero
En el mismo año 2014, la revista digital ecuatoriana Plan V reveló que Petroecuador «facturó sus crudos a precios inferiores a los del mercado, mientras que los combustibles fueron sobrevalorados», y estimó que esa operación fraudulenta le había reportado una pérdida a Petroecuador superior a los 200 millones de dólares, «al haber transferido a una compañía privada extranjera el manejo de 25 millones de barriles de su principal recurso natural».
El hombre clave en estos negocios fue el Subgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, y hombre de confianza del presidente Rafal Correa, Nilsen Arias Sandoval, que entre el año 2010 y el 2016 manejó todos los negocios internacionales en contratos de venta de petróleo e importación de derivados, por un monto estimado por la prensa ecuatoriana en U$S 100.000:000.0000 (cien mil millones de dólares).
Desde octubre del año pasado Nilsen Arias está a disposición de la justicia de los Estados Unidos, con la cual está cooperando, bajo cargos de lavado de dinero y de recibir sobornos en negocios petroleros. El Departamento de Justicia lo acusa de recibir coimas por unos 15 millones de dólares mientras estuvo en su alto cargo en Petroecuador. Parte de ese dinero ilegal se movilizó a través de Newary Sociedad Anónima, creada en Uruguay en la época de los contratos de Petroecuador con Ancap y Trafigura.
La detención de Arias Sandoval en los Estados Unidos disparó una investigación judicial en Ecuador, a raíz de la cual varios ex jerarcas de Petroecuador fueron enjuiciados por integrar la red de sobornos y lavado de dinero que encabezaba el hombre de confianza de Correa. Se encuentran en esa situación Galo Garzón y Miguel Palacios, exadministrador de Contratos, y ex subgerente Comercial de Operaciones de Petroecuador, respectivamente.
También fueron acusados el ex subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William Vásconez, y Wilson Naranjo, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, quienes están impedidos de salir del país.
Las denuncias de Villavicencio fueron determinantes para que finalmente el caso de los sobornos al más alto nivel de la petrolera estatal ecuatoriana llegara a los estrados judiciales. El grueso de los negocios investigados tienen que ver con contratos con China y con diversas compañías petroleras de otros países asiáticos, en los que se sospecha se pagaron enormes sumas de dinero en la última década por concepto de coimas, que se depositaban en cuentas abiertas en paraísos fiscales, por concepto de «consultoría» en negocios petroleros y de energía en general.