Por Graziano Pascale
Antes de convertirse en el «zar» del petróleo de Ecuador, desde un cargo de segunda línea en Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval, actualmente preso en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos, era un vendedor de vidrio templado y parabrisas para automóviles. Así lo conoció Pedro Delgado, primo del presidente Rafael Correa y presidente del Banco Central, antes de verse obligado a renunciar y fugarse del país tras filtrarse que había falsificado su título de Economista para acceder al cargo.
Delgado y Arias Sandoval se conocieron en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), un organismo creado en Ecuador a fines de los años 90 tras una severa crisis del sistema financiero, que fue el preámbulo del abandono por parte de Ecuador de su moneda nacional, el Sucre, y la adopción en su lugar el dólar estadounidense.
Arias se ocupaba en AGD de administrar una empresa intervenida por el gobierno de entonces tras la crisis financiera, y que pertenecía al otrora poderoso «Grupo Isaías». Su vínculo con Delgado resultó clave para ser promovido en el año 2010 a la Subgerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, desde donde manejó, en los seis años siguientes, negocios cercanos a los 100.00 millones de dólares.
En el ascenso y consolidación de Arias Sandoval también ocupó un lugar clave el vicepresidente del gobierno de Correa, Jorge Glas, quien acompañó en el mismo cargo al sucesor Lenin Moreno.
Glas, estando en ejercicio de la Vicepresidencia de Ecuador, fue condenado en el año 2017 a seis años de prisión por el delito de Asociación Ilícita, tras probarse su participación en los esquemas de sobornos en obra pública contratada a la empresa brasileña Odebrecht.
El vínculo entre Arias y Glas se afianzó cuando este último era Ministro de Sectores Energéticos, y Arias ya se desempeñaba en Petroecuador.
Visita a Montevideo
Una de las primeras misiones al exterior de Arias, apenas asumido su cargo en Petroecuador, tuvo como destino Montevideo. En la capital uruguaya, mientras los presidentes Mujica y Correa posaban para las fotos y pronunciaban encendidos discursos contra «las multinacionales» y a favor de «las petroleras estatales», Arias acordaba con jerarcas de Ancap un contrato que movilizaría unos 5.000 millones de dólares en hidrocarburos, sobre la base de la entrega a Ancap de petróleo a un precio inferior al de mercado, a cambio de productos ya refinados en la planta de La Teja.
La realidad, sin embargo, fue muy otra, como lo reveló el asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Ancap no estaba en condiciones de refinar 50.000 barriles diarios, como estipulaba el contrato, y a la terminal petrolera de José Ignacio apenas llegó el 3% del total de los barriles de petróleos acordados. El resto (el 97% del crudo y el 100% de los refinados) quedaron en manos de la multinacional de origen holandés Trafigura, a la que Correa había calificado como una empresa «mafiosa».
Trafigura, la gran beneficiaria del negocio, fue contratada sin licitación por Ancap, como sostuvo el Fiscal Luis Pacheco, de la Fiscalía del Crimen Organizado, que investigó en su momento el contrato, tras la amplia repercusión periodística y política que tuvo en su momento.
El modus operandi de este contrato ya se había ensayado exitosamente entre Petroecuador y PDVSA -la estatal petrolera de Venezuela- en el 2008, bajo los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez. Y tras la experiencia con Uruguay, se transformó en una de las modalidades preferidas en la venta del crudo ecuatoriano, consistente en contratos de preventas atados a contratos de deuda.
«Esto me hace feliz»
La detención de Arias Sandoval en Estados Unidos el año pasado, acusado de lavado de dinero y de recibir sobornos en negocios de petróleo, permitió conocer en detalle el mecanismo utilizado durante el gobierno de Correa para defraudar a Petroecuador, con el objetivo de generar lucrativos sobornos pagados por las empresas intermediarias, que el presidente Correa criticaba con dureza en sus discursos y entrevistas.
Nilsen Arias participó en al menos tres esquemas de corrupción, en los que además de Petroecuador estuvieron involucradas ocho intermediarias (traders) de petróleo y combustibles, recibiendo sobornos por 20 millones de dólares de parte de estas empresas. Las contrapartes de estos acuerdos fueron cinco empresas petroleras estatales, entre ellas Ancap, localizadas en Asia, Medio Oriente y Latinoamérica.
Al tratarse de empresas estatales, no era necesario realizar licitaciones u otros mecanismos que aseguran la transparencia de los negocios. Además del crudo ecuatoriano, los contratos incluían según los casos, derivados de petróleo, gas licuado y asfalto.
El esquema de sobornos funcionó entre 2010 y 2021, pese a que Arias se había desvinculado de Petroecuador en el año 2017. Para hacer efectivas las coimas, se utilizaron sociedades controladas por Arias en Panamá, Islas Vírgees, Singapur, Portugal y Estados Unidos. También aparece en la investigación una sociedad anónima creada en Uruguay, aunque la misma no estaba bajo el control de Arias.
El lucro de los intermediarios, que luego pagaban las coimas a Arias y sus cómplices, surgía de comisiones por vender el petróleo ecuatoriano a países diferentes a los que habían contratado con Petroecuador, como ocurrió en el caso de Trafigura en el contrato con Ancap. La justicia de EEUU estableció que esos contratos generaron sobornos por un valor de 70 millone de dólares, de los cuale 18 millones fueron a parar a cuentas bancarias controladas por Arias o sus familiares.
Otro esquema del que se benefició Arias en el año 2010 incluía una empresa de distribución, una de transporte y otra de trading. Finalmente, en el año 2014 un acuerdo con dos empesas de trading le reportó una suma de 818.000 dólare, que fueron despositados en cuentas de Arias en Miami.
Con el propósito de obtener una rebaja en la pena de 10 años de cárcel a los que en principio fue condenado, Arias está colaborando con la justicia de Estados Unidos. En el marco de esa cooperación, en abril del año 2020 los investigadores accedieron a una conversación telefónica de abril del 202, en la que Arias, en comunicación telefónica con los responsables de recoger el dinero de los sobornos, luego de enterarse que en pocos días iba a recibir la suma de 1:200.000 dólares, confió a sus interlocutores: «esto me hace muy fieliz».
El poder de Arias tenía raíces fuera de Petroecuador
Por especializarse en una modalidad atípica de la venta de crudo, que implicaba acuerdos con empresas estatales en contratos atados a deuda, el poder de Arias trascendía a Petroecuador, pues necesitaba coordinar con el Ministerio de Finanzas y con la Vicepresidencia de la República para determinar líneas de crédito garantizadas con petróleo, así como el precio del crudo y derivados, por fuera de los de mercado. Actuando con un fuerte respaldo político, Arias podía cerrar acuerdos de preventa ignorando los reportes diarios de precios del crudo de empresas especializada en el área, como Plats y Argus.
Ese apoyo político le permitió, además, sortear la exigencia del Directorio de Petroecuador y de la Contraloría del Estado (equivalente al Tribunal de Cuentas en Uruguay) de utilizar refinerías de empresas estatales en ese tipo de acuerdos, evitando intermediarios.
En el caso del contrato con Uruguay esa exigencia era de imposible cumplimiento, porque Uruguay no tiene capacidad para refinar 50.000 barriles diarios para cumplir con un negocio diferente al de su giro específico, que es el de abastecer al mercado uruguayo. De hecho, sólo llegó a Uruguay en el marco de ese acuerdo el 3% del crudo pactado. El 97% restante fue vendido por Trafigura en Estados Unidos, y otros mercados, como Chile y Perú, según pudo saber el portal ecuatoriano Medium.
En un informe especial sobre el tema, Medium escribió que «el convenio suscrito con toda la parafernalia socialista, significó que Ancap se restó como pantalla para la operación fraudulenta de Trafigura, que revendía el crudo ecuatoriano en Estados Unidos principalmente, y entrega a Ecuador los combustibles adquiridos en Norteamérica. La operación liderada por Arias implicó un negocio en manos de Trafigura de 28 millones de barriles desviados a la intermediación, una cifra equivalente a 2.500 millones de dólares».