Por Graziano Pascale
El legendario político italiano Giulio Andreotti solía ironizar sobre el desgaste que genera el poder, afirmando que «el poder desgasta, especialmente al que no lo tiene».
El presidente Lacalle Pou ha renovado la vigencia de aquel concepto de Andreotti al poner fin a la crisis política abierta en su ausencia, tras la difusión el pasado miércoles por el portal de Búsqueda del audio de una conversación telefónica de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, con quien entonces era su jerarca, el Canciller Bustillo, y de unos chats de la misma funcionaria con el asesor presidencial Roberto Lafluf.
La filtración ocurrió luego de la comparecencia de Ache ante Fiscalía, asistida por su abogado defensor, el ex Fiscal de Corte Jorge Díaz, en el marco de la investigación sobre el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el año 2021, cuando estaba detenido en Dubai luego de que se descubriera que había ingresado a ese emirato usando un pasaporte paraguayo falso.
Gracias a ese documento, Marset pudo abandonar legalmente Dubai, y sustraerse luego a un pedido de captura por su participación como autor intelectual del asesinato de un fiscal paraguayo cuando se encontraba de vacaciones en Colombia.
El otorgamiento de ese pasaporte, tramitado en forma llamativamente rápida mientras Marset estaba detenido en una cárcel de Dubai, generó un fuerte debate político, y se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno durante casi dos años. Pese a que la expedición del pasaporte respetó las normas jurídicas que regulan ese trámite, ya que al momento de solicitarse el documento Marset no tenía requisitoria de la justicia uruguaya ni causa penal abierta en el país, el gobierno quedó atrapado en un pantano político por el cuestionamiento constante de la oposición, un llamado a sala en el Senado a los ministros Bustillo y Heber, y la permanente atención que la prensa le otorgó al asunto durante varios meses.
Varias circunstancias confluyeron para que el gobierno no fuera capaz de «dar vuelta la página», pese a la legalidad de lo actuado. La más importante ha sido la desconfianza mutua entre quienes participaron en el proceso, que ante el cariz que tomaba el episodio fueron sembrando justificaciones del propio accionar, que no hicieron otra cosa que aumentar las dudas y las suspicacias que generaba el episodio. Si se había actuado dentro de la legalidad, por qué surgían respuestas que por momentos parecían contradictorias? Es claro que hubo fallas en la comunicación interna, abonadas por el hecho de que Marset había recibido un tratamiento veloz y conveniente en su paso por la justicia penal, del que pudo salir sin una condena acorde con los hechos que se le atribuían. A ello debe agregarse el cambio en las normas que regulan el otorgamiento de pasaportes, aprobadas durante el gobierno de Mujica, que beneficiaban a ciudadanos que se encontraban en situaciones similares a las de Marset.
En el medio de la polémica quedaron dos ministerios con competencia en el tema, a cuyo frente se encontraban jerarcas estrechamente vinculados al presidente Lacalle. Sus gestiones se mantuvieron siempre en el «ojo de la tormenta» y fueron blanco constante de críticas que repercutieron negativamente en la opinión pública, y contribuyeron a que el caso Marset se mantuviera siempre en la agenda política.
La renuncia de Carolina Ache en su momento pareció descomprimir el tema, pero la investigación judicial para deslindar responsabilidades volvió a colocar el tema en el centro del debate. Y entonces sobrevino la difusión de los audios y los chats, como parte de la maniobra defensiva planificada por el ex Fiscal de Corte en beneficio de su clienta.
La sorpresa fue mayúscula. Altos funcionarios grabando conversaciones telefónicas privadas entre sí, en el desarrollo de sus tareas, no es algo a lo que la opinión pública esté habituada. Y mucho menos su uso en estrados judiciales y su difusión a través de periodistas.
El desenlace no podía ser otro que la renuncia de los funcionarios implicados, más allá de la legalidad de su accionar. Es imposible negar que sigue sobrevolando la suspicacia sobre el accionar de algunos de sus protagonistas, en especial la reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Carolina Ache con el abogado defensor de Marset, y allegado a su familia, Alejandro Balbi. Al no existir grabaciones o chats sobre la misma, es imposible poder medir el alcance que la misma tuvo en el rápido diligenciamiento del pasaporte al cliente de Balbi.
Con las renuncias de Bustillo, Heber, Maciel y Lafluf, y la forzada renovación del gabinete de ministros, se cierra el episodio. La oposición pudo mantener el tema vivo en la opinión pública, y con ello logró que cayeran jerarcas muy cercanos al presidente Lacalle, aumentando las dudas que ya existían sobre su «buen ojo» para elegir a sus colaboradores. Sin embargo, cuando el tema parecía salirse de cauce, su intervención fue decisiva, ratificando la importancia de su liderazgo personal. El margen para las disidencias internas se ha acotado, pero el recelo entre los miembros de la coalición gobernante ha aumentado. Sólo resta por conocer el costo electoral que la confluencia de ambas circunstancias habrá de facturar en las urnas el año próximo.