La movilización de hoy en Argentina es un intento de asonada contra la seriedad fiscal y por ninguna razón se trata de un tema educativo
Mientras usted lee o escucha esta columna tiene lugar lo que se ha calificado como la marcha más multitudinaria y diversa en Argentina durante el gobierno de Milei. Moviliza desde la CGT a los centros de estudiantes, desde el partido comunista al partido radical, desde los rectorados (todos políticos) de las universidades, hasta a los pobres alumnos que cursan el CBC – el ciclo básico universitario – desde el negocio de los centros de estudiantes a los sindicalistas, desde los piqueteros hasta los hinchas de River que protestan por la pelota sacada dentro del arco por chiquito Romero. También está presente Axel Kicillof, el culpable de la “expropiación” de YPF que lleva costado al país varios presupuestos universitarios.
Esta nota tiene por objeto que usted no se confunda: la marcha no tiene nada que ver con la educación. Nadie está seriamente interesado en ella, ni se trata de eso la protesta. Las universidades argentinas son una fuente infinita de ingresos políticos (con distintos apodos) y forman parte del gasto estatal, que aquí se ha calificado como improductivo, inútil y corrupto al menos en un cincuenta por ciento.
No se ha hecho jamás el intento de administrar seriamente un presupuesto
Ninguna universidad ha hecho nunca ningún esfuerzo por administrar bien su presupuesto, bajo ningún gobierno universitario ni bajo ningún gobierno nacional, provincial o municipal. Amparadas en su autonomía, funcionan de modo no muy distinto a las sociedades anónimas estatales y otros entes, que por una trampa insertada en la Constitución el erario tiene la obligación de mantener cualquiera fuese su nivel o calidad del gasto. Tampoco muy distinto que el mismísimo Senado, que tiene la potestad de aumentar sus dietas y sus gastos sin tener que preocuparse por obtener los fondos para solventar esas erogaciones. No muy diferente al sistema uruguayo. Hermanados en el gasto impune.
El efectista recurso de dejar algunas facultades sin luz ni ascensor, o de limitar las intervenciones quirúrgicas del hospital de Clínicas, no fue nada más que un truco para magnificar el problema presupuestario, (no distinto al que padecen los jubilados, los trabajadores, las Pyme, los productores o cualquier consumidor) pero también muestran la poca vocación a analizar seriamente los presupuestos para decidir qué tipo de gastos se pueden reducir ante la emergencia nacional.
Para comprender mejor el punto, menos del 40 por ciento del presupuesto de la UBA, (que no es el peor ejemplo de gestión) se destina al pago de personal y sistema docente. Y los problemas y dificultades de funcionamiento, deterioro, obsolescencia, carencia de materiales, déficit operacional, infraestructura y similares datan de hace décadas.
Nunca en medio siglo se ha hecho una auditoría profunda
Por alguna razón, las Universidades argentinas creen que no las debe afectar la inflación ni cualquier ajuste de gastos que se haga para evitarla. Y ahora intentan impedir cualquier análisis o auditoría sobre su gestión y administración. Nunca en medio siglo se ha hecho una auditoría en serio de esta actividad, ni de ninguna otra del estado.
La columna, en todos los medios en que se publicó y publica, hace años que viene abogando por una auditoría a los entes estatales y a sus procesos de adjudicación, licitación, tercerización y contratación. En ese sentido ha sugerido en varias oportunidades mecanismos eficientes, veloces y sin costo para llevar adelante esa tarea, odiosa y odiada, obviamente. Nada más impopular.
Esta marcha se realiza aún después que el gobierno acordara en la semana aumentar notablemente el presupuesto destinado al efecto – de lo que esta columna discrepa por carecerse de datos ciertos para semejante medida – porque no tiene por objeto solamente aumentar el gasto, sino fundamentalmente que no se realicen las auditorías que el gobierno ha anunciado. La casta es también universitaria, pareciera. La marcha es para que no se lleven adelante esas auditorías. Eso es el lazo común que une a todos los protagonistas que ocupan las calles hoy. Aunque algunos sectores tienen la pretensión de convertirla en una acción destituyente.
La marcha no tiene que ver con la educación
Pero de ninguna manera se trata de una cuestión que tenga nada que ver con la educación, ni siquiera con su costo. Si fuera así, las universidades se preguntarían si es normal pretender regalar la educación a cualquiera de los vecinos que no pueden pagar la formación superior en sus países, mientras hay 25 millones de pobres en el país, y creciendo. O comenzarían a cuestionarse el CBC o ciclo básico, que se lleva el 60% del presupuesto educativo para supuestamente preparar a alumnos que ya deberían estar preparados y de los que desertan más de la mitad el primer año.
Quienes marchan no lo hacen contra Milei, siquiera, lo harían contra cualquiera que quisiera auditarlas, o bajar el gasto inútil, o perseguir la corrupción, o bajar la inflación. Finalmente, la inflación es la varita mágica del seudoprogresismo argentino, como el impuesto lo es del seudoprogresismo uruguayo.
De eso se trata la marcha de hoy. Sólo de eso.