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Contraviento

De «burgueses apresurados» y ahorristas cándidos

30 enero, 2025

Graziano Pascale

Casi un cuarto de siglo después de la crisis bancaria que derivó en el «corralito» del año 2002, el Uruguay parece atrapado en una tormenta similar, que desnuda al mismo tiempo la fragilidad de las instituciones que deben velar por la buena salud del sistema financiero, así como la falta de escrúpulos de «burgueses apresurados», Mujica dixit,  y la ingenuidad y la avaricia de una parte de la sociedade incapaz de cuidar su propio patrimonio.

El columnista se apresura a decir -para evitar malos entendidos- que ambas tormentas tienen sus peculiaridades, y que la salida de la primera no debe inspirar a la segunda. Pero, dicho esto, la evocación de aquellos episodios permite encontrar algunas analogías, que son también el reflejo de problemas que permanecen sin resolver en el país.

El problema de fondo es la rigidez extrema del sistema financiero legal, que se ve obligado a descargar sobre sus usuarios costos exorbitantes, que hacen impagables las tasas de interés de los préstamos para empresas y familias que acuden al crédito para solventar sus inversiones o su consumo.

Una prueba de esto último es el movimiento ciudadano, impulsado por el partido Cabildo Abierto, bajo el slogan «Deuda Justa». Aunque el fundamento legal de la iniciativa que apunta a fijar en la Constitución la tasa máxima de interés es discutible, y las consecuencias de la iniciativa serían muy probablemente opuestas a las que procuran sus impulsores, el amplio respaldo de firmas que obtuvo la campaña refleja la persistencia de un serio problema en las economías familiares.

Si damos un salto más largo en el tiempo, y nos trasladamos a la salida de la dictadura, nos vamos a encontrar con la crisis derivada del quiebre de la «tablita» (paridad cambiaria regulada por la fijación diaria de la cotización del dólar), que hizo impagables los créditos tomados en dólares. Para evitar la quiebra de todo el sistema financiero, el Estado acudió al rescate de los bancos a través de lo que se conoció como «compra de carteras», que en los hechos transformó en deuda pública lo que hasta ese momento era deuda privada.

Conexión con el presente

Las dificultades para acceder al crédito, en virtud de las tasas de interés que multiplican por tres o cuatro la rentabilidad esperable de un negocio lícito, ha llevado a ahorristas y a tomadores de crédito a buscar mecanismos creativos para canalizar el ahorro o para satisfacer las necesidades de financiamiento.

La estafa de Conexión Ganadera tiene su origen en esa doble necesidad: por un lado retribuir con una tasa atractiva a los ahorristas que no encuentran opciones rentables en el sistema financiero legal, y por el otro dotar de capital a una actividad que no resultaría viable con las tasas de interés que rigen en el sistema bancario.

Desafiando la lógica financiera más elemental, que indica que no es viable en el largo plazo asegurar una tasa de interés fija en un negocio de rentabilidad variable, pero siempre por debajo de la tasa asegurada, Conexión Ganadera pudo sobrevivir más de 20 años en el mercado honrando sus obligaciones con los ahorristas con el dinero de otros ahorristas. El desenlace era inevitable. Sólo era cuestión de tiempo.

La crisis de hoy tiene connotaciones penales, pero éstas no son la prioridad de los damnificados, que no buscan ver en la cárcel a los estafadores -aunque seguramente a muchos no les desagrade la idea- sino recuperar el dinero invertido.

A medida que pasan los días, y se conoce información más detallada, queda claro que eso no será posible ni en el corto ni en el mediano plazo.

Basados en esa convicción, los abogados que patrocinan a los damnificados insinúan ya que buscarán que el Estado se haga cargo de las pérdidas de sus clientes (y tambien de sus honorarios), en el entendido de que la estafa sólo pudo mantenerse en el tiempo no tanto por la ingenuidad de sus clientes, sino por la omisión del Estado en ejercer su rol fiscalizador en esta actividad que entienden es de intermediación financiera.

El silencio tanto del gobierno saliente como del entrante es un factor que alimenta las suspicacias, y hace temer que finalmente una salida con apoyo de fondos públicos será puesta en práctica.

Con los antecedentes de otras crisis a la mano, no es descartables que algo parecido termine sucediendo. Y si así ocurre, al menos debería aprovecharse está crisis para revisar a fondo las trabas que encuentra el sistema financiero establecido para cumplir su necesario rol de intentermediario entre el ahorro de las familias y las necesidades de las empresas.

El Estado no puede seguir siendo el banquero final que apaga con fondos públicos incendios privados, cuando a duras penas puede apagar los incendios causados por los ruinosos negocios en los que con harta frecuencia incurre el propio Estado.