Graziano Pascale
El Diccionario de la Real Academia (RAE) define al placebo como «sustancia sin propiedades terapéuticas, pero que puede tener efectos curativos si el paciente está convencido de su eficacia».
El «acto solemne», como lo definió el ex presidente Julio María Sanguinetti, realizado hace pocos días en la sede del Partido Colorado para recordar la restauración democrática de 1985, tiene, al igual que la autocelebración de los ex presidentes retratando su propio ingreso a la historia nacional, todas las características de un placebo, en la acepción de la RAE.
La propia restauración democrática fue en sí misma la negación de lo que pretendía ser, ya que nació de una elección amañada, en la que uno se los partidos fundadores de la nacionalidad se vio impedido de concurrir con el candidato que había elegido al efecto. Ese hecho innegable (la prisión de Wilson Ferreira Aldunate, que regresó al país para asumir la candidatura del Partido Nacional) fue pasado por alto -en un exceso de cortesía con el anfitrión- incluso por el ex presidente Luis Lacalle de Herrera, que estaba obligado a hacerlo por pertenecer al mismo partido que vio cercenado su derecho en las elecciones de 1984.
Hubiera correspondido, naturalmente, evocar no sólo esa salida cojitranca, sino también el discurso de Ferreira Aldunate en la Explanada Municipal, en la misma noche del día de su liberación, que comprometió el apoyo de su colectividad a la salida pactada en base al cercenamiento de su legitimo derecho.
Eso no ocurrió. Sin embargo, la historia incómoda de estos 40 años se hizo presente en la sede colorada a través de la señora Ximena Grignoli, militante de esa colectividad, e hija y sobrina de un militar y un policía presos en la cárcel de Domingo Arena, quien interrumpió la disertación de José Mujica para decir que «hay militares yendo a la cárcel sin ninguna prueba” (…) ¿Hoy la democracia dónde está?«.
Democracia vs. República
La señora Grignoli, portavoz de un reclamo que desde hace años los familiares de los militares y policías llevan adelante sin haber encontrado eco ni siquiera en el seno de los partidos en los que militan y por los que votan, quizás sin proponérselo dejó al descubierto también la deuda con Ferreira Aldunate. En efecto: la prisión de esos militares y policías ha sido dispuesto en violación de la ley de caducidad impulsada por Wilson, y ratificada en dos pronunciamientos populares.
Aquella ley se fundó, a texto expreso, en «la lógica de los hechos» derivados del Pacto del Club Naval, celebrado entre los mandos de las Fuerzas Armadas de la época y los representantes del Partido Colorado y del Frente Amplio, que acordaron elecciones con candidatos proscriptos, apartándose así del compromiso asumido el año anterior en el acto del Obelisco.
Estos 40 años de democracia acarrean sobre sus hombros aún las consecuencias de aquellos hechos. Pero la salida de la escena de los principales actores de entonces viene acompañada de la incertidumbre sobre cómo habrá de cerrarse definitivamente este capítulo oscuro de nuestra historia.
El telón de fondo de esa incertidumbre es la hegemonía casi absoluta del triunfador de hoy. No hay ámbito de la sociedad en el que esa hegemonía se haga sentir, sin que quienes la padecen la expongan con franqueza y valentía, aún a riesgo de enfrentarse a la maquinaria de la «cancelación», como hoy se le llama al muro sanitario que rodea a las minorías. El precio a pagar es el silencio o la mirada esquiva al costado, para evitar el señalamiento de la jauría, que hoy actúa en el anonimato de las redes sociales.
El principio de inocencia, base del Estado de Derecho, ha sido anulado. Los juicios penales son la nueva arena de la lucha política, en la cual los fiscales generalmente toman partido por el mismo bando. Los medios masivos de comunicación dependen de auspicios publicitarios o licencias estatales para su supervivencia, lo cual los obliga a ser cautos, para acompañar la melodía que viene desde el poder.
El poder político, a su vez, está concentrado en muy pocas manos, y los partidos que hoy están en la oposición parecen más preocupados por negociar 40 cargos en entes autónomos que por los temas institucionales que hoy muestran grietas en los cimientos de la República. El poder económico, por su parte, evita malquistarse con el poder político, para no poner en riegos sus negocios, que muchas veces dependen o de licitaciones estatales o de la «paz sindical», que se dirigen desde el mismo podio.
A todo esto, conviene recordar que el placebo deja de funcionar cuando el paciente deja de convencerse de su efecto terapéutico. Quizás el país esta ingresando ya en esa etapa.