escribe Marcelo Martín Olivera
Rodrigo Arim, actual director de la OPP, construyó una casa en la costa pero la registró como si fuera un rancho. Omitió declarar mejoras y evitó el impuesto que alimenta la educación pública. Lo mismo que Cecilia Cairo, pero más sofisticado: el economista que planifica el gasto del Estado encontró en la omisión catastral su propio atajo fiscal. En el país donde la informalidad es pecado solo para los de abajo, el ranchito en la playa no es una excepción: es parte del sistema.
Un terreno de 898 metros cuadrados en Solís, una casa de 127 m² construida entre 2015 y 2016, y apenas 24 m² registrados ante Catastro. Esa es la ecuación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la oficina que —ironías de la vida— se encarga de
“planificar la estrategia económica y social del Gobierno”. Pero no la suya. La suya la administra con otra lógica: la del subregistro, la evasión fiscal y la comodidad de quien se cree intocable.
Rodrigo Arim no es un improvisado. Exrector de la Universidad de la República, economista, técnico formado en la gestión pública, responsable de evaluar presupuestos y rendiciones de cuentas. Un perfil que no permite apelar al argumento de la ignorancia. Cuando Arim decide no registrar su casa como corresponde, no es desidia: es cálculo. Cálculo de impunidad.
El patrón se repite. Como Cecilia Cairo —aquella ministra de Vivienda que vivía en una casa sin declarar durante más de veinte años—, Arim también se olvidó del Catastro, de la DGI y del impuesto de Primaria. Ese impuesto que la izquierda levanta como bandera moral para financiar “la comida de los gurises”, pero que sus referentes evaden con una naturalidad escalofriante.
Yamandú Orsi, presidente de la República, respondió a la polémica con una lavada de manos olímpica: “No tengo ni idea”, dijo. Y agregó que si hay necesidad de hablar del tema con Arim, lo hará. O no. Hay muchas cosas para hacer, como seguir dando conferencias sobre
ética pública mientras sus jerarcas viven como si el Estado fuera una piñata para pocos.
No hay sanción. No hay responsabilidad. No hay consecuencias. No hay vergüenza.
La promesa de una gestión donde «que gobierne la honestidad», agitada con fervor en campaña, parece desmoronarse a todo trapo ante la realidad de estos casos, dejando la amarga sensación de que, una vez más, las proclamas éticas no resisten la prueba del poder.
Arim no es un caso aislado. Es un síntoma. Una prueba más de que la prédica de la izquierda sobre la igualdad, la justicia tributaria y la solidaridad, se desploma en cuanto el dedo apunta, nuevamente y en pocos días, hacia adentro.
El ranchito en la playa es una metáfora perfecta de lo que representan: casas de lujo disfrazadas de humildad, discursos de austeridad ocultando privilegios, dirigentes que legislan para otros pero se excluyen a sí mismos.
No es solo un escándalo fiscal. Es un símbolo político. En el Uruguay donde miles de ciudadanos son obligados a regularizar hasta una galería de chapa, quienes dirigen la estrategia económica del país pueden ocultar 100 metros cuadrados de catastro con total
impunidad.
El poder sirve para evadir con estilo y sin rubor.