por Silvana Giachero – Psicóloga Forense
El reciente fallecimiento de un exlegislador uruguayo, tras haber sido denunciado por una compañera de su mismo partido por mobbing (acoso psicológico laboral) y acoso sexual, abrió un debate que va mucho más allá de un caso puntual y abarca el tema de las «víctimas verdaderas». La narrativa política se dividió: algunos dirigentes señalaron que la denuncia “le destrozó la vida” al denunciado, mientras que la denunciante quedó públicamente señalada como responsable de su enfermedad y muerte.
Este episodio condensa varias tensiones de nuestra época: la utilización del relato feminista de que “las mujeres no mienten” y que “no existen denuncias falsas”; la contradicción que aparece cuando el denunciado pertenece al propio espacio político; la invisibilización de las verdaderas víctimas de acoso laboral y sexual; y el fenómeno social de la idealización post mortem, que clausura toda posibilidad de indagar la verdad.
El caso plantea preguntas incómodas: ¿quién es la verdadera víctima cuando una denuncia termina asociada a la muerte de un denunciado? ¿Cómo se mide el nexo causal entre una acusación, el impacto psicológico y la enfermedad física? ¿Qué pasa cuando el relato ideológico se quiebra y la misma consigna que se defendía (“las mujeres no mienten”) se invierte para acusar a una mujer de haber mentido y destruido a un compañero?
En este artículo, abordaré estas aristas desde una perspectiva académica (como experta en mobbing) y forense, pero sin perder de vista la dimensión social y política. Revisaremos los conceptos de mobbing y acoso sexual, el problema de las falsas denuncias, la construcción del relato ideológico y la idealización de la muerte, para analizar finalmente cómo estas narrativas cruzadas pueden derivar en nuevas formas de violencia: el linchamiento simbólico de quien denuncia.
Marco conceptual
Mobbing (acoso psicológico laboral)
El término mobbing fue introducido por Heinz Leymann en la década de 1980 para describir un proceso sistemático de hostigamiento psicológico en el trabajo. Se trata de un conjunto de conductas repetidas y sostenidas en el tiempo, cuyo objetivo es aislar, desgastar o eliminar a la víctima de su entorno laboral. En Uruguay, el concepto lo incorporé en el año 2006 y lo fui desarrollando en el ámbito académico ( año 2013 congresos internacionales de mobbing y bullying haciendo visible lo invisible ) y judicial ( varios proyectos de ley) como herramienta para visibilizar una forma de violencia invisibilizada y mal abordada
El mobbing no se reduce a un conflicto puntual ni a un malentendido; requiere la reiteración de conductas hostiles y la asimetría de poder. La literatura científica lo vincula con severos efectos en la salud mental y física: ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático e incluso somatizaciones graves.
Acoso sexual laboral
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el acoso sexual como toda conducta de carácter sexual no deseada que afecta la dignidad de una persona en el trabajo, creando un entorno intimidante, humillante o desestabilizador. En Uruguay, la Ley N.º 18.561 regula esta figura.
Es importante distinguir entre el «Acoso sexual quid pro quo»: cuando el acosador condiciona beneficios o sanciones laborales a la aceptación de conductas sexuales, y el «Acoso sexual ambiental», a saber cuando el entorno se torna hostil por conductas de connotación sexual, aunque no medie un condicionamiento directo.
Ambas categorías impactan profundamente en la seguridad psicológica de las personas en el trabajo, y requieren procedimientos claros de investigación y protección.
A veces el acoso sexual es usado como herramienta de intimidación dentro de una dinámica de mobbing.
Falsas denuncias: entre el mito y la realidad
Afirmar que “no existen denuncias falsas” es tan inexacto como afirmar que “todas las denuncias son falsas”. Ambos extremos dañan la credibilidad del sistema.
En el debate público se ha instalado la consigna: “las mujeres no mienten” y “no existen denuncias falsas”. Sin embargo, la evidencia científica indica otra cosa.
•No toda denuncia archivada es falsa: muchas veces se archiva por falta de pruebas, no porque el hecho no haya ocurrido.
•Pero tampoco todas las denuncias son verdaderas: existen cada vez más casos comprobados de acusaciones fabricadas, motivadas por conflictos interpersonales, venganzas o beneficios políticos.
La dificultad radica en que el discurso ideológico ha suplantado al análisis empírico. Afirmar que “no existen denuncias falsas” es tan inexacto como afirmar que “todas las denuncias son falsas”. Ambos extremos dañan la credibilidad del sistema.
El relato feminista y la política partidaria
En las dos últimas décadas, el discurso feminista institucionalizado ha instalado una consigna central: “las mujeres no mienten”. Bajo esta premisa, se han promovido reformas legislativas y políticas públicas que parten de la idea de que toda denuncia presentada por una mujer es, por definición, verdadera. Esta narrativa, repetida también por partidos de izquierda, buscó blindar la credibilidad de las denunciantes frente a siglos de descrédito social y judicial.
Sin embargo, el caso analizado revela las grietas de ese relato. Cuando la denunciante pertenece al mismo partido político y el denunciado es un referente de ese espacio, el principio se invierte: se empieza a hablar de “denuncia falsa”, y se responsabiliza a la mujer de haber causado un daño irreparable. Es decir, lo que antes era una verdad incuestionable —“las mujeres no mienten”— se transforma ahora en un relato descartado por conveniencia política.
Esta contradicción no es anecdótica: muestra cómo el discurso ideológico puede adaptarse según la conveniencia del poder.
- •Cuando el denunciado es un adversario político o un hombre anónimo, la consigna se aplica en forma absoluta.
- •Cuando el denunciado es un compañero de filas, la misma consigna se relativiza o incluso se revierte, convirtiendo a la denunciante en culpable.
El resultado es una doble vara discursiva: la verdad no depende de un análisis técnico ni de un proceso judicial, sino de la utilidad política del relato. Esto, además de ser éticamente cuestionable, tiene efectos devastadores en la credibilidad institucional y en la confianza social hacia las denuncias en general.
En el fondo, lo que se expone es un mecanismo de poder: el relato no protege a las víctimas por igual, sino que se ajusta al interés coyuntural. En consecuencia, se produce una nueva forma de violencia simbólica: el linchamiento de la denunciante cuando su denuncia incomoda al sistema que supuestamente debía protegerla. Y peor aún , hoy están ya listos para lincharle a ella , “ porque se lo merece “
¿Quién es la verdadera víctima?
El fallecimiento del denunciado introdujo un elemento decisivo en el debate: la muerte como clausura del relato. Cuando alguien muere, la sociedad tiende a idealizar su figura, borrando sus zonas oscuras y cristalizándolo en un rol de víctima. Este fenómeno, conocido en psicología social como idealización post mortem, funciona como un mecanismo colectivo de duelo, pero también puede convertirse en un obstáculo para la búsqueda de la verdad.
En este caso, el exlegislador pasó rápidamente de ser acusado de mobbing y acoso sexual a ser recordado como un hombre destruido por una “falsa denuncia”. La narrativa del dolor y la pérdida desplaza cualquier análisis objetivo, y convierte al fallecido en víctima incuestionable.
La denunciante, en cambio, queda atrapada en el lugar opuesto: no solo se la desampara políticamente, sino que se la responsabiliza de haber generado el deterioro y la muerte de un compañero. Se la estigmatiza, se la expone públicamente y se le asigna un peso causal imposible de demostrar científicamente: que su denuncia fue la causa directa del desenlace fatal.
Este desplazamiento revela un problema central: en lugar de esclarecer los hechos, el duelo colectivo y la conveniencia política producen un cierre narrativo. El caso deja de ser objeto de investigación y se convierte en una verdad absoluta: “él fue destruido por ella”. Así, se invisibiliza la complejidad —los factores múltiples que afectan la salud de una persona, las responsabilidades compartidas, la necesidad de un proceso judicial serio— y se sustituye por un relato simplista.
La pregunta entonces no es solo quién es la víctima, sino qué significa ser víctima en un sistema que acomoda su discurso según la conveniencia y la emoción colectiva. La muerte clausura la posibilidad de matices y abre paso a la polarización: de un lado, el mártir; del otro, la culpable.
El nexo causal entre denuncia, enfermedad y muerte
Uno de los puntos más sensibles de este caso es la idea de que la denuncia habría sido la causa directa del deterioro en la salud y de la posterior muerte del denunciado. Esta interpretación, repetida públicamente, instala un nexo causal simplista: denuncia → enfermedad → muerte. Sin embargo, desde la perspectiva científica, esta relación lineal es insostenible.
Multicausalidad de la enfermedad
La medicina psicosomática y la psicología de la salud han demostrado que las enfermedades graves rara vez tienen una sola causa. El estrés crónico puede actuar como factor de vulnerabilidad o desencadenante, pero siempre en interacción con predisposiciones biológicas, condiciones previas y contexto vital. Una denuncia puede constituir un estresor severo, pero no explica por sí sola el origen ni la evolución de una enfermedad terminal.
El peso del estrés laboral y social
Es indudable que estar bajo acusación pública genera un impacto emocional importante: ansiedad, insomnio, depresión reactiva. En casos de figuras políticas, además, se suma la exposición mediática y el aislamiento dentro de su propio entorno laboral. Estos factores pueden deteriorar la calidad de vida y agravar enfermedades existentes.
Pero afirmar que una denuncia causó la enfermedad y la muerte supone un salto lógico sin sustento clínico.
El riesgo del relato monocausal
Atribuir la muerte exclusivamente a la denuncia implica cargar en una sola persona (la denunciante) una responsabilidad desproporcionada e imposible de probar. Se pasa del análisis objetivo al relato moralizante, donde la complejidad médica se sustituye por una narrativa de culpa.
Desde la perspectiva forense, lo correcto es reconocer la denuncia como un posible factor estresor, pero nunca como causa única. Vincular de manera directa y absoluta la acusación con el desenlace vital es un abuso narrativo que ignora los principios básicos de la evidencia científica.
Consecuencias sociales y jurídicas
El impacto de este caso trasciende lo individual y se proyecta sobre el sistema de justicia, la credibilidad institucional y la confianza social. Al instalarse relatos contradictorios —unas veces negando la existencia de denuncias falsas y otras usándolas como explicación de una muerte— se generan consecuencias graves en múltiples planos.
Daño a las verdaderas víctimas
Las personas que sufren acoso laboral o acoso sexual real quedan invisibilizadas. Si se sostiene que “las mujeres siempre dicen la verdad”, se corre el riesgo de banalizar la gravedad del acoso, al convertir cada denuncia en verdad automática sin investigación. Por otro lado, si se afirma que una mujer mintió y destruyó la vida de un compañero, se alimenta la sospecha generalizada sobre todas las denunciantes. Ambos extremos terminan debilitando la voz de quienes realmente necesitan protección.
Inseguridad jurídica
Cuando la verdad depende del relato político y no del análisis técnico, se resquebraja la seguridad jurídica. Un sistema que unas veces cree ciegamente en la denunciante y otras veces la lincha públicamente, transmite un mensaje de arbitrariedad. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa quedan subordinados a la conveniencia del poder, lo que debilita la confianza ciudadana en la justicia.
Riesgo de mobbing institucional
En este contexto, la denunciante no solo queda sin respaldo, sino que pasa a ser objeto de hostigamiento público e institucional. Se configura así una forma de mobbing político-laboral, donde una organización utiliza su poder simbólico para aislar y deslegitimar a quien denunció, cargándola con culpas que no le corresponden.
Polarización social y desgaste de los discursos
Finalmente, este caso revela cómo los relatos ideológicos, cuando se aplican con doble vara, pierden credibilidad social. La ciudadanía percibe la incoherencia: si las denuncias nunca son falsas, ¿cómo explicar que ahora una denuncia sea presentada como causa de una muerte? Esta contradicción erosiona la legitimidad del discurso feminista institucional y deja al descubierto que la política usa la violencia como herramienta narrativa antes que como problema a resolver.
Discusión
El caso analizado pone en evidencia una tensión profunda entre relato ideológico y análisis técnico. La narrativa feminista institucional y ciertos sectores de izquierda han defendido durante años la consigna de que “las mujeres no mienten”. Sin embargo, ante un hecho que involucra a un compañero de filas, esa misma consigna se revierte y se acusa a una mujer de haber realizado una denuncia falsa que “destrozó la vida” de otro.
Esta incoherencia expone un problema estructural: la verdad se construye no a partir de la investigación objetiva, sino de la conveniencia política y emocional. En el terreno judicial y forense, esta volatilidad es peligrosa, porque socava principios básicos como la presunción de inocencia, la protección de las víctimas y el derecho a un debido proceso.
Desde la psicología forense, el desafío es claro: reemplazar los slogans ideológicos por protocolos basados en evidencia.
- •La credibilidad de una denuncia debe evaluarse con métodos rigurosos: entrevistas estructuradas, técnicas proyectivas, análisis de consistencia narrativa y triangulación de fuentes.
- •El impacto del hostigamiento laboral o sexual debe medirse con criterios clínicos y periciales, no con relatos políticos.
- •El nexo causal entre denuncia, enfermedad y muerte debe entenderse dentro de un marco de multicausalidad médica y psicológica, sin caer en reduccionismos que culpen a una sola persona.
El caso también obliga a revisar el concepto de víctima. La victimización no puede definirse solo por el lugar que ocupa alguien en el relato político o mediático. Una persona puede ser víctima de acoso; otra, víctima de una denuncia infundada; otra, víctima de hostigamiento institucional tras denunciar. Reconocer esta complejidad es clave para evitar injusticias en nombre de consignas.
Finalmente, este episodio muestra cómo el duelo colectivo y la idealización post mortem pueden clausurar la búsqueda de la verdad. Cuando la muerte se convierte en argumento final, se corre el riesgo de sacrificar la investigación objetiva y consolidar un relato único que no admite matices. La psicología forense, en cambio, debe mantener abierta la indagación, incluso frente a verdades incómodas.
Relatos vs. Realidad
Este caso revela cómo los relatos ideológicos pueden terminar deformando la realidad y produciendo nuevas formas de violencia. Lo que comenzó como una denuncia por acoso laboral y sexual terminó convertido en un campo de batalla discursivo donde la verdad se define según la conveniencia política y la emoción colectiva.
El resultado es devastador:
- •Las víctimas reales de acoso pierden credibilidad.
- •Los denunciados injustamente cargan con estigmas irreparables.
- •Las denunciantes incómodas son linchadas simbólicamente, incluso por los mismos que proclamaban protegerlas.
La psicología forense tiene la responsabilidad de ofrecer un camino distinto: rigor metodológico, análisis objetivo y respeto por el debido proceso. Solo así es posible identificar quién es la verdadera víctima en cada caso, sin caer en relatos prefabricados ni en la idealización post mortem que clausura la verdad.
Mientras la discusión siga guiada por consignas como “las mujeres no mienten” o “esta denuncia mató a un hombre”, la sociedad permanecerá atrapada en un doble estándar que no protege a nadie. Lo urgente es restituir la confianza en los procesos técnicos, científicos y judiciales, y recordar que la justicia no puede construirse sobre slogans, sino sobre hechos comprobados.