En un país donde las aguas territoriales siguen expuestas al narcotráfico y la pesca ilegal, clamando por una vigilancia efectiva, el gobierno actual parece priorizar el teatro político sobre soluciones concretas. La denuncia presentada en Fiscalía contra el contrato de las patrulleras oceánicas con el astillero español Cardama es un castillo de arena: sin intimaciones previas, sin agotar los mecanismos de buena fe estipulados en el propio contrato, y con un aroma a vendetta que eclipsa cualquier búsqueda real de justicia. ¿Qué se persigue en verdad? ¿Defender los intereses nacionales o saldar cuentas con el gobierno anterior?
Esta movida, liderada por el secretario de Presidencia y el prosecretario, huele a precipitación indecente. Se acusa de fraude al Estado, apuntando a ex funcionarios como el exministro de Defensa, pero sin esperar las resultancias civiles ni negociar las garantías en disputa. Es como incendiar la casa antes de verificar si hay fuego: el contrato sigue vigente, las patrulleras se construyen al 60%, y el gobierno actual ya pagó dos cuotas millonarias mientras realizaba un seguimiento estrecho, incluso con reuniones recientes entre la ministra de Defensa y representantes de la empresa. ¿Dónde está la prueba de dolo? ¿Dónde está la irregularidad que justifique rescindir un acuerdo que el propio Estado validó y financió? Nada sólido, solo indicios vaporosos sobre un 5% del contrato, relacionados con una garantía no intimada adecuadamente.
Esta actitud poco profesional y desprolija no solo demora indefinidamente la llegada de las patrulleras que Uruguay necesita con urgencia para patrullar sus 200 millas náuticas –dejándonos vulnerables mientras el proceso se arrastra en litigios–, sino que nos expone a un juicio millonario contra el Estado. Cardama, respaldada por un contrato internacional, no se quedará quieta ante esta rescisión anunciada con bombos y platillos; podríamos terminar pagando indemnizaciones astronómicas, como en casos pasados donde el erario público sangró por errores similares. En lugar de revisar el contrato con prudencia, intimar al proveedor y resolver controversias mediante mediación, se optó por el show: una conferencia de prensa con el presidente al frente, denuncias penales apresuradas y un montaje que erosiona la reputación del país en el exterior.
¿Prudencia institucional? Ausente. ¿Lógica contractual? Olvidada.
Solo queda el escándalo, ese viejo aliado de la imprudencia natural de nuestra izquierda vernácula, esa que prioriza el corto plazo electoral sobre el interés nacional. Es evidente que la única intencionalidad de todo esto es mantener entretenida a la maquinaría militante, que hace poco decidió retobarse.
Mientras el gobierno actual ignora su propia responsabilidad en los pagos y el seguimiento, el bochorno internacional nos pinta como un Estado caprichoso, incapaz de honrar compromisos firmados. Es la teoría del hecho propio al revés: denunciamos lo que nosotros mismos continuamos ejecutando. ¿Qué gana el país? Un limbo jurídico que podría extenderse años, justo a tiempo para la próxima campaña.
Como dice la canción «Maldito show» del Cuarteto de Nos: «Nada es real sino ocurre frente a cámaras. Nada más espectacular que un buen escándalo».