Nicolás Cavia
En Uruguay pasa algo extraordinario, tenemos un país entero funcionando con un solo botón. Lo aprieta el gremio. No importa el sector, el problema, la coyuntura o el impacto.
El método es siempre el mismo: parar todo.
Los docentes paran porque la educación está en crisis, y la solución, aparentemente, es que los chicos pierdan más clases. Los lácteos paran porque dos empresas cierran plantas, y mientras tanto, cientos de productores ven su leche derramarse, literalmente, en el tambo. Los pescadores llevan casi 70 días con barcos amarrados y pérdidas que ya superan los 40 millones de dólares.
La lógica es tan simple como perversa: para conseguir lo que queremos, hacemos daño.
Daño económico, social, productivo y educativo. Daño a terceros que no son parte del conflicto, pero que se vuelven rehenes de la negociación. Porque en este país, el paro no es la última herramienta: es la primera.
Y mientras tanto, ¿qué hace el Estado? Observa. El gobierno se convierte en mediador profesional de conflictos que, en realidad, tienen dos actores adultos que deberían resolverlos entre ellos. Pero claro, es mucho más fácil mantener la mística de la lucha, aunque el costo lo pague el resto.
La pregunta que nunca nos animamos a hacer es incómoda: ¿quién controla al sindicato?
¿Quién mide si sus métodos y resultados se corresponden con la magnitud del daño que generan? Porque defender derechos laborales es legítimo. Convertirse en un poder intocable, no.
En el fondo, el problema es cultural. En este país, el paro está romantizado. Se ha convertido en sinónimo de compromiso, cuando en realidad es la confesión de un fracaso. Si no cambiamos esa mentalidad, seguiremos con aulas vacías, leche desperdiciada, barcos amarrados y discursos inflamados que no alimentan ni educan a nadie.
El problema no es la organización sindical. El problema es su impunidad. Un sindicato que no se hace responsable por el daño que genera no es un defensor de derechos: es un agente de privilegios. Y un sistema político que no se anima a decirlo es cómplice por omisión.
El Uruguay debería entender que el derecho a reclamar no puede atropellar el derecho de los demás a vivir y producir. Hasta que no entendamos eso, seguiremos siendo el país donde el paro es la respuesta para todo… y el progreso, la respuesta para nada.