Los impuestos matan.
Algunos seguramente se escandalizarán con esta afirmación, pero es la triste realidad.
Las burocracias estatales, se han transformado en un fin en sí mismas, sin importarles lo más mínimo, los resultados de su gestión, sólo luchan para obtener cada vez más un pedazo mayor de los impuestos que recaudan sobre los ciudadanos, para asegurar su supervivencia.
Como no producen riqueza alguna, su única fuente de recursos son los impuestos que lograr extraer de la ciudadanía, y como son muchas las entidades públicas, no dudan en exprimir al ciudadano desde distintos organismos, cada uno de ellos cobrando nuevos y mayores impuestos.
Tal cual el picudo rojo real, hace con las palmeras, el picudo rojo estatal, parasita al ciudadano, extrayéndole cada vez una porción mayor de sus ingresos o bienes, hasta que logra aniquilarlo.
El sector automotor es un claro ejemplo de ello: se cobran múltiples impuestos sobre la compra del auto, (IVA, IMESSI, TASA CONSULAR, etc.) lo cual infla el precio al doble, o a más del doble, según los casos. Esto lo recauda la DGI y el gobierno central.
Pero una vez comprado el auto, ahora las Intendencias a través del SUCIVE, cobran las patentes a valores abusivos, que sobre autos más viejos, que van perdiendo valor, terminan cobrando tasas cada vez más altas sobre el valor de mercado, inflado del vehículo.
Ello implica que si bien ya le pagamos un auto al Estado cuando lo compramos, al usarlo, y en unos años, le volvemos a pagar otro auto, pero ahora a la Intendencia donde empadronamos el auto.
El auto no es caro. El Estado lo hace caro.
Comprás un auto que en origen vale USD 10.000. Puesto en Uruguay, entre aranceles, IMESI, IVA y tasas, el Estado lo lleva fácil a USD 20.000 o más.
Hasta ahí, ya es un abuso.
Pero hay algo peor
La patente (SUCIVE) se calcula sobre ese valor inflado por impuestos, con la excepción del IVA.
Es decir: pagás patente sobre IMESI y aranceles.
Impuesto sobre impuesto. Año tras año.
No es que el auto sea caro. Es que una parte enorme del precio es agregado y cobrado por el Estado, y encima te cobra renta permanente solo por el hecho de tenerlo (PATENTES).
Puede llegar a tener que pagar además impuesto al patrimonio.
Los impuestos no terminan ahí, dado que al usar el vehículo, cada vez que cargamos combustible, pagamos un litro para nosotros, y otro litro para el Estado, debido a que los combustibles también tienen una elevada carga impositiva.
Además, si se nos ocurre salir de la capital, al usar las rutas pagamos peajes, que según los trayectos, pueden implicar pagar otro tanto adicional al costo del combustible utilizado.
Y por si todo esto fuera poco, ahora se agregan las multas aplicadas por radares, que se han multiplicado a nivel departamental, sobre todo en Canelones, Montevideo y Maldonado, aunque también se han colocado en otras administraciones departamentales.
El MTOP no se queda atrás, y ahora ha colocado más de 100 radares.
Así que sobre el sector automotor, existen múltiples picudos rojos impositivos, de distintos organismos del Estado, cada uno recaudando una parte, pero todos extrayendo recursos del mismo bien del ciudadano, exprimiéndolo cada vez más hasta que lo terminan matando.
Y no es literal, dado que existe una mortalidad creciente en el tránsito, con cifras récord de mortalidad el año pasado, cifras que crecen a pesar de la proliferación de radares para control de velocidad.
La mortalidad en el tránsito no para de crecer, debido a dos factores principales, las rutas riesgosas e inseguras, y los vehículos inseguros.
La proliferación de vehículos viejos e inseguros, es la consecuencia directa de la política fiscal sobre el sector automotor, que hace que en Uruguay la flota vehícular se utilice durante muchos más años, más de 20, y que predomine la incorporación de vehículos de baja seguridad.
La otra consecuencia es la gran cantidad de motos, que son los vehículos que aportan más de la mitad de las muertes en el tránsito, y más del 65% de los heridos graves en el tránsito.
Otra consecuencia adicional, es que el abuso impositivo hace que cada vez más gente se pase a la informalidad en el tránsito, lo cual se manifiesta de varias formas, circulando sin matrícula, con deudas de patentes y multas impagas, o directamente circulando sin libreta de conducir.
La informalidad afecta e incrementa la inseguridad vial, haciendo que ninguna de las medidas propuestas, como la libreta por puntas, o las multas aplicadas por radares, tengan efecto alguno.
Esto se refleja en el afán del SUCIVE de atar el cobro de las multas al cobro de la patente, dado que más de la mitad a las ⅔ partes (según las fuentes) de las multas aplicadas, no se cobran nunca.
Uruguayos pagaron US$ 180 millones por multas en 2023
También existe una morosidad elevada en el pago de la patente, que se incrementa en la medida que aumenta la antigüedad de los vehículos, llegando al 40% en vehículos de mayor antigüedad.
Así que la política impositiva sobre el sector automotor, que aplican distintos organismos públicos, tal cual picudos rojos impositivos, son los directos responsables de un sector automotor donde predominan los vehículos viejos, inseguros, con predominio de motos, también inseguras (el 95% de las motos no frenan) y que provoca muertes, superando las 470, y dejando decenas de miles de heridos año tras año.
Autos antiguos, con problemas de frenos, chasis, amortiguadores y motores, en Uruguay no son pocos. Según estadísticas del Congreso de Intendentes a la que accedió El País a inicios de este año, casi 270.000 autos matriculados entre 1901 y 1991 circulan hoy por calles y rutas uruguayas. Es decir, los vehículos más “nuevos” de esa categoría poseen 34 años de antigüedad y varios miles de kilómetros rodados.
De los 270.000 autos viejos, casi 100.000 tiene más de 50 años. Ello sucede porque en Uruguay, a diferencia de otros países, no hay una ley que otorgue la baja obligatoria para esos vehículos antiguos.
Los que se mueren o resultan lesionados graves, son los usuarios más vulnerables y los más pobres, que utilizan motos, bicicletas, se desplazan a pie en entornos urbanos riesgosos, o que usan vehículos viejos e inseguros, sin elementos tecnológicos de seguridad, que hoy en día son obligatorios y de uso rutinario en Europa y países desarrollados.
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