Hay debates que parecen técnicos, incluso administrativos, pero en realidad son profundamente políticos en el mejor sentido del término, afectan las bases mismas del Estado de Derecho.
El tema que nos ocupa es sin dudas uno de los más sensibles -si no el más- del discurso realizado por el presidente Orsi, y aquí no nos vamos a centrar en la creación de cargos, burocracia y el ensanchamiento del Leviatán, lo cual condenamos. Hoy vamos a centrarnos en defender la separación de poderes y en definitiva, la República.
La eventual creación de un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en Uruguay que concentre bajo su órbita la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Pública y el sistema penitenciario no es una mera reforma organizativa.
Más bien, es la redefinición estructural del equilibrio de poderes. Y, desde mi experiencia como abogado que patea pasillos del sistema judicial y penitenciario, estoy convencido de que se trata de un grave error institucional.
Debemos dejar banderas partidarias, no se trata de una cuestión de simpatías ni de resistencias corporativas. Se trata de algo mucho más básico, el diseño constitucional del Estado y la garantía de independencia de la justicia como condición de la libertad de los ciudadanos.
La Constitución de la República establece un sistema de separación de poderes claro y deliberado. El Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, es un poder del Estado con autonomía funcional.
No es un apéndice del Poder Ejecutivo ni una oficina administrativa más. La lógica constitucional no es antojadiza, y por más que desde la vecina orilla la ex presidente Cristina Fernández ha cuestionado el funcionamiento del sistema republicano y la división de poderes, ejemplo que es absorbido por el oficialismo, lo cierto es que distribuye el poder para evitar su concentración. Y esa distribución no es un decorado, es nada más y nada menos que la barrera que protege al ciudadano común frente al abuso.
Hacer gárgaras de republicanismo y democracia en este país y atentar contra la independencia judicial es un oxímoron.
La independencia judicial no es un privilegio de jueces, fiscales o defensores. Es, por sobre todo, una garantía del justiciable. Es la seguridad de que quien lo juzga no recibe órdenes del gobierno de turno. Es el respeto al juez natural. Es la certeza de que la acusación no responde a conveniencias coyunturales y que la defensa no está condicionada por jerarquías políticas.
Cuando la independencia se deteriora, aunque sea de forma sutil o simbólica, el sistema de justicia deja de ser y empieza a parecerse peligrosamente a un sistema de administración de conflictos al servicio del poder.
Algunos sostienen que un Ministerio de Justicia podría mejorar la coordinación institucional. Suena razonable. Pero la pregunta no es si puede ser más eficiente, la pregunta es si puede ser más peligroso.
Y cuando hablamos particularmente de justicia penal, el riesgo no es abstracto, hablamos de libertad, de prisión, de antecedentes penales, de reputaciones y vidas destruidas. No estamos discutiendo trámites administrativos, estamos discutiendo el poder de perseguir y castigar.
Si la Fiscalía General de la Nación (titular de la acción penal pública), ya cuestionada por su carácter de Servicio Descentralizado, pasara a depender jerárquicamente de un Ministerio integrado al Poder Ejecutivo, la autonomía técnica del Ministerio Público quedaría inevitablemente condicionada, por más palabras perfumadas que se le ponga al proyecto, siempre habrá un jefe que digite a placer.
No hace falta imaginar órdenes explícitas. Basta con pensar en presupuestos, ascensos, traslados, designaciones. La dependencia administrativa genera dependencia real. Y en materia penal, la autonomía no puede ser relativa: o existe, o no existe.
Para bajarlo a tierra, pensemos en una hipótesis perfectamente posible: una investigación que involucre a jerarcas del gobierno de turno o a actores políticos con peso. ¿Puede alguien afirmar con absoluta tranquilidad que un fiscal que depende orgánicamente del Poder Ejecutivo no sentirá, al menos, una presión indirecta? No hablo de llamadas telefónicas indebidas. Hablo de algo más sutil y más frecuente, el mensaje implícito de que ciertas decisiones “no son convenientes”.
La igualdad de armas en el proceso penal también se vería aún más comprometida. Nuestro sistema acusatorio descansa -supuestamente- en el equilibrio entre acusación y defensa. Si tanto la Fiscalía como la Defensoría Pública quedaran bajo la misma órbita ministerial, la imagen institucional de ese equilibrio se rompe. Aunque formalmente mantuvieran autonomía técnica, el ciudadano podría percibir -y con razón- que su verdugo y defensor comparten techo político.
En el proceso penal, la percepción de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma. La legitimidad del sistema depende de que el imputado, la víctima y la sociedad entera confíen en que las reglas del juego no están inclinadas. Si el acusador responde, directa o indirectamente, al mismo poder político que administra el sistema penitenciario y controla la estructura de la defensa pública, el equilibrio se vuelve -siendo benévolo- frágil.
El sistema carcelario merece un capítulo aparte.
La ejecución de la pena es parte del proceso penal, no una simple etapa administrativa. Las condiciones de detención, los regímenes de progresividad, las libertades anticipadas, la coordinación con el Poder Judicial en materia de redención y beneficios no son cuestiones menores.
Si el órgano que administra las cárceles forma parte de la misma estructura política que impulsa políticas de seguridad con énfasis punitivo, el riesgo de que el sistema penitenciario se subordine a la lógica electoral es evidente.
No se trata de demonizar al Poder Ejecutivo. Se trata de reconocer que su naturaleza es política, y debe serlo. El gobierno gobierna, diseña políticas públicas, compite en elecciones, responde a mayorías.
La justicia, en cambio, debe estar aislada de esa dinámica. No porque sea una entelequia intocable y pura, sino porque cumple otra función. Mezclar ambas lógicas es como mezclar agua y aceite, tarde o temprano se separan, pero en el proceso se enturbia todo, se embarra, se rompe.
Y sí, algunos países cuentan con Ministerios de Justicia, es cierto. Pero los modelos institucionales no son trasplantes automáticos. Uruguay ha construido históricamente un sistema en el que la independencia judicial ha sido un rasgo distintivo y una fuente de estabilidad democrática por la que debe sentirse orgullo (con aciertos y errores). Copiar estructuras sin atender a nuestra tradición constitucional puede generar más problemas que soluciones.
Estando además siempre latente la utilización política del sistema penal. Cuando la estructura de persecución penal depende del poder político, la tentación de usar el derecho penal como herramienta de presión o disciplinamiento aumenta. No hace falta que ocurra, basta con que sea posible para que el sistema pierda credibilidad.
Veamos un segundo caso hipotético, un clima social enrarecido, protestas masivas, conflictos sindicales o disputas empresariales. ¿Puede garantizarse que la decisión de impulsar determinadas investigaciones penales no se vea influida por consideraciones políticas? La fortaleza de un Estado de Derecho se mide en los momentos de tensión, no en los de calma.
Debe quedar claro, el funcionamiento actual no es el ideal. Pero los problemas de gestión no se resuelven debilitando la estructura republicana. Si algo no funciona bien, se corrige respetando los principios, no sacrificándolos.
La justicia no puede convertirse en una herramienta de coyuntura política. No puede ser el brazo ejecutor de un programa de gobierno, por más legítimo que ese gobierno sea. El poder punitivo del Estado es el más intenso y el más invasivo. Por eso mismo, debe estar rodeado de garantías y contrapesos.
Leí por ahí una frase que me quedó sonando, decía que “la independencia judicial no se defiende cuando ya se perdió, se defiende antes”. Por tanto, no confundamos modernización con subordinación, coordinación con control. Ni confundamos eficiencia con concentración.
Como abogado, como operador del sistema y sobre todo, como ciudadano, creo firmemente que la justicia uruguaya debe permanecer independiente del poder político. No por desconfianza personal hacia quienes gobiernan hoy, sino por responsabilidad hacia quienes gobernarán mañana.
Debemos tener muy presente que las instituciones no se diseñan para los hombres de hoy, sino para las generaciones del mañana. Cuando se trata de justicia, más vale pecar de cautelosos que lamentar haber abierto la caja de Pandora.
Por último, que no se transforme esta idea en un “Ministerio de la Verdad” que concentre relato y poder punitivo bajo un mismo techo. Si realmente queremos mejorar el sistema, el camino no es absorberlo políticamente, sino fortalecer al Poder Judicial, que hoy carece de recursos esenciales (humanos, técnicos y presupuestales), mientras demasiados fondos se desvían hacia prioridades más políticas que sociales.
La Justicia no necesita tutela, exige herramientas.