Una bala que atraviesa el ventanal de una casa no es un accidente aislado. Un niño herido mientras está en su hogar no es una fatalidad inevitable. Una adolescente alcanzada por un disparo en su cama no es una estadística más. Y una familia que queda “bien, pero asustada” no debería ser el alivio posible en una sociedad que aspira a vivir en paz.
En las últimas semanas, Uruguay volvió a enfrentarse a una desagradable realidad: las llamadas “balas perdidas” ya no pueden ser tratadas como episodios excepcionales.
Detrás de cada proyectil que impacta en una vivienda, en una niña, en un adolescente o en una familia inocente, hay algo mucho más profundo que un error de puntería.
Hay territorios disputados, crimen organizado, microtráfico, ausencia de oportunidades y un Estado que se llena la boca hablando de inclusión y progreso social, pero que demasiadas veces llega tarde.
Por eso, llamemos las cosas por su nombre: no son “balas perdidas”. Son balas disparadas en contextos de violencia real, concreta y cotidiana. Son el resultado directo de tiroteos entre criminales que pelean por el control de bocas de venta, por cuadras, por barrios y por mercados ilegales que se instalaron allí donde el Estado perdió por temor, por prejuicio a la represión, o que por incapacidad retrocedió durante años.
El término “bala perdida” se parece demasiado a aquella expresión tan usada durante años: “ajuste de cuentas”. Ambas fórmulas sirven para bajarle el precio a lo intolerable. Como si el problema perteneciera siempre a otros.
Como si la violencia, al ser categorizada, se volviera menos violenta. Como si mientras no toque nuestra puerta, o nuestro ventanal, no fuera un problema de todos.
Pero estimado lector, aquí la mala noticia: lo es.
Los casos recientes muestran una penosa realidad. Niños heridos dentro de sus casas. Adolescentes alcanzados por disparos en barrios como Colón, Flor de Maroñas, Marconi, Piedras Blancas y otras zonas periféricas.
Familias que cambian sus rutinas, que duermen lejos de las ventanas, que dejan de mandar a sus hijos solos a la escuela, que aprenden a vivir con el sonido de los disparos como parte del paisaje nocturno.
Estos hechos que son de público conocimiento y han salido en la prensa, deben contrastarse con las cifras oficiales, que paradójicamente o no, demuestran descensos en homicidios, rapiñas y otros delitos. No hay razón para desconocer esos datos de antemano.
Pero las estadísticas no alcanzan para medir el miedo cotidiano de los barrios más golpeados. Una baja porcentual puede ser real y, al mismo tiempo, insuficiente para quien vive encerrado temprano, para quien evita salir de noche o para quien siente que una bala puede entrar por la ventana en cualquier momento.
La inseguridad no se vive igual en todos lados. Es una realidad. En los barrios más humildes, la violencia armada no es una noticia lejana, es una amenaza latente, repetida y concreta. Allí el miedo no aparece solamente después de un hecho policial. Está antes, durante y después. Se trata de algo que la sociedad ya lo incorporó, por eso no resuenan las alertas del “escandalómetro”.
Pero incuestionablemente condiciona la vida familiar, la educación, el trabajo, el comercio, el transporte y hasta la forma en que los niños entienden el mundo.
Hasta allí la realidad en crudo, ahora hablemos de las consecuencias.
La represión, aunque no guste la palabra, también es necesaria. El Estado debe cumplir su rol primario: perseguir bandas, desarticular redes y recuperar autoridad en los barrios.
Pero, tampoco alcanza con mandar patrulleros dos semanas y después desaparecer. Tiene que haber policía, sí, pero también escuela, laburo, luces en la calle, plazas cuidadas y vecinos que no tengan que esperar a que haya un muerto para recibir una respuesta.
También hay que animarse a discutir el trabajo sin consignas vacías. Si queremos que los barrios progresen, debe ser viable generar empleo allí. Las pequeñas empresas, los comercios familiares y los emprendimientos locales no pueden ser tratados como si tuvieran la espalda financiera de una gran superficie o de una multinacional.
En palabras sencillas, el laudo no puede ser el mismo para un comercio que sobrevive en esos lugares que para la empresa consolidada a nivel nacional.
Promover trabajo genuino en zonas vulnerables debería ser una prioridad nacional, con incentivos concretos, reglas razonables y menos miedo a discutir lo que hoy no funciona.
Los planes barriales, las intervenciones urbanas y los programas de convivencia pueden ser pasos importantes, pero su escala es insuficiente frente a una dinámica criminal que se adapta rápido.
El narco no espera. Avanza donde encuentra vacío, necesidad y abandono. Toma lo que le sirve, usa a quienes puede usar y descarta a quienes deja de necesitar.
Mientras tanto, la política está en un cumpleaños. Se prometen soluciones en campaña, se recorren barrios con gesto preocupado, se sacan fotos, se anuncian planes y luego la vida cotidiana sigue igual para demasiadas familias.
La confianza en las instituciones se erosiona cuando la presencia del Estado aparece más en el discurso que en la protección concreta, y es justamente allí donde el narco crece, suplanta al político incumplidor, sin burocracia, sin trámites, sin timbres.
La inseguridad no está solo en las denuncias. Está en el miedo de todos los días, en la persiana que se baja antes, en la madre que espera despierta y en el vecino que ya sabe dónde tirarse cuando escucha disparos. En niños que juegan adentro.
Por eso, digamos las cosas como son: No son balas perdidas, aunque insistan en llamarlas así. Tampoco son daños colaterales ni errores inevitables. Son tiros que salen de lugares concretos, por razones concretas, y terminan pagando los de siempre.
Resolverlo exige más que indignación. Exige continuidad, recursos, inteligencia policial, oportunidades reales y una decisión política que no dependa del calendario electoral.
Mientras sigamos llamándolas “balas perdidas”, vamos a seguir perdiendo lo que de verdad importa: gurises, barrios enteros y la idea mínima de que en Uruguay se puede volver a vivir tranquilo.