Hace casi un mes, el 26 de marzo de 2026, el gobierno de Yamandú Orsi presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. No fue un anuncio más. Fue una hoja de ruta de Estado: 79 acciones, más de 130 medidas concretas y diez reformas normativas para enfrentar la violencia, el crimen organizado y la reincidencia.
Entre ellas, la estrella polémica: la profunda reforma del Código del Proceso Penal (CPP) enviada al Parlamento. El Ejecutivo la vendió como un paso maduro, construido con consenso entre fiscales, defensores, Suprema Corte y expertos.
El objetivo es claro y legítimo, descongestionar cárceles hacinadas (Uruguay tiene la tasa más alta de la región), promover la reinserción, reducir la reincidencia y dar coherencia a un código que, desde 2017, ha sido parcheado por hechos aislados y leyes de urgencia.
Suena razonable. Pero también genera dudas profundas que vale la pena plantear sin griterío ni demagogia.
Empecemos por lo que el plan tiene de encomiable. Por primera vez en mucho tiempo, un gobierno uruguayo propone una estrategia a diez años, con indicadores medibles, coordinación interinstitucional y énfasis en prevención e inteligencia.
No solo más policías (se anuncian 1.700 nuevos efectivos) ni más cámaras. Hay foco en territorio, en ciberdelitos, en violencia de género y en romper el ciclo adicción-delito con tribunales de drogas y justicia terapéutica. De salir bien, es un progreso.
Reconoce que la seguridad no se resuelve solo con mano dura, sino con el Estado ejerciendo -de una vez- su principal función, con presencia donde duele. Hasta aquí, aplausos.
Ahora, los cambios más relevantes son tres y apuntan al mismo norte, menos gente presa.
Primero, se reintroduce la suspensión condicional del proceso (derogada por la LUC), que permite resolver causas de baja lesividad a cambio de obligaciones del imputado.
Segundo, se amplía el principio de oportunidad, es decir, facultades que se le otorgan a los fiscales a no perseguir determinados delitos.
Tercero, se facilita la redención de penas por trabajo o estudio incluso para quienes aceptaron acuerdos de reconocimiento de delito, y se abren más puertas a medidas alternativas a la prisión y a la justicia restaurativa.
Este último punto ha sido parcialmente modificado, con la actual oposición sobre el art. 273.5 que otorgaba la posibilidad a los condenados por proceso abreviado a acceder a libertades o institutos propios del cumplimiento o la ejecución de la pena, extremo que tuvo varias críticas y el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
El gobierno argumenta, con razón, que el sistema penitenciario está en crisis, hacinamiento inaceptable, reincidencia alta y recursos insuficientes para rehabilitar.
Es innegable que meter a todo el mundo preso por todo no resuelve nada, solo genera más resentimiento y más delito a la salida. Pero aquí viene el “pero” que el plan no termina de responder con datos duros y plazos concretos.
¿Realmente estas puertas abiertas reducirán la reincidencia o solo la postergarán? La experiencia regional muestra que las medidas alternativas funcionan cuando hay supervisión estricta, seguimiento real y sanciones inmediatas por incumplimiento.
¿Tenemos esa capacidad instalada hoy? ¿Está la DIMANA (ex DINASLA, ex OSLA) capacitada para cubrir todas las libertades que el nuevo régimen pretende instaurar? ¿O estaremos confiando en un sistema de justicia que, según los propios actores sigue saturado?
Otra pregunta difícil. ¿dónde trazamos la línea entre “delito de baja lesividad” y el mensaje que llega a la calle? En un país donde el hurto de un delivery o una rapiña en Pocitos genera terror cotidiano, ampliar la suspensión condicional y el principio de oportunidad puede interpretarse (justa o injustamente) como un guiño a la impunidad.
No es demagogia, es percepción ciudadana. Y la percepción, en seguridad, es casi tan importante como la realidad, no como dijo el otrora ministro Bonomi restándole importancia, llamándola “sensación térmica”.
El plan habla de racionalizar el uso de la cárcel. Perfecto. Pero racionalizar no puede significar suavizar sin medir consecuencias. La reincidencia no es un dato abstracto, es el vecino que vuelve a robar, el joven que reincide en narco porque afuera no hay trabajo ni contención. El chiquilín que mira cómo en el barrio quien delinque progresa y quien trabaja vive en penurias.
¿Qué garantías concretas ofrece la reforma para que la justicia restaurativa no termine siendo un “perdón gratis” sin reparación real para las víctimas? El proyecto mejora la participación de las víctimas (acceso a prueba, acuerdos reparatorios, asistencia gratuita), y eso es positivo. Pero ¿será suficiente cuando el victimario no cumpla?
Otro problema, ¿qué pasa cuando la víctima denuncia y su caso queda “muerto” dentro del sistema SIPPAU de fiscalía sin un fiscal que sepa de su existencia? Aquí no hay norma que ni reforma que salve las carencias del sistema, la falta de personal y la imprevisibilidad de quien no entiende cómo funciona el delito desde su génesis hasta no ya su resolución, sino, su mera puesta en investigación.
Aquí radica el interrogante central que el lector debería hacerse: ¿estamos ante un equilibrio inteligente entre garantías y firmeza, o ante un péndulo que vuelve hacia la indulgencia justo cuando el crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas exigen todo lo contrario?
El gobierno insiste en que no se toca el endurecimiento de penas para delitos graves. Bien. Pero el CPP es el día a día del sistema: la formalización, la prisión preventiva, la salida anticipada.
Cambiarlo sin un monitoreo estricto y público de resultados en los próximos 24 meses puede generar un efecto no deseado, más denuncias archivadas, más presos liberados antes y, sobre todo, más delitos.
El Plan Nacional tiene propuestas interesantes, tales como la prevención terciaria, inteligencia, coordinación. Pero su éxito dependerá de que la reforma del CPP no sea su talón de Aquiles. Porque una cosa es tener un plan ambicioso sobre el papel y otra es que los uruguayos sientan, en la esquina de su barrio, que hay menos miedo y más seguridad.
La verdadera valía del plan se verá si la Policía continúa de manos atadas o con las herramientas que tiene puede apuntalar sus investigaciones y verlas reflejadas en la realidad. Resultados, señores.
¿Funcionará esta combinación de más prevención y menos cárcel preventiva? ¿Reducirá realmente la reincidencia o solo descongestionará cárceles a costa de la calle?
Esas preguntas no son de oposición ni del oficialismo, son de cualquier uruguayo que quiere vivir más seguro. El gobierno abrió el debate. Ahora le toca a la sociedad, y sobre todo al Parlamento, primero, estar a la altura, y segundo, exigir que las respuestas no sean solo técnicas, sino también contundentes.
Sólo el tiempo dirá si la puerta giratoria frena, o si, por el contrario, encontró aceite en forma de ley.