Si uno escucha a nuestros políticos, empieza a sospechar que la Justicia dejó de ser un poder del Estado para convertirse en una partícula subatómica. No se la ve, no se la entiende del todo, pero está en todas partes al mismo tiempo. Una Justicia cuántica.
En las noticias de estos días (no importa cual, ya sea la directiva anterior de ASSE o la Ministra de Defensa), una vez más, alguien decidió que un conflicto político, administrativo o simplemente humano debía resolverse en sede penal. No porque fuera necesariamente un delito, sino porque, en el ecosistema actual, la denuncia penal funciona como una especie de acelerador de partículas: todo lo que entra ahí adentro adquiere masa, gravedad y, sobre todo, visibilidad.
La vieja idea del Derecho Penal como última ratio quedó tan anticuada como el fax. Hoy es la única ratio. La herramienta universal. El equivalente institucional a ese botón que dice “en caso de duda, romper el vidrio”. Solo que ya no hay vidrio, porque lo rompimos tantas veces que quedó abierto permanentemente.
La mecánica es simple. Un político observa un hecho. No lo analiza en términos políticos, que sería lo esperable. Lo mide en términos penales. ¿Hay dolo? ¿Hay abuso? ¿Hay algo que suene lo suficientemente técnico como para justificar una denuncia? Si la respuesta es “más o menos”, alcanza. Se denuncia igual. Después vemos.
Y ahí aparece la parte cuántica. El mismo hecho puede ser, al mismo tiempo, un escándalo gravísimo y una nimiedad absoluta. Depende del observador. Y del fiscal que toque. Y del momento político. Es el principio de incertidumbre aplicado al Código Penal: cuanto más se investiga algo, menos claro queda por qué se investigaba.
Mientras tanto, la inflación penal mental sigue su curso. Cada semana se emiten nuevas “unidades de gravedad delictiva”. Lo que antes era una irregularidad administrativa ahora es potencialmente un delito. Lo que antes era un error, hoy es una conducta penalmente reprochable. Hemos devaluado el delito a fuerza de usarlo para todo.
El efecto es curioso. En lugar de fortalecer la Justicia, la saturamos. En lugar de darle autoridad, la banalizamos. Y en lugar de resolver conflictos, los congelamos en expedientes que pueden durar más que las propias carreras políticas de quienes los iniciaron.
Pero lo más interesante es que nadie parece querer bajarse de este sistema. Porque la denuncia penal tiene una ventaja irresistible: no obliga a probar demasiado en el corto plazo, pero sí permite insinuar mucho de inmediato. Es, en términos políticos, una inversión de bajo costo y alto rendimiento simbólico.
Así que aquí estamos, viviendo en una república donde la política se discute en tribunales y la Justicia funciona como un comentarista involuntario de la coyuntura. Una Justicia cuántica, con inflación penal, donde todo puede ser delito hasta que deja de serlo, y viceversa.
Tal vez, en algún momento, alguien proponga volver a esa idea extravagante de que no todo merece una causa penal. Pero cuidado. Eso también podría ser denunciable. Por omisión. O por nostalgia institucional. Nunca se sabe.
Hasta la próxima, si es que hay…