La “causa saharaui”: un viaje imposible a la libertad olvidada
“Hay pueblos que no pierden la guerra: pierden el derecho a decidir su destino.”
El desierto tiene memoria. No la memoria de los archivos ni de los tratados, sino la que guardan los cuerpos: la arena que se cuela en los pliegues de la vida, las noches sin horizonte, los campamentos que se vuelven ciudades de lona, los niños que aprenden a escribir sobre tablas y los ancianos que repiten historias para que no se extinga la identidad.
En el Sáhara Occidental, la historia no avanza: se suspende, se detiene y, en un bucle interminable, se repite in aeternum, et ultra. Y un pueblo entero vive desde hace medio siglo en ese tiempo detenido que devora generaciones perdidas, proyectos rotos, sueños olvidados.
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Dos voces para entrar en un conflicto olvidado
A lo largo de la historia, allí donde un poder omnímodo intenta acallar un pueblo y enajenarle, no ya la voz, sino la memoria misma, ha sido la literatura la que ha evitado el olvido y mantenido la llama de la libertad. Desde los papiros de la antigüedad hasta los zamizdat en la Unión Soviética.
En el larguísimo conflicto del Sáhara Occidental, han sido sus escritores, poetas, cantantes, los que han mantenido la llama viva. Entre ellas, dos voces saharauis —distintas pero complementarias— abren este capítulo.
Taleb Alisalem, periodista de la nueva generación, en “Sáhara Occidental. Un viaje a la libertad” (2023–2024), ofrece un relato político y geopolítico: la colonización española, la traición de los Acuerdos de Madrid de 1975, la ocupación marroquí, las promesas incumplidas de España y la frustración de un pueblo que espera que el derecho internacional se cumpla.
Bahia Mahmud Awah, antropólogo y narrador de la Generación de la Amistad Saharaui, en obras como La maestra que me enseñó en una tabla de madera y El sueño de volver, ilumina la dimensión íntima del exilio: la transmisión cultural en los campamentos, el rol de las mujeres, la memoria del desierto, la identidad que resiste en la diáspora.
Juntas, estas dos miradas —la política y la humana— permiten entrar en uno de los conflictos más prolongados y olvidados del norte de África.
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Génesis: España y una descolonización inconclusa
Antes de entrar en la descolonización inconclusa, conviene recordar que España no llegó al Sáhara por vocación, sino por inercia imperial. Declaró su “protectorado” en 1884, en plena Conferencia de Berlín, cuando las potencias europeas se repartían África como un tablero. Durante décadas, el territorio fue una periferia olvidada: unos cuantos puestos militares, acuerdos con jefes tribales, escasa presencia civil y casi ninguna inversión.
Todo cambió en los años sesenta, cuando se descubrieron los fosfatos de Bou Craa y se hizo evidente el potencial pesquero y energético de la zona. Entonces, lo que había sido un desierto marginal empezó a verse como un activo estratégico.
En 1958, tras la guerra de Ifni, España convirtió al Sáhara en “provincia”, otorgó documentación española a los saharauis y reforzó su presencia. Pero era un gesto tardío: la ONU ya había puesto en marcha el reloj de la descolonización.
Los hechos verificables son claros:
- En 1963, la ONU lo incluyó en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.
- El Sáhara Occidental fue provincia española hasta 1975.
- En octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que no existían vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara y Marruecos o Mauritania; solo lazos tribales y religiosos.
- Por tanto, debía aplicarse el principio de autodeterminación.
Pero la historia no siguió el camino del derecho.
La llamada Marcha Verde fue el movimiento con el que Hassan II de Marruecos transformó una disputa jurídica en un hecho consumado. En noviembre de 1975, mientras Franco agonizaba y España vivía una transición incierta, el rey marroquí movilizó a cientos de miles de civiles hacia la frontera sahariana. Era una operación cuidadosamente diseñada: banderas, rezos, consignas patrióticas y una masa desarmada avanzando hacia un Estado paralizado.
España, atrapada entre la presión internacional, el miedo a una guerra abierta y la urgencia de gestionar su propia transición decidió no resistir. Punto para la realpolitik y el derecho internacional una vez más, al clóset.
El 14 de noviembre firmó los Acuerdos de Madrid, transfiriendo la administración —no la soberanía— del territorio a Marruecos y Mauritania. La ONU nunca reconoció esos acuerdos. Para el derecho internacional, España sigue siendo la potencia administradora de iure. Para los saharauis, fue el momento exacto en que su derecho a decidir fue sustituido por la realpolitik.
En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y con ello, Marruecos y Mauritania -a la que nada se le había perdido allí- comenzaron una guerra, de la que esta última se retiró en 1979, pero que Marruecos continuó hasta 1991.
El Frente Polisario había nacido dos años antes, en 1973, como movimiento de liberación nacional saharaui. Su base inicial fueron jóvenes formados en escuelas españolas y árabes, influenciados por el clima anticolonial de la época. Durante los últimos años de presencia española y los primeros de la guerra, el Polisario logró articular un amplio consenso entre la población saharaui que aspiraba a un Estado propio.
Sin embargo, tras medio siglo y sucesivas frustraciones, decir que todavía representa a “todo el pueblo saharaui” es una simplificación: en los campamentos de Tindouf es la autoridad dominante; en los territorios ocupados, muchos lo apoyan, otros se adaptan al marco marroquí, otros simplemente intentan sobrevivir.
Más que unanimidad, el Polisario encarna una memoria: la del momento en que la independencia parecía posible.
La ONU creó la MINURSO para organizar un referéndum de autodeterminación que, casi 35 años después, nunca se ha celebrado. Curiosamente —o no tanto— es la primera y hasta ahora única misión de paz de la ONU que no incluye, bajo ningún aspecto, un mandato de monitoreo de derechos humanos.
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Desarrollo: el conflicto congelado
El conflicto saharaui también fue, durante años, un capítulo menor de la Guerra Fría.
Argelia y Libia apoyaron al Polisario con armas, entrenamiento y respaldo diplomático; la URSS lo vio con simpatía dentro de su mapa de alianzas en el Tercer Mundo, aunque sin convertirlo en prioridad estratégica. Cuba, por su parte, en su estrategia de exportar revolución a África, ofreció formación militar y educativa a cuadros saharauis, en paralelo a su intervención en Angola y otros escenarios africanos.
Marruecos, en cambio, se consolidó como aliado de Occidente: primero de Francia y Estados Unidos, luego también de la España democrática. Cuando la Guerra Fría terminó, el Polisario perdió parte de su respaldo internacional; Marruecos, en cambio, jugando hábilmente las fichas de la geopolítica, supo reconvertir su papel en el nuevo orden global.
El “BERM”, el muro del apartheid
Durante los años ochenta, Marruecos construyó un muro de arena -sembrado de minas y con puestos de vigilancia armados cada pocos kilómetros- de más de 2.700 km (el segundo más largo detrás de la Muralla China) —el berm— que divide el territorio.
Con ello, Marruecos controla aproximadamente el 80%, incluida (toda) la costa atlántica y las principales ciudades.
El Polisario, en cambio, administra el 20% al este del muro, las llamadas “zonas liberadas”. Un territorio minúsculo, desértico, sin salida al mar, ideal para condenar a la asfixia a ese pueblo decidido a resistir pese a todo.
El alto el fuego de 1991 se rompió en noviembre de 2020, y desde entonces persisten choques de baja intensidad. Tres décadas.
¿Se entiende que durante 30 años nadie hizo nada, salvo que los niños crecieron bajo carpas en el desierto, los jóvenes envejecieron cuerpos, proyectos y sueños, y los viejos simplemente se fueron apagando, como sus esperanzas?
Sin embargo, la memoria pudo —y puede— más. Porque es dolorosamente cierto: el conflicto está “congelado”, pero no muerto. Es una herida abierta que sangra lentamente.
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Realidad de 2026: derecho versus realpolitik
La ONU sigue clasificando el Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización.
La Resolución 2797 del Consejo de Seguridad (octubre 2025) renovó el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026 y señaló —con más claridad que antes— que el plan de autonomía marroquí (revisado) es “la base más factible” para una solución “mutuamente aceptable”.
¿Aceptable para quién? Para el ocupante, Marruecos, que sigue ejerciendo su imperialismo norteafricano con total impunidad. No para los ocupados, verdaderos rehenes de la hipocresía internacional. Nadie habla allí de derecho internacional.
Estados Unidos, España, Francia y un número significativo de países apoyan esta vía. Argelia, casi en solitario, sigue siendo el principal respaldo del Frente Polisario.
Las rondas de conversaciones impulsadas por EE. UU. en Madrid y Washington en febrero de 2026 no han producido avances visibles.
El statu quo persiste: el derecho internacional dice una cosa; la geopolítica, otra.
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Intereses que alimentan el olvido
El conflicto no es solo identitario. Quizás lo haya sido en sus inicios, pero no a partir del hallazgo de diversos recursos para explotar. Para empezar, por las minas de fosfatos de Bou Craa, de gran valor estratégico.
Por supuesto, el acceso directo a aguas pesqueras atlánticas muy ricas. Existen indicios de posibles hidrocarburos y, por supuesto, abundante energía renovable, solar y eólica.
Adicionalmente, constituye una ruta estratégica en las corrientes migratorias hacia Europa. Y con ello, un elemento de estabilización del Sahel.
Marruecos integra económicamente el territorio con inversiones y proyectos de infraestructura, en provecho propio, naturalmente. Mientras tanto, el Polisario denuncia el “expolio” del que es objeto ese territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Europa mira hacia otro lado: la costa atlántica y el control migratorio —usado como arma de disuasión por la monarquía marroquí— pesan más que la autodeterminación.
La etapa democrática española no corrigió la herida saharaui: la administró. Los gobiernos del PSOE, en particular, profundizaron una relación estratégica con Marruecos basada en tres ejes: control migratorio, cooperación antiterrorista e intereses económicos compartidos. Cada crisis en Ceuta, Melilla o Canarias recordaba a Madrid que Rabat tenía una palanca poderosa: abrir o cerrar el grifo de los flujos migratorios hacia Europa.
En ese contexto, la causa saharaui fue perdiendo peso en la agenda española. El giro más explícito llegó cuando el gobierno de Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí como “la base más seria y creíble” para resolver el conflicto, alineándose con la posición de Estados Unidos y alejándose de la tradicional defensa española del referéndum de autodeterminación.
Para muchos saharauis, fue la confirmación de algo que intuían desde hacía años: que su destino se negociaba en clave de seguridad y migración, no de justicia histórica.
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El sufrimiento humano: dos caras de la misma tragedia
Más de 170.000 saharauis viven desde hace medio siglo en los campamentos de Tindouf (Argelia). La cifra es ampliamente citada, aunque no verificada por la ONU. La ayuda humanitaria se ha reducido de forma significativa en 2025–2026. Hay malnutrición, juventud sin futuro y un exilio que ya es intergeneracional.
Bahia Mahmud Awah lo describe con precisión dolorosa: niños educados bajo carpas, identidades construidas entre la arena y el olvido, una cultura que resiste para no desaparecer.
En la zona controlada por Marruecos hay desarrollo económico visible, pero también represión documentada de activistas independentistas (según Human Rights Watch y Amnistía Internacional). En los campamentos también existen denuncias de restricciones a la libertad de movimiento y expresión, por no mencionar las condiciones en las que sobreviven allí.
A pesar de ello, la MINURSO sigue siendo, como desde el inicio, la única misión de paz de la ONU sin mandato de monitoreo de derechos humanos. Ese vacío es, por sí solo, un escándalo.
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¿Por qué medio siglo de estancamiento?
Como ya lo adelantamos, las razones son estructurales: una marcada asimetría de poder, a la que se agrega una notoria falta de voluntad real de las partes. Los unos por no querer, los otros por no poder.
Y un ingrediente que no ha de faltar en esta clase de conflictos: la rampante hipocresía internacional, a menudo cubierta de realpolitik, que pone por delante las prioridades geopolíticas: estabilidad, alianzas, migración.
El derecho internacional choca —una vez más— contra la lógica del poder. Y el pueblo saharaui paga el precio.
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La obra literaria
Taleb Alisalem y Bahia Mahmud Awah representan dos formas de resistencia, entre otras muchas.
Ellos, como otros guardianes de una cultura que se niega a desaparecer, hacen de la denuncia política y la memoria cultural sus principales armas de lucha.
Ambas son necesarias para entender un conflicto donde identidad y memoria son, también, un territorio en disputa.
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Cierre
El “viaje a la libertad” que narran Alisalem y Awah sigue bloqueado por fuerzas que exceden al pueblo saharaui: decisiones tomadas lejos, intereses ajenos, la realpolitik que decide qué vidas importan y cuáles pueden esperar.
La independencia plena parece hoy menos viable que nunca. Una autonomía real —con garantías internacionales creíbles, control de recursos y respeto a los derechos— podría ser el compromiso menos malo. Siempre que no sea una fachada.
Mientras tanto, los saharauis siguen siendo los olvidados de la tierra: un pueblo atrapado entre la descolonización inconclusa y el silencio cómplice de un orden internacional que, una vez más, demuestra que algunos dolores pesan menos que otros.
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