Hay una pregunta que en Uruguay casi no se hace, y conviene hacerla: ¿hasta dónde puede meterse el Estado en la vida de cada uno? No es retórica. Cada tanto aparece una medida que corre un poco más el límite, se la presenta como sentido común, nadie la discute, y el límite queda corrido. Cuatro noticias recientes sirven para verlo: una sobre los ingresos de los legisladores, otra sobre una empresa pública que pierde plata hace veinticinco años, una tercera sobre quién puede hablar con la prensa y una cuarta sobre a quién se le rinden cuentas. No son escándalos, y por eso sirven: pasan como lo más natural del mundo.
Caso uno: qué ingresos podés tener
El senador Daniel Caggiani presentó en mayo un proyecto que establece la exclusividad en el trabajo parlamentario: un legislador solo podría percibir ingresos por su tarea legislativa. La presentación apela a la austeridad republicana y cita a Mujica: a los que les gusta mucho la plata, hay que correrlos de la política.
El argumento conviene mirarlo despacio. Que un cargo público exija dedicación y evite conflictos de interés es razonable, y existe en muchas democracias. Pero hay una pregunta que la frase tapa: ¿quién decide qué ingresos puede tener una persona, y con qué criterio? Un legislador que también da clases, que mantiene su consultorio unas horas, que sigue ejerciendo el oficio que tenía antes de ser electo, ¿está corrompido, o sigue trabajando? La norma parte de una sospecha (tener otros ingresos es sospechoso) y la convierte en regla. El que entra a la política tiene que dejar de hacer todo lo demás. Y no es una sugerencia: es una ley, una obligación con la fuerza del Estado detrás. No invita a la austeridad, la impone. Visto así, no es una medida de transparencia: es el Estado fijando, bajo amenaza legal, qué puede y qué no puede hacer una persona con su tiempo y su capacidad, en nombre de una virtud que define el propio Estado.
No se trata de si Caggiani tiene buenas intenciones; seguramente las tiene. Se trata de la dirección. Cada norma de este tipo amplía el conjunto de cosas sobre las que el Estado decide por uno, y lo hace con una justificación que cuesta rebatir sin quedar del lado de lo malo. Quien objete la exclusividad parece defender al político que solo quiere plata. Ese es el mecanismo: la medida viene envuelta en una virtud, y la virtud blinda la expansión.
Caso dos: qué se sostiene con la plata de todos
La otra punta del mismo asunto es qué hace el Estado con el dinero que recauda. El negocio del pórtland de ANCAP, el cemento, acumula pérdidas por más de setecientos sesenta millones de dólares desde el año 2000, y solo en 2025 perdió treinta y un millones. No es un mal año: es una unidad que pierde plata, de manera sostenida, durante un cuarto de siglo. Frente a eso, la propuesta del gobierno no es discutir si tiene sentido seguir, sino un acuerdo con las intendencias para garantizar la compra del producto. Es decir: asegurarle clientes por la vía del Estado a un negocio que el mercado no sostiene.
Acá la pregunta es la inversa de la anterior. Si a la persona se le fija qué ingresos puede tener en nombre de la austeridad, ¿con qué criterio se sostienen setecientos sesenta millones de pérdida? Ese dinero no sale de la nada. Sale de impuestos, de horas de trabajo de gente que no votó sostener esa unidad y que, en muchos casos, no sabe que la sostiene. No es por las buenas: es por la ley. No se le pide colaborar, se le saca antes de que cobre, lo quiera o no. Cada peso que cubre un déficit que no se discute es un peso que esa persona fue obligada a aportar y no destinó a lo suyo. La austeridad que se le exige a la persona no se le exige con la misma vara al Estado.
Hay una defensa, y es la que se escucha. Sostener el cemento estatal, se argumenta, no es despilfarro: protege empleo en Minas y Paysandú, evita que el precio quede en manos de un único privado, y pone el portland al servicio de la obra pública y la vivienda. El sindicato lo plantea así, y el punto tiene sustancia: una empresa estatal puede perseguir fines que el mercado no premia. Pero ese argumento, para sostenerse, tiene que pasar por la misma puerta que se le exige a todo lo demás: discutirse, votarse, ponerse números encima. Una cosa es decir «elegimos como sociedad sostener esto, sabiendo que cuesta tanto, porque preferimos el empleo o la soberanía cementera», y otra es que el costo se acumule durante veinticinco años sin que casi nadie sepa cuánto es ni haya decidido pagarlo. El problema no es que se sostenga; es que se sostiene sin haberlo decidido. Una decisión que nadie tomó no es una política: es una inercia que pagan todos.
Caso tres: quién puede hablar
Hay un tercer caso, y toca algo más que el dinero. A fines de mayo, el Departamento de Comunicación Social de Primaria dispuso que todo contacto de periodistas con escuelas, inspectores y docentes pase primero por su oficina. Ninguna entrevista, nota o consulta a un centro educativo o a un maestro sin pasar antes por ahí. El argumento: «adecuada coordinación institucional», «acompañar y orientar» las intervenciones públicas.
Hay una defensa: casi todo organismo grande tiene vocero y protocolo de prensa. Pero este documento cruza una línea. Una cosa es que un vocero exprese la posición oficial. Otra es que un maestro no pueda hablar con un periodista sobre lo que pasa en su escuela sin permiso previo. Lo primero ordena la voz institucional. Lo segundo pone al Estado de filtro entre la escuela y quien quiere contar lo que ahí ocurre.
Es el mismo mecanismo de los otros dos, una vuelta más arriba. Y cuando el que necesita permiso para hablar es el maestro que está todos los días en el aula, lo que se vuelve difícil de saber es lo que pasa en la escuela.
Caso cuatro: a quién se le rinden cuentas
Hay un cuarto caso, de esta semana. En febrero de 2025, días antes de asumir, el presidente Yamandú Orsi compró una camioneta Hyundai con un descuento de veinticinco mil dólares sobre el precio de lista. El dato lo reveló el programa Así nos va, de Radio Carve, a partir de la declaración jurada y de la factura que el propio presidente le había enviado a ese programa. La Junta de Transparencia y Ética Pública abrió el análisis del caso.
El martes, Orsi convocó a una reunión en Torre Ejecutiva para mostrar la documentación y anunciar que donaba la camioneta a la ANEP. A esa reunión citó a cuatro medios: El País, El Observador, Búsqueda y La Diaria. Los cuatro son de prensa escrita. No hubo radios ni televisión. Tampoco fue convocada Caras y Caretas. El programa que había destapado el asunto, por ser radio, quedó afuera. Presidencia argumentó que el formato escrito se adecuaba a una explicación de ese tipo.
Acá el que decide quién pregunta es el mismo que tiene que responder. La rueda de prensa existe para que el poder rinda cuentas ante quien quiera pedirlas. Cuando el que rinde cuentas elige a quién se las rinde, la instancia se da vuelta: no se le pregunta al presidente, el presidente decide quién le pregunta. Y el medio que hizo el trabajo que lo obligó a explicar fue el que no entró.
Va en la misma línea que otra decisión, de noviembre: la agenda del presidente dejó de publicarse en el sitio de Presidencia y pasó a distribuirse por WhatsApp a los periodistas. Antes, cualquiera podía ver dónde iba a estar el presidente. Ahora lo sabe quien recibe el mensaje. La información dejó de estar disponible y pasó a estar repartida.
La dirección, no el episodio
Puestos juntos, los cuatro casos muestran una misma dirección: el Estado decide cada vez más sobre lo que antes quedaba en manos de cada uno: qué ingresos puede tener una persona, qué se sostiene con los ingresos de todos, quién puede hablar con la prensa, a quién se le rinden cuentas. En todos los casos la decisión se presenta como evidente. Lo que importa no es cada medida por separado, que casi siempre tiene su argumento. Es que la suma avanza siempre hacia el mismo lado, el de más Estado decidiendo y menos gente decidiendo por sí misma, y que esa suma no se discute como tal. Se discute medida por medida, donde cada una parece razonable, y nunca la tendencia.
No hace falta apelar a palabras grandes para verlo, ni acusar a nadie de querer dominar. Alcanza con una pregunta liberal de las viejas, de las que fundaron las repúblicas: ¿cuál es el límite? ¿Qué parte de la vida, del ingreso, del tiempo y del trabajo de una persona queda fuera del alcance de la decisión estatal? Si la respuesta es que el límite se corre un poco con cada medida bien intencionada, y que cuestionarlo deja a uno del lado de los avaros, entonces la pregunta dejó de poder hacerse. Y una república en la que no se puede preguntar dónde termina el Estado ya contestó, sin decirlo, que no termina en ningún lado.
Un Estado que obliga en cada vez más terrenos y que blinda cada avance con una virtud que no se puede discutir no se vuelve autoritario de un día para el otro, ni hace falta llamarlo así para inquietarse: alcanza con notar que cada paso, por sí solo, tiene su explicación, y que sumados no dejan casi nada afuera. La libertad no se pierde de golpe; se entrega de a una medida por vez.
El punto no es estar a favor o en contra de Caggiani, ni de ANCAP, ni de Orsi. Es recuperar la pregunta que ordena a una sociedad libre: el Estado está para garantizar que cada uno pueda vivir su vida, no para decidir cómo se vive. Cada vez que una medida invierte esa relación, conviene al menos notarlo, aunque venga vestida de virtud. Esas son las virtudes autoritarias: las que no se vuelven ley a pesar de sonar bien, sino justamente porque suenan bien.