En la nota anterior quedó algo pendiente. Dije que el IVA era la mitad fácil del problema tributario, y que la renta venía después. Esta es la otra mitad, y es la incómoda, porque toca una creencia que casi nadie se anima a discutir: la de que el impuesto a la renta es el impuesto progresivo por excelencia, el que le cobra al que más tiene. En Uruguay, tal como funciona, no lo es. Es otra cosa, y conviene mirarla de frente.
Aclaro de entrada de qué va esta nota y de qué no. No discuto acá si el Estado tiene derecho a quedarse con una parte de lo que cada uno produce; doy por hecho que se lo queda, porque así es, y porque esa discusión más de fondo no cabe en una columna. Tomo el impuesto como lo que es, sin el envoltorio: plata que sale del bolsillo de alguien por la fuerza de la ley y va a parar a la caja del Estado. No vengo a discutir si eso es bueno —sacarle a alguien por la fuerza nunca lo es— sino algo más modesto y más útil: de todas las formas de sacar, cuál es la menos mala, y por qué Uruguay eligió, sin decirlo, una de las peores.
Empiezo por el dato que casi nunca se menciona, porque ordena todo lo demás. En 2024, el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, recaudó más que el impuesto a la renta de las empresas. No es una comparación perfecta: el IRAE tributa a tasa única, y parte de esa renta vuelve a pagar IRPF cuando la empresa reparte dividendos, de modo que algo de lo que aporta el capital aparece contado dos veces. Pero el desbalance es lo bastante grueso como para que el detalle no lo borre. El IRPF explicó alrededor del dieciséis por ciento de lo que recaudó la DGI; el impuesto a las empresas, apenas algo más del once. Y mientras la renta de las empresas caía respecto al año anterior, la de las personas subía. Detengámonos un segundo en lo que eso significa. En un país donde se repite que el capital tiene que poner más, de quien más saca el Estado, año tras año, es de quien cobra un sueldo.
Para entender por qué, hay que mirar cómo está hecho el impuesto, no qué dice el folleto. El IRPF uruguayo es lo que los técnicos llaman un impuesto dual: parte en dos lo que grava. Por un lado, las rentas del trabajo, que van a una escala progresiva que arranca en cero y trepa hasta el treinta y seis por ciento a medida que sube el sueldo. Por otro, las rentas del capital —los intereses, los alquileres, los dividendos—, que tributan a tasas planas, fijas y bastante más bajas. Dos rentas, dos varas. El que vive de su trabajo entra por la puerta de la escala que sube. El que vive de su capital entra por la puerta de la tasa baja que no se mueve. La diferencia no es un detalle de implementación: es el diseño.
Pero la dualidad declarada es apenas la parte visible. La parte que de verdad importa es la que no figura en ninguna escala, y es quién puede esconderse y quién no.
El asalariado en relación de dependencia no puede. Su empleador le retiene el impuesto antes de que el sueldo le toque la mano: cuando el dinero llega a la cuenta, ya viene con el descuento hecho. No hay margen para reclasificar, para postergar, para discutir qué parte es renta y qué parte no. La fuente lo agarra en el origen y no lo suelta. Es el contribuyente perfecto desde el punto de vista del fisco: cautivo, automático, sin escapatoria.
Buena parte del resto de la renta sí puede esconderse, y no porque la gente sea más astuta, sino porque el sistema le deja puertas que al asalariado le cierra. La renta empresarial, los honorarios profesionales, los alquileres, las ganancias del capital, encuentran rutas legales y semilegales para reclasificarse, fragmentarse, diferirse o cambiar de categoría. El ejemplo más nítido es la sociedad: lo que en los hechos es el sueldo de una persona se convierte, con la estructura adecuada, en «ganancia de una empresa», que tributa por otro impuesto, con otra lógica y a menudo con menos peso. Eso no es un uso ingenioso del derecho. Es un diseño. Y los diseños los escribe alguien.
La frontera borrosa entre lo que tributa como renta personal y lo que tributa como renta de empresa no es un accidente que nadie advirtió. Es el resultado previsible de que algunos actores pudieron sentarse a negociar las reglas y otros no. La cámara empresarial tiene con quién hablar en el Ministerio. El estudio que factura honorarios por sociedad tiene quién le explique al legislador por qué conviene que eso siga así. El asalariado de clase media no tiene mesa de diálogo, no tiene cámara, no tiene lobby. Tiene un recibo de sueldo con el descuento ya hecho. Beneficio concentrado para los que están organizados, costo difuso para los que no lo están: es exactamente el mecanismo que describió Olson, y que ya nombramos cuando hablábamos del IVA. El sistema de la renta, igual que el del consumo, terminó siendo el que les conviene a quienes pudieron diseñarlo.
Lo menos malo, entonces, sería sacar de manera pareja, venga la renta de donde venga: que dos personas que ganan lo mismo le dejen al Estado lo mismo, sin importar si una cobra en recibo de sueldo y la otra factura a través de una sociedad. Que quede claro: parejo no quiere decir justo. Sacar por la fuerza sigue siendo sacar por la fuerza, y repartir la carga de manera uniforme no la vuelve buena. Solo le quita el agravante de elegir víctima, de cargar la mano sobre el que no se puede mover y aflojársela al que sí. Es lo primero que diría cualquier manual antes del café: base amplia, sin huecos, antes que tasas más altas sobre los que ya pagan. Porque las tasas altas con agujeros abundantes hacen una sola cosa con eficacia: premian al que tiene cómo eludir y castigan al que no. El que ya está atrapado en la retención paga la tasa que suba; el que tiene estructura para esquivarla, la esquiva igual. Subir la tasa sobre una base llena de agujeros es apretar más fuerte exactamente al único que no se puede mover.
Y como pasaba con el IVA, lo interesante no es la solución, que es de una sencillez casi aburrida, sino por qué no se hace nunca. La respuesta es la misma, y conviene decirla sin eufemismos: no se hace porque el sistema actual les conviene a los que tienen con qué frenar el cambio. No es un problema de capacidad técnica. La DGI está digitalizada, cruza información, es de las administraciones más capaces de la región; tiene de sobra la infraestructura para hacerlo. Lo que falta no es máquina: es voluntad política, y eso no es un problema técnico. Es un problema de a quién le conviene que las cosas sigan como están. Y le conviene a todo el que hoy convierte sueldo en ganancia de empresa, a todo el que tributa su renta de capital a la tasa plana baja mientras el vecino asalariado trepa por la escala, a todo el que tiene una exoneración que defender. Ninguno de ellos va a salir a pedir que le suban lo que paga. El asalariado tampoco va a salir a pedirlo, porque ni siquiera sabe que está pagando de más: el descuento ya venía hecho.
Que quede claro, porque es la trampa del debate: el impuesto a la renta uruguayo no es regresivo por sus tasas. En el papel, la escala sube con el ingreso, como debe ser. El problema no está en la tarifa sino en la base, y no es tanto que sea regresivo como que es arbitrario: cae con todo su peso sobre el que no tiene cómo esconderse —gane mucho o poco— y deja una puerta entornada para el que sí. No distingue por riqueza; distingue por movilidad. El que puede reclasificar su renta escapa, sea un gran rentista o un profesional acomodado; el que cobra en recibo queda atrapado, gane lo que gane. La progresividad de la escala es real y es, a la vez, una cortina: muestra el rigor sobre el sueldo mientras el capital y la renta reclasificada pasan por al lado.
Conviene no perder de vista, eso sí, en qué plano estamos discutiendo. Nivelar la base es discutir cómo se reparte una carga; es una conversación de segundo orden. La de primer orden, la que de verdad importa, es otra: cuánto saca el Estado en total, y para qué. Esa casi nunca se da. Toda la discusión tributaria respetable transcurre puertas adentro de una jaula —cómo cobrar mejor, a quién, con qué tasa— sin preguntar nunca por qué la jaula es del tamaño que es. Bajar lo que se saca sería lo de fondo. Repartirlo de manera menos arbitraria es, apenas, lo de ahora. Y mientras la conversación de fondo no sea posible, conviene al menos no mentirse sobre lo que hay. Lo que hay no es un impuesto que le cobra al que más tiene. Es un impuesto que le cobra al que menos puede escapar.
Le pega a quien no se puede esconder. Y lo demás es decoración.