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El manoseo constitucional de Cabildo Abierto

22 noviembre, 2022

 

Manini Ríos decidió cruzar el Rubicón y enfrentarse tozudamente a su propia Coalición, en apretado resumen. Paso que se veía venir, como explicó esta columna, que sostiene que no es impensable que el partido del general termine apoyando en el Parlamento varias de las ponencias del Frente Amplio, sobre todo si tienen que ver con encontrar alguna víctima impositiva para desangrarla y salvar los privilegios de la Caja militar en la reforma previsional, más alguna otra reivindicación.

Su decisión de promover un plebiscito para fijar un tope constitucional a los intereses de los préstamos a particulares (ya contemplado en la ley vigente contra la usura), es un vericueto para eludir el tratamiento legislativo que implicaría un cambio en dicha norma, a riesgo de transformar las elecciones de 2024 en un listado de compras de supermercado si se suman a esta amenaza las intenciones del Frente Amplio y su controlante el Pit-Cnt de plebiscitar o referenciar varias propuestas tendientes a eludir las limitaciones legales para imponer sus ideas o a anular decisiones del presente gobierno.

Buen momento para recordar a todos los participantes que la Constitución no es un listado de pedidos ni una misiva a Papá Noel, sino que, desde la Carta Magna en adelante es el código de conducta que el Soberano, o el Estado, se compromete a mantener indefectiblemente con relación a los súbditos, (a los ciudadanos sería hoy) y las reglas que rigen las relaciones entre los poderes y a las instituciones que hacen al concepto republicano. Transformarla en un catálogo de promesas de reparto y garantías de felicidad o privilegios es confundir peligrosamente su valor supremo. Mucho más si esas seudogarantías implican que otro sector de la ciudadanía se haga cargo de costear semejantes aspiraciones.

Yendo al caso en particular, evidentemente es preocupante y doloroso que casi un tercio de la población figure en el listado de morosidad del Clearing de Informes, pero como suele ocurrir en estos casos, meter la mano para “mejorarlo” o corregirlo, dará resultados opuestos a los buscados; bastaría analizar los resultados de los últimos 1000 intentos de controlar precios, tipos de cambio, alquileres o cualquier otro mercado, no importa la tendencia, ideología o razón para hacerlo. La fatal arrogancia de la burocracia, en la genial definición de Hayek, siempre lleva a que los controles desemboquen en la escasez. O sea, una regulación va a llevar, más allá de la bondad y sensibilidad de las medidas, a que se reduzca drásticamente el crédito. Y no hay ninguna duda de ello.

Las tasas (o los precios) en los mercados de cualquier cosa son siempre determinadas por la oferta y demanda. Está claro que a veces el deudor, en este caso, considera que no tiene otra alternativa que pedir un crédito para sobrevivir. Pero se trata de otro problema, que requiere múltiples enfoques. Las tasas de interés para los préstamos de este tipo en el mundo contienen un alto componente de compensación por riesgo de incobrabilidad. Es decir que lamentablemente, los cumplidores pagan de más para subsidiar a los que no pagan. Meter el dedo en esa realidad hace desaparecer casi de inmediato el crédito, o sea el producto, como cualquier control de precios. Y lo que es peor, deja sin financiamiento a los cumplidores. Mostrar los incobrables en el Clearing es satisfacer un derecho que tiene cualquier particular a averiguar el comportamiento crediticio de un futuro prestatario. Paradojalmente, si eso se prohibiese, además de ser contrario al derecho, se encarecería aún más el crédito. Estos conceptos valen para cualquier país.

Fijar topes taxativos a la tasa de interés o a los intereses punitorios es una tarea riesgosa y de resultados impredecibles, o predecibles, en un medio que hace varios años ha naturalizado como normal una tasa de inflación de 8 o 10% anual, cifra que hoy causa escándalos y asombro en cualquier país del primer mundo.

Es entonces muy difícil saber lo que propone Cabildo Abierto, que hasta se puede enfrentar a un parto de los montes propio en esta instancia. ¿Qué puede agregar a las leyes vigentes que no provoque un descalabro? ¿Determinar un valor fijo máximo? ¿Prohibir el crédito para consumo o ciertos consumos? ¿Limitar los intereses punitorios? ¿Prohibir la publicación de los listados de morosos? ¿La intervención del estado, o sea el saqueo as los contribuyentes para así cancelar los créditos morosos? ¿Un subsidio?

Es claro que muchas veces estos créditos se toman por desesperación, por impulso o por afán de hacer un gasto de sustitución, como se denominan, pero si alguien decide no leer las condiciones, o no darles importancia, o tomar créditos para comprar alimentos o bienes que no puede pagar, es imposible solucionar el problema consecuente. A menos, claro, que se delegue en el estado una función paternalista que prohíba al individuo tomar créditos impagables u obligue a quienes prestan dinero a regalarlo o a hacerse cargo de las pérdidas, o en su defecto obliguen a los contribuyentes-víctimas a ser garantes forzosos de esa incobrabilidad con cualquier formato de exacción. Se podría, además, extender el concepto a todos los aspectos socioeconómicos de la vida de las personas, a una especie de feudalismo moderno, en que el estado determina quién puede y quién no, y, sobre todo, quién paga la cuenta.

Con esta propuesta, Manini se aleja de los principios de la Coalición y se acerca al populismo, al estatismo y al facilismo. Para colmos, el senador Domenech ha dicho que consultaría con el FA los mecanismos que utilizó para promover su referéndum. Relevo de pruebas. – Dicen los abogados.