Escribe Dardo Gasparré
La izquierda, ahora unificada con el sindicalismo sincerado, suele clamar por democracia y diálogo cuando pierde, aunque en realidad se sabe que nunca es democrática, salvo el nombre que suele dar a sus seudorepúblicas y sistemas políticos que en tantas épocas y en tantas partes del mundo terminaron siempre en dictaduras y miseria. Esto no es una opinión.
Se trata de una evidencia repetida hasta el aburrimiento, que obviamente el materialismo dialéctico, hoy renombrado como relato, niega por sistema o insulto, sin molestarse en rebatirla ni en ofrecer prueba en contrario.
Esta semana el sindicalismo estatal ha vuelto a dar pruebas de la falta de respeto por la ley y la voluntad de la mayoría, en estricta defensa de las posiciones políticas del Frente Amplio, no de los trabajadores que, también supuestamente, dice representar.
La contradicción de la lucha gremial contra el estado explotador
Se deja deliberadamente para otro momento analizar si puede existir un sindicalismo contra el estado-patrón, concepto que encierra una contradicción de base en una ideología que considera que el estado siempre tiene razón, y sabe mucho mejor que los individuos lo que es mejor para cada uno, y le provee de felicidad, seguridad y bienestar. Y de trabajo, o de sueldo. O de subsidio.
O, si se quiere ver de otra manera, forma parte del exceso de materialismo dialéctico que reemplaza la realidad con palabras, o para mejor decir: “si no lo dirijo yo, el estado es mi enemigo”.
El sindicato de trabajadores de OSE decidió parar por 48 horas en oposición al proyecto oficial Neptuno, que intenta tomar las aguas del Río de la Plata en Arazatí, para tratar de resolver el racionamiento del líquido que pende de las cabezas uruguayas con cada seca, y que debió encararse hace mucho.
El punto ni siquiera pasa por la discusión sobre el valor del proyecto o sobre el lugar o el modo. Seguramente la izquierda prefiere que se racione el agua, ya que el racionamiento es esencial al comunismo, sus sucesores y sinónimos. Pero la cuestión es que los gremios no tienen autoridad ni derecho de ningún tipo a realizar huelgas, paros o tomas de ninguna clase para influir en una política del estado, una decisión gubernamental o una medida cualquiera.
Sindicato a tus zapatos
Su función y su límite es la defensa del salario y las condiciones laborales de los trabajadores, dentro de los andariveles de la ley, además. En ninguna parte les está permitido usar el recurso de la acción directa para forzar la mano de las autoridades. Por supuesto que pueden ejercer su derecho a protestar a criticar o a manifestarse, en su condición de ciudadanos. Nunca usando herramientas de coerción de ningún tipo.
No es muy distinto el caso del paro de 48 horas decidido en una escuálida asamblea a mano alzada, (la cacareada democracia directa es una forma de unicato y voto por miedo, trueque y presión) conque el sindicato de profesores secundarios ha decidido sabotear el comienzo de las clases porque sus directivos se oponen a las modificaciones en el sistema nacional de enseñanza. También, de paso, despreciando necesidades básicas de la población y aún de los futuros trabajadores.
La política educativa, como la política hídrica y energética, son cuerda de las autoridades elegidas democráticamente, y no hay otro sistema previsto para establecerlas, aplicarlas y desarrollarlas. Ni el personal de OSE, ni el personal docente, deben inmiscuirse en esas tareas de gobierno, ni pueden hacerlo, fuera del derecho a manifestar su protesta como ciudadanos.
El delito de sedición
Utilizar el paro, la huelga, la toma de fábricas, establecimientos o colegios para forzar esas decisiones es anticonstitucional y antidemocrático y se encuadra en muchos casos en el delito de sedición, aunque suene fuerte decirlo en el marco de permisividad y prepotencia con que se han burlado hasta disposiciones de la mismísima OIT. Si se encontrara la manera de eludir ese criterio, quedaría todavía el corporativismo implícito que ese proceder tiene, que no concuerda para nada con un estado en el que impera la voluntad popular.
Esto es todavía menos democrático cuando esas actitudes se toman sin contar con la anuencia de la mayoría de los trabajadores, y a veces, sin contar siquiera con la mayoría de los afiliados, y otras veces, con parodias de asambleas que no respetan normas elementales de democracia interna, al mejor estilo madurista.
Esta columna, desde 2019, viene advirtiendo sobre el riesgo – más bien sobre la certeza – del uso de la herramienta sindical como ariete político de la izquierda, que repugna a los principios republicanos y de representatividad que conforman lo que se conoce como democracia moderna, por mucho que se trate de bastardear y distorsionar ese concepto. Y por mucho que moleste a quienes, desde los extremos de izquierda y derecha, han tratado y tratan de usar a los trabajadores como peones sacrificables en el ajedrez del poder.
Es sabido y hasta demostrable que los sindicatos proteccionistas terminan por ayudar solamente a sus dirigentes, y perjudicar a quienes pugnan por conseguir trabajo, al sabotear los nuevos emprendimientos e inversiones, y al hacer inviables los términos de contratación de los individuos, empezando por el atraso y la inadecuación de la educación. De modo que tal comportamiento, como el del escorpión de la fábula, está en su naturaleza.
Pero entonces, no habría que tolerar o creer que cuando declaman la palabra democracia lo hacen en serio, ni tienen la menor intención de practicarla. Y en aquellos casos en que con una medida de fuerza tratan de obstaculizar la acción de un gobierno legítimo, deberían ser sometidos a la ley, en defensa del derecho general.