Un superpoder que se pone por encima de la decisión y el derecho de la sociedad: el sindicalismo
Escribe: Dardo Gasparré
Como es bien sabido, el comunismo – que reniega por estrategia de esa denominación – se ha apoderado de muchos nombres, muchos principios, muchos derechos propios del capitalismo, del liberalismo y hasta de su moral y su ética y no solamente los utiliza y reclama, sino que los desfigura, los acomoda a su conveniencia, les cambia el sentido y a veces, hasta se declara inventor, promotor o autor de los mismos.
No demasiado difícil en un sistema global que ha dejado de leer, de tener pensamiento crítico, de comprender textos y de valorar la libertad misma, como si de pronto el planeta hubiera retornado al feudalismo o viajado a una etapa exacerbada del mismo, porque ahora los miedos que llevan a la esclavitud son miedos invisibles, futuros, decretados, proféticos, que ocurrirán quien sabe cuándo, nuevos mandamientos del religionismo que se ha apoderado de la discusión ideológico-política y que anula todo razonamiento.
¿Democracia comunista?
Entre las muchos ideas y palabras que han sido usurpadas, está el concepto de democracia, como se ha dicho aquí hasta el tedio, el respeto por el derecho de las sociedades a elegir, a decidir sobre su futuro en libertad, al voto, a opinar, a pensar, a darse sus representantes y sus leyes.
Uruguay exhibe, y no desde ahora, varios ejemplos de esa confusión deliberada y de esa actitud de urraca de robar conceptos y principios, en algunos casos no sólo irrespetuosamente, sino escamoteándole a la población su auténtico derecho para reemplazarlo por autoritarismo del más puro. Un ejemplo contundente es el accionar sindical.
Y aquí se impone una definición que debería ser superflua por obvia, pero que se torna imprescindible, todo un síntoma de la confusión en que se ha caído. La única función que tiene el sindicalismo de cualquier tipo y en cualquier país, definido según las reglas que fueran, es defender los derechos y condiciones laborales de los trabajadores en su relación con la patronal.
Esto es así desde Karl Marx en adelante y no ha cambiado ni hay razón alguna para que cambie. De modo que toda huelga, paro o toma, o cualquier otra acción que tienda a ejercer alguna clase de influencia o presión sobre los gobiernos, la justicia, la sociedad o la gestión privada o estatal es ilegal y abusiva. Esto vale no sólo para la educación, que ha sido secuestrada por el sindicalismo trotskista, no únicamente en cuanto a los contenidos y deformidades que se trasmiten al educando, sino en la negación misma de formación que implica cualquier paro, o simplemente cualquier falta de profesionalismo o negligencia en la tarea o en la influencia indebida que pretende ejercer sobre la currícula, o la bondadosa aprobación sin saber nada, o la indoctrinación seudoideológica-social-histórica, que llega a la negación del género natural, materia que se ha tornado más importante que cualquier otra en cualquier escuela o colegio local.
La opinión sindical pesa igual que la de cualquier persona
También vale para cualquier otro sindicato que se meta a opinar o presionar sobre la gestión del área respectiva. Desde la salud pública al manejo del agua, al payasesco, descarado y costoso vodevil en Conaprole, o a cualquier tipo de resistencia a la decisión de las urnas, como se ha perpetrado, con excusas diversas pero siempre con un plan previo rigurosamente aplicado. O sea, un sabotaje planificado al país, a la decisión democrática y a la población.
Esa pretensión de reemplazar el voto popular por asamblea de voto a mano alzada sin representatividad probada ni legitimada ni mayoritaria, termina por torpedear el empleo de todas las generaciones futuras, como la garantía de una remuneración y estabilidad de preferencia en el estado terminan por transformar a esos sindicatos en dictadores. Véase lo que ocurre con OSE y su sindicato, que ahora cree que sabe de provisión de agua, se opone a las decisiones de Estado, a los proyectos y a los estudios sin ninguna autoridad ni derecho a hacerlo.
Es cierto que durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, ahora sumiso del PIT-CNT, se hicieron reformas constitucionales y en el cuerpo legal, (unidas a presiones sindicales o a simples prepotencias en otros casos) que por un lado otorgaron potestades contrarias a la democracia a varios entes estatales, que no están regidos por los resultados del voto, una especie de privilegio paulino contrario a todo principio de respeto por las decisiones electorales y por otro entroniza a los sindicatos que suponen representar al personal de esos entes privilegiados como dueños de las políticas en cada área clave, que por definición en Uruguay es siempre estatal, o sea siempre sindical, que sin ningún derecho pasan a regirlas o influirlas de una u otra forma.
Si a eso se le quiere llamar democracia, es otra cuestión. Pero no deja de ser un abuso semántico.
El poder de veto del sindicalismo
Como en breve quedará demostrado con el accionar sindical en contra de la reforma previsional, apenas un parchecito menor, cualquier cambio en Uruguay sólo será posible si es impulsado por el aparato sindical del FA-PIT. Siempre esgrimiendo alguna argucia o recoveco constitucional, como acostumbran Maduro, Lasso y también Vázquez y Mujica. Muy parecido al peronismo argentino, probablemente con los mismos resultados.
En un momento mundial en que el trabajo clásico está desapareciendo como factor económico y el trabajo virtual está actuando online y sin relación de dependencia y con mecanismos que lo ponen a salvo de la depredación del sindicalismo y el estatismo Uruguay corre el riesgo de reemplazar salarios por subsidios y por gasto estatal, una ecuación necesariamente ruinosa. Lo que es todavía más grave, es que la discusión de semejante tema no estará regida por la opinión de la sociedad, sino por la corporación sindical, una dictadura con voto tipo chino, si se analiza.
Un sistema impositivo de confiscación
La oposición amenaza además con instaurar un sistema impositivo de confiscación, apoyada por los sindicatos y su sabotaje continuo, que no son, no han sido, no serán democráticos nunca, en ninguna instancia ni lugar. O sea, secundada en todos los casos por los mismos sindicatos que estuvieron tan activos y tolerantes en los desastres económicos de Ancap, de Pluna, de Antel, de Gas Sayago, de UPM y de varias compras inútiles y suculentas que campean en la intendencia montevideana, más otras de las que no se habla, siempre de espaldas a la opinión pública.
Mientras tanto alegremente se dice que hace falta 500.000 uruguayos más, (ningún inmigrante vendrá a que le confisquen patrimonio o a pagar los precios más caros del mundo) cuando no hay ninguna razón para creer que se estimulará la creación de empleo, fuera del empleo estatal, que, como se sabe, no es empleo, sino subsidio. Con los que los supuestos 500,000 uruguayos mentados serán subvencionados del estado, o sea de usted, lector.
Claro que siempre enarbolando la democracia como bandera. Rara democracia inventada que, como el Frente Amplio, cada día está más cautiva de la dictadura sindical.