Bajo este rótulo se puede haber comenzado a construir otra carísima esperanza fallida que terminaría pagando el contribuyente esclavo
Escribe: Dardo Gasparré
Hace pocos días Ancap y su subsidiaria Alur dejaron trascender que se había elegido a una empresa de origen chileno, HIF Global, como desarrolladora de un proyecto de producción de hidrógeno verde y gasolina sintética que aprovechará la propia emisión de CO2 más las de las explotaciones celulósicas. El presidente de la Nación ratificó que el emprendimiento comenzará a mediados del año que viene. (Lacalle habló de 2,000 millones de dólares de inversión frente a la versión del monopolio petrolero que la fija en 4,000) El proyecto se presenta como la mayor inversión de la historia de Uruguay y como una fuente de trabajo para 300 personas y, durante el período de construcción, estimado en 30 meses calcula se ocuparán 1600 personas temporariamente, que en algunos momentos pueden llegar a 3000, por un plazo que no se indica.
Por supuesto que es de celebrar que se esté pensando en insertarse en los negocios del mundo futuro y en especial con exportaciones no tradicionales, como también es de celebrar que se abra la puerta a inversiones chilenas, que huyen de un país que ha entrado en estado delirante, y que amenaza con insistir indefinidamente en plebiscitos obcecados de reformas constitucionales disolventes que son una garantía de inseguridad jurídica.
También es bueno ofrecerse como un mercado que respeta el derecho de propiedad y la libertad en todos los aspectos, en un momento donde el subcontinente casi no tiene opciones para colocar inversión, porque en el mejor de los casos Argentina necesitará una década para recuperar la confianza que ha dilapidado y Brasil comienza a mostrarse como un terreno peligroso e inseguro para cualquier inversión en manos de la peor versión de Lula da Silva.
Un nuevo record, pero ¿quién pone la plata?
En un medio afecto a los récords, también es impactante anunciar “la mayor inversión de la historia”, como ocurrió con la segunda planta de UPM, cuyos efectos y costos no se han terminado de evaluar todavía.
Sin embargo, el anuncio merece algunos comentarios, que se justifican a la luz de otros emprendimientos igualmente visionarios que se intentaron entre 2005 y 2019 y que terminaron en catastróficas pérdidas, que tuvo que pagar el Estado, o sea el contribuyente y el consumidor, o sea usted, señor.
Ancap, Alur, y todas las otras llamadas empresas del Estado, no son empresas en el sentido propio del término. Son entes monopólicos estatales, por más prestidigitación que se intentase. Sus pérdidas son soportadas por el contribuyente en todos los casos. De modo que no puede tomar riesgos alegremente como una sociedad privada, porque sus riesgos los termina pagando siempre el público. Eso crea algunas obligaciones que no suelen tenerse en cuenta en el momento de tomar compromisos. El tren regalado a UPM por contrato es apenas un ejemplo. No hace falta enumerar las pérdidas de los grandes sueños financiados por el país. De modo que hay algunos requisitos que debería cumplir el monopolio antes de proceder con este proyecto.
¿Qué tipo de acuerdo se va a efectuar?
Uno de ellos es clarificar a la opinión pública, y también a los funcionarios y legisladores elegidos por la ciudadanía, qué tipo de acuerdo se está por efectuar, y el formato legal que se le piensa dar. ¿Es una licitación? En tal caso se han infringido ya una larga lista de reglas y pasos. ¿Es una sociedad? También recordando resultados y desastres pasados deberían trasparentarse estos contratos y ser debidamente auditados. ¿De qué tipo de acuerdo se trata? ¿Qué costos involucra para el país?
Otro punto es determinar quién hará la inversión, y qué compromisos están tomando Ancap, Alur y otras siglas. De nuevo, cualquier promesa de inversión, pago o desembolso será a costa del bolsillo de la sociedad. Tal vez ésta tenga derecho a saber a qué se está comprometiendo. Ya el mecanismo de “elección” de la empresa ha sido llevado adelante en secreto, con una consultora cuyo nombre no se menciona, sin una evaluación pública de antecedentes, como corresponde.
Tampoco se puede omitir informar ampliamente quién toma los riesgos, TODOS los riesgos. Esto incluye los resultados comerciales en un mercado mundial que todavía no tiene claro cuáles son los sistemas que se utilizarán y autorizarán, ni los productos que serán considerados válidos o no contaminantes por el sistema autocrático de las potencias centrales. Existen muchas dudas. No está mal apostar dinero privado. Pero jamás dinero público. No estaría bueno ni sería inteligente repetir los errores de tantas aventuras del pasado, que incluyen inversiones, sociedades, empresas extranjeras, mecanismos de adjudicación sui generis, y siempre, siempre, culpas y responsabilidades que se diluyen pero que siempre también las paga el ciudadano.
Nada de subsidios ni eximiciones
Otro punto que no queda claro es el aspecto de los subsidios, exenciones o eximiciones. Estos combustibles sólo son hoy algo competitivos si se subsidia fuertemente el precio. ¿Quién oblará esos subsidios? Justamente para eso existen las empresas privadas. Para tomar esos riesgos, incurrir en esos gastos de lanzamiento hasta que los costos se equilibren. Amazon perdió plata 14 años. No el contribuyente. También aquí debe aclararse qué se piensa hacer. Ningún subsidio debe salir de ningún ente estatal, primero porque no es esa la función del estado, segundo porque todo lo paga el contribuyente o el consumidor transformado en contribuyente, y tercero porque no es serio ni trasparente. O sea que se presta a cualquier enjuague, dicho con todo respeto.
En cuanto a las eximiciones o exenciones impositivas o de cualquier otro orden, no es justo ni inteligente repetir el error cometido con UPM. Eso significa crear un sector del PIB escuálido, desnutrido, de segunda. De paso, es una injusticia para todas las pymes y para todos los ciudadanos, que deben pagar rigurosamente sus impuestos y gabelas. La excusa de todas las empresas privadas prebendarias que se asocian con alguna argucia con el estado es siempre que crean puestos de trabajo. Quienes han analizado largamente este fenómeno, saben que ese argumento no se justifica jamás. Una sugerencia es que si se desea incursionar en este complicado mercado, se abra el juego en serio a empresas privadas con todas las reglas de libertad, competencia y transparencia y se las deje libradas a su suerte. Se llama sucio capitalismo.
Los 1600 empleos precarios y los 300 empleos permanentes, los crearían las empresas privadas si se las dejase trabajar y competir. Es cierto que el modelo UPM es más amistoso para el negociador. Porque la pregunta de fondo es: ¿cuánto costarán esos 300 empleos?
¿Quién controla al monopolio?
Hasta los orientales con poquísima memoria, o con ganas de tener poquísima memoria, recordarán que con idénticos argumentos con que el monopolio petrolero y “afines” anuncia esta supuesta inversión, se anunciaron en el pasado sociedades regasificadoras, aerolíneas, exploraciones petrolíferas, estadios de espectáculos, y otros sufrimientos, que serán costeados por los contribuyentes por muchos años más, por la deuda y las obligaciones que generaron, sin contar algunos juicios que todavía están por llegar.
Aun aceptando que estos monopolios estatales gozan por quién sabe obra de quién prerrogativas (¿conquistas sociales?) de supuesta independencia y autonomía, los funcionarios y legisladores electos por votación popular deberían tener amplio poder de cuestionamiento, investigación y hasta supervisión y veto de estas actividades y compromisos, que terminan de una u otra manera formando parte del Presupuesto nacional y del costo que cada uno de los ciudadanos debe soportar de esa entelequia que antes se llamaba rey y ahora Estado. Si no, ¿qué defensa tiene el contribuyente cautivo de los monopolios?
Empresa y riesgo son sinónimos, siempre. Estado y riesgo son carísimos, siempre. Para el público, claro.