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Contraviento

Manifiesto contra el “Complejo Industrial de la Censura”

24 octubre, 2023

Por Gerardo Sotelo 

Hace casi un año, en noviembre de 2022, publicábamos en este espacio un artículo titulado «Pájaros en peligro» , en el que nos aventurábamos a plantear ciertas inquietudes sobre las restricciones a la libertad de expresión que se estaban adoptando en diversos países del mundo. El pretexto de quienes promovían esas medidas (la censura siempre tiene uno) era la lucha contra las “fake news” y el “discurso de odio”, y estaba consiguiendo adeptos en ciertos sectores de activistas, intelectuales y políticos de Occidente, incluyendo países de alta reputación democrática.

El desencadenante de la controversia era entonces la expresión de Elon Musk al comprar Twitter: «El pájaro fue liberado». Esta frase inspiraba lo que sería el comienzo de una nueva era en la influyente red social, pero también suscitaba la ira y preocupación de quienes temían que la «liberación» del pájaro azul facilitara la acción de manipuladores y “haters”.

Un año atrás, repasábamos cómo la literatura política convencional estaba llena de expresiones de odio y, reivindicando el pensamiento de John Milton, reafirmábamos que “es preferible que circulen libremente a pesar de su carga de odio, a censurar el debate público con criterios borrosos, imprecisos o arbitrarios”.

El artículo anticipaba preocupaciones que, con mucha más profundidad, mejor pluma y la firma de algunos de los más prestigiosos intelectuales contemporáneos, toman forma en la denominada «Declaración de Westminster» , una expresión conjunta de periodistas, artistas, académicos y activistas de todo el mundo, unidos en su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión.

La lista es de una amplitud ideológica impresionante. Allí aparecen nombres como Steven Pinker o Slavoj Zizek, Julian Assange, Edward Snowden, Tim Robbins, Nadine Strossen, Jeffrey Sachs y John Cleese, entre otras personalidades, reunidas con el objetivo de “alertar sobre la creciente censura internacional que amenaza con erosionar normas democráticas con siglos de antigüedad”.

Los firmantes nos advierten sobre una realidad que está ocurriendo ahora mismo “en todo el mundo”, donde “instancias gubernamentales, empresas de redes sociales, universidades y ONGs trabajan cada vez más para vigilar a sus ciudadanos y amordazarlos”, en lo que ellos mismos denominan como el “Complejo Industrial de la Censura”.

¿Cómo opera y quiénes se destacan en este grupo de países que introducen estas nuevas y sofisticadas amenazas contra la libertad de expresión? Pues gobiernos como los de India y Turquía, que “se han otorgado el poder de eliminar contenido político en las redes sociales”, pero también el legislativo alemán y la Corte Suprema de Brasil, que “están criminalizando el discurso político”.

La lista se extiende a países como Irlanda y Escocia, con sus proyectos de ley sobre “discursos de odio”, Inglaterra y su proyecto de ley sobre “seguridad en línea” y Australia, con su proyecto contra la “desinformación”, pero incluye también a Estados Unidos.

Los firmantes sostienen que las agencias diseñadas para combatir estas amenazas, como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA), son usadas cada vez más en contra de la ciudadanía que se supone deben proteger, y “con el pretexto de prevenir daños y proteger la verdad, la libertad de expresión es tratada como una actividad permitida y no como un derecho inalienable”.

¿Es posible que la promoción de la libertad de expresión se contraponga con la necesidad de abordar problemas como la desinformación y el discurso de odio?

La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. A medida que la tecnología evoluciona y enfrentamos dilemas cada vez más complejos, crece el temor a las consecuencias de los excesos que se puedan cometer en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero también el temor a la censura y a la cancelación de opiniones con cualquier pretexto más o menos plausible.

Este debate no tiene una respuesta fácil, pero es innegable que nada puede sustituir un diálogo social abierto y sincero, incluso y especialmente cuando se abordan temas incómodos o controversiales.

La Declaración de Westminster nos recuerda que la protección de la libertad de expresión es responsabilidad de gobiernos, corporaciones tecnológicas y ciudadanos, y que no podemos confiarnos de que los poderes públicos van a estar, necesariamente, velando por nuestros derechos.

En última instancia, depende de nosotros exigírselo y animarlos a encontrar un equilibrio que preserve este derecho fundamental y asegure un futuro donde nuestras ideas puedan ser expresadas, exploradas y debatidas sin restricciones. Este es el único ecosistema que nos asegura seguir viviendo en sociedades abiertas, democráticas y libres.