“Una red social no puede convertirse en el brazo de la censura estatal».(Elon Musk)
El reciente conflicto entre el empresario Elon Musk, dueño de la influyente red social X, y el juez Alexandre de Moraes del Tribunal
Supremo de Brasil, debería estar sacudiendo el debate sobre la libertad de expresión en el contexto digital.
La disputa estalló cuando Musk se negó a bloquear cuentas populares bajo una orden judicial brasileña, lo que llevó a de Moraes a abrir una investigación por obstrucción a la justicia contra el empresario.Musk, por su parte, acusó al juez de censura y abuso de poder, argumentando que la orden judicial representaba una amenaza para la libertad de expresión y un intento de silenciar el debate público en las redes sociales.
Moraes ha mandado suspender en las plataformas de redes sociales numerosas cuentas y publicaciones, argumentando que difunden contenido que, en su opinión, pone en riesgo la democracia en Brasil.
Estas órdenes, que afectan principalmente cuentas de opositores al gobierno, suelen mantenerse en secreto y no detallan las razones
específicas por las que una cuenta ha sido suspendida. Musk ha criticado al magistrado, afirmando que sus decisiones incluso
contravienen la propia ley brasileña.
La controversia resalta la creciente tensión entre la regulación estatal y los derechos fundamentales en el entorno digital, ofreciendo una oportunidad de examinar cómo las nuevas legislaciones afectan la libertad de expresión.
Musk ya se había enfrentado a la Comisión Europea por la aplicación de la controversial Ley de Servicios Digitales (DSA, por su sigla en
inglés) aprobada en 2022 en el seno de la U.E.
La DSA, diseñada para enfrentar la desinformación y otros contenidos nocivos en línea, impone a las plataformas digitales la responsabilidad de moderar y eliminar contenido que infrinja las normas comunitarias. Si bien la intención puede ser loable, la DSA ha sido criticada por su potencialidad de convertirse en una herramienta de censura indirecta.
Regulación como censura encubierta
La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización estadounidense dedicada a defender las libertades civiles en el
ámbito digital, ha expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones globales de la DSA. Según la EFF, el enfoque de la nueva norma europea de imponer responsabilidad a las plataformas digitales por el contenido generado por los usuarios podría establecer
un precedente peligroso para la libertad de expresión.
La organización advierte que este tipo de regulaciones podría convertir a las plataformas en censores encubiertos, al ser obligadas
por funcionarios de la Unión Europea a eliminar contenido para evitar las sanciones previstas en la norma, como fuertes multas y
restricciones a operar en territorio europeo, en lugar de permitir que se basen en órdenes judiciales claras.
Según la organización, las plataformas no deben ser responsables del contenido generado por los usuarios para evitar la censura y proteger
la libertad de expresión, y la responsabilidad legal debería basarse únicamente en órdenes judiciales y no en notificaciones privadas. La
EFF también rechaza la vigilancia y el filtrado obligatorio de contenido, advirtiendo que tales medidas podrían convertir la web en
un espacio de censura encubierta.
La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), aunque aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la DSA, podría enfrentar demandas en el futuro por parte de quienes aleguen que la ley vulnera el
derecho a la libertad de expresión consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se ha pronunciado al respecto de la DSA, que rige en los países de la Unión Europea, pero ha sido crítica ante situaciones similares, advirtiendo sobre los peligros de delegar en las plataformas la responsabilidad de moderar contenido sin garantías adecuadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subraya que cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser proporcionada y justificada por razones legítimas, y no puede
convertirse en un mecanismo de censura indirecta.
En resumen, el conflicto entre Musk y el juez de Moraes, junto con las críticas a la DSA, ponen de manifiesto la complejidad de regular el
contenido en la era digital.
La verdadera prueba será si estas regulaciones pueden aplicarse de manera que preserven un espacio digital donde las ideas, incluso las controvertidas y disruptivas, puedan circular libremente, sin temor a la censura.
Como se ve, la amenaza a la libertad de expresión no proviene solo de regímenes autoritarios, sino también de medidas adoptada por países y organizaciones supranacionales democráticas, que pueden socavar los principios fundamentales del debate, la crítica y
pluralidad.
A lo largo del tiempo, las excusas para controlar ideas y censurar el pensamiento crítico han sido prácticamente las mismas, y han recurrido siempre a la necesidad de proteger la moral o preservar la estabilidad social.
La historia nos recuerda que la libertad de expresión no es una concesión del poder político, sino un derecho que debe ser vigilado y
defendido constantemente.