Los nuevos Medios Públicos y los nostálgicos de la opacidad

 

Escribe Gerardo Sotelo 

Los cambios radicales que estamos implementando en la organización, gestión y contenidos de los medios públicos no han pasado inadvertidos. Especialmente para algunos que han estado involucrados, por acción u omisión, con las administraciones anteriores.

Opacidad, uso proselitista del espacio público, falta de imparcialidad, nepotismo, escasa consideración pública, duplicación de gastos, conflictos sindicales, falta de visión estratégica, asignación de recursos humanos errática e inadecuada y una estructura totalmente inapropiada para estos tiempos, son algunos de los vicios y lastres con los que nos hemos encontrado.

Aunque fue necesario tomar decisiones difíciles y audaces, el panorama que presentan hoy nuestra organización y nuestros medios es radicalmente diferente. Esto queda reflejado en nuestras pantallas (TV y digital) y micrófonos, en la nueva estructura administrativa, la nueva tabla salarial y la recientemente aprobada “Guía de Principios, Procedimientos y Estándares de Calidad”.

En este contexto, no es sorprendente que surjan reacciones, tales como comentarios y publicaciones inspirados en el deseo de distorsionar la realidad sin ningún apego por los hechos, ni siquiera por hechos tan contundentes como los referidos.

El reproche inicial fue la publicación en mi cuenta de Twitter de opiniones sobre diversos temas de actualidad política nacional e internacional, alegando la supuesta violación de las normas adoptadas en la Guía. 

La diatriba inicial, y tal vez la más tosca, fue lanzada por el programa No Toquen nada de Del Sol FM, y afirmaba que yo había violado las normas que fueron aprobadas cuatro días antes, al hacer comentarios políticos en mi cuenta de Twitter. No está de más señalar que nadie del programa ni de la empresa me llamó para darme la oportunidad de responder semejante acusación.

Si embargo, las disposiciones de la Guía que hacen referencia a la expresión de opiniones personales en las redes sociales (la 6.6 y la 4.5.1) exhortan a abstenerse de hacerlo en «perfiles o publicaciones en las que se nos asocie con nuestro trabajo en los medios públicos»; y como si eso fuera poco, tales restricciones no incluyen a los directores políticos de la institución.

Dado que en mi cuenta de Twitter no hay referencia alguna a mi rol en SeCAN, ni en palabras ni en imágenes, el griterío comenzó a reprocharme que se hubiera excluido del control de la Guía a los directores políticos, como si esto constituyera un privilegio o una suerte de impunidad.

Edison Lanza, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y asesor del precandidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, llegó a calificar de «burla» unos comentarios míos sobre las elecciones argentinas, pero no citándolos sino reproduciendo la versión caricaturesca y difamatoria de Del Sol FM. Es decir, profiriendo una especie de diatriba de segundo grado.

En los hechos, ni la Constitución ni las leyes establecen las inhibiciones que se me exigen, por lo que no debería extrañar que tampoco lo haga la Guía. Si alguien aún tiene dudas al respecto, veamos qué dicen algunos de los textos canónicos que existen en el mundo, comparando nuestra Guía con documentos similares de tres organizaciones de medios públicos que están entre las más importantes y destacadas: la British Broadcasting Corporation (BBC) del Reino Unido, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos.

La Guía recientemente incorporada, especifica pautas y recomendaciones que orientarán la búsqueda del mayor rigor profesional, «tanto en el tratamiento periodístico de los contenidos, como en la más amplia variedad de géneros y formatos», y se aplican a quien «concibe, realiza o difunde cualquiera de los contenidos emitidos o publicados por nuestros medios».

En el documento de «Directrices Editoriales» (Editorial Guidelines) de la BBC, se establece que las mismas están dirigidas a «todos aquellos que crean o presentan nuestro contenido o producción… para ayudar a cualquier persona que produzca nuestro contenido a enfrentar problemas editoriales difíciles.»

La CBC determina que sus «Normas y Prácticas Periodísticas» (Journalistic Standards and Practices) se aplican a todos los empleados vinculados a la creación de contenidos, «así como el contenido que crean».

Finalmente, el «Manual de Ética» de la NPR incluye a «los miembros del personal que desempeñan un papel en la conformación de la dirección periodística o creativa del contenido de NPR», es decir, «líderes, gerentes, reporteros, editores» y demás integrantes del equipo que «dan forma» a los contenidos editoriales, entendiendo por «líderes» (Leadership) al CEO y el resto de la dirección ejecutiva, no a los miembros del «Board of Directors».

Como se observa, en ninguno de estos se incluye a los directores entre las personas comprendidas por las restricciones que imponen las guías de procedimientos. No debería sorprender, ya que nuestra Guía es un compendio de esos y otros documentos de similar jerarquía y rigor de organizaciones de medios públicos a las que buscamos emular.

Hablando de emulación, destaquemos que esta estructura de la NPR es similar a la de otros medios públicos del mundo, como la BBC, y se replica en la nueva estructura de los medios públicos uruguayos. Así, aparece la figura del secretario general y la Comisión Ejecutiva integrada, además de por este y el presidente del Directorio, con cuatro gerentes de áreas transversales: Programación, Operaciones, Tecnología y Comunidad y Territorio.

De esta manera, procuramos profesionalizar la gestión y separar a los directores del trabajo diario en las redacciones y producción de contenidos, especialmente los informativos y periodísticos.

Pero vayamos a los sustancial. Sería beneficioso que los candidatos a la Presidencia de la República establecieran con claridad si van a respetar estos nuevos criterios y exigencias o si planean derogarlos para volver a los años de la opacidad y la utilización proselitista de unos medios que son patrimonio de toda la comunidad nacional.

Los medios públicos, como el sistema educativo y la administración de Justicia, son fronteras de la laicidad y la libertad: debemos asegurarnos que sean espacios libres de proselitismo, donde todas las voces puedan hacerse oír en un clima de respeto e imparcialidad. Al menos si queremos seguir viviendo en un país de valores democráticos y republicanos.