El peligro de creerse diferente al resto del mundo, como tantos países imaginaron antes
El balotaje en Argentina fue la temática favorita del periodismo oriental en la semana, a veces con mucho conocimiento de causa y con reflexiones profundas, otras con una superficialidad que asusta, otras empujadas por quién sabe qué lealtades.
Y hay otra categoría, infaltable. La de quienes sostienen convencidos que, felizmente, Uruguay es indemne a la enfermedad terminal que aqueja a Argentina por diversas y sesudas razones, entre otras su bajo nivel de corrupción, la madurez de su sistema político y la calidad de sus instituciones.
Peligrosa convicción. La columna ha advertido varias veces sobre la gravedad de descansar en este tipo de seguridades que, además de ser comunes a muchos países, son puerilmente inocentes de sostener en un momento donde en el mundo y en la región se están produciendo fenómenos que justamente se aprovechan de esa suerte de inocencia telúrica, de sana tradición. Y, aunque parezca algo dramática la comparación, recuerda a los adictos que creen que “no sufrirán el efecto de las drogas, ni se volverán adictos, porque ellos la controlan y toman de la buena”. Las sociedades tienen hoy miles de nuevos derechos. Pero no tienen el derecho a ser inocentes, menos en nombre del orgullo patriótico.
La corrupción de la que no se habla
En 2016, en una visita a Montevideo, Elisa Carrió, que tiene muchos defectos pero mucha información sólida, frente a las preguntas sobre corrupción dijo: “en Argentina la corrupción está expuesta. En Uruguay, de eso no se habla”. La filosa lengua de Lilita suele hacer estragos.
Es absolutamente cierto que parece casi imposible alcanzar el nivel de robo del sistema político argentino. Pero en la medida en que los gobiernos estatistas se guardan para sí los controles, los permisos, las exenciones y eximiciones, las adjudicaciones y concesiones, en la medida en que el producto del robo se comparte con los subordinados y beneficiarios, cualquiera fuera su nivel y monto, la podredumbre se extiende y carcome en silencio las entrañas del andamiaje institucional. Si a eso se le agrega que cada acción requiere un permiso que se negocia al mejor postor, el dolo es el catecismo silencioso que impera crecientemente.
El populismo, la coima más o menos disimulada al votante, exagerada hasta la emisión irresponsable de dinero cuando se agota la cantidad de impuestos que puede soportar la ciudadanía y el gasto creciente no puede ser saldado de otro modo, es otro incentivo al arrebato. Y la necesidad de exhibir el fruto del latrocinio como si fuera un trofeo, es el colofón de un proceso de corrosión, más que de corrupción.
Ciertamente Uruguay no ha llegado ni por asomo al nivel argentino en este aspecto. Pero no hace falta recordar aquí las aberraciones que se cometieron desde las empresas del estado, montos que, relativamente, se comparan a los mejores logros del vecino. Ni tampoco hace falta recordar que esos casos no fueron juzgados en la mayoría de los casos, y si lo fueron -tangencialmente- tuvieron sanciones y condenas ridículas y casi ofensivas en relación a su magnitud.
El daño de un gobierno populista
Pero no es ese el punto en discusión. El punto es el daño que puede hacer un gobierno populista, estatista, socialista, wokista, lanzado a repartir bienestar forzado y a complacer cualquier demanda que suene popular. La corrupción no es la que exista hoy. Es la que puede producirse. Y si se copia el modelo de gobierno argentino se llegará al mismo resultado.
Este concepto se aplica a la economía, a las instituciones, a la convivencia, al crecimiento, a la seguridad, a la creación de empleo, al concepto tantas veces manoseado de que “la solución para lograr un mayor bienestar para todos es que haya crecimiento”. Una simpleza que se vuelve mentira cuando primero se reparte vía impuestos, recargos, controles, monopolios estatales, y después se intenta crecer, y entonces los únicos caminos son el endeudamiento o la emisión.
Los orientales no pueden olvidar ni desconocer que cualquier elección, como lo probó la “epopeya” de la derogación de la LUC, se dirime por veinte o treinta mil votos, que es lo que separa al país del éxito o la pobreza. Ese es el riesgo ante el cual no se puede ser inocente, ni sentirse inmune, ni distinto al resto de la humanidad, ni declarar frases hechas, porque esta vez será muy difícil retornar de la trampa.
Interesa analizar la reciente posición del MPP, que sostiene a Yamandú Orsi, un candidato percibido como moderado por el establishment, siempre tan interesado en sus negocios que se olvida de percibir la realidad. El punto principal de lo que intenta sea la plataforma del Frente Amplio, en el que no es la posición más extrema del socialismo local, comienza por hablar de la “Pública Felicidad”. Nada más que ese término bastaría para salir corriendo de cualquier reunión donde se usase esa frase. No sólo recuerda casi fotográficamente al ministerio de la felicidad, de Rand y Orwell, sino que preanuncia una burocracia dedicada a semejante empeño imposible e inasible.
El ministerio de la felicidad
Más grave es observar que esa felicidad se planifica que sea lograda mediante dos medidas de fondo: el crecimiento económico y la jornada laboral de 40 horas semanales. De arranque, ambas ideas chocan fatalmente entre sí antes de empezar la carrera. Por supuesto que esas ideas, inspiradas en el pensamiento de Mujica, creen que el crecimiento es posible con la acción estatal, que ni puede generar riqueza ni empleo. De modo que es muy probable que la idea de la felicidad se parezca más a la de Su Santidad: bienaventurados los pobres que fabricaremos, porque ellos serán felices al no poder ambicionar nada.
El concepto se agrava si se agrega la propuesta del Partido Comunista, ahora definitivamente dueño del Pit-Cnt y numen del Frente Amplio, que consiste en crear nuevos y más impuestos progresivos al ahorro y capital privado, en la creencia de que eso no afectará a la inversión y el empleo. Que es lo que hizo Argentina antes de perder toda su inversión en manos de Máximo Kirchner y un adlátere, promotores de esa exacción-robo. Todas garantías de que la inversión no existirá. Sólo el estado intentará hacerla con más impuestos, más deuda o más inflación. Sin contar la corrupción consecuente. De modo que se intentará distribuir antes de crecer. Repartir empleo y riqueza a cuenta de un crecimiento imposible.
Como se puede ver en Argentina, recuperarse de los efectos de esas políticas combinadas es prácticamente imposible.
La trampa de la reforma constitucional
Siguiendo con la lista de propuestas, el Movimiento citado propone una reforma constitucional. Sin abrir aún la discusión sobre el uso utilitario de la Constitución al intentar transformarla en una lista de compras de supermercado, se trata de un punto peligrosísimo. El propio partido lo explicita: se intenta arrasar con la voluntad soberana de la democracia uruguaya, y aún pasar por encima de la propia Carta Magna.
La amenaza de crear con cualquier formato una dependencia de poderes regionales, supranacionales, tratados internacionales de cualquier tipo, no sólo cumple al pie de la letra el proyecto del Foro de Sao Paulo, más que foro, faro del neomarxismo, sino que intenta unificar en una sola masa sin opinión, ni voz ni voto, a toda la ciudadanía oriental, que pasaría a ser gobernada por una banda de burócratas ignota, con su voluntad relegada y limitada a temas menores.
También se ha hecho parcialmente en Argentina, con resultados lamentables y de efectos graves e irreversibles. Y se intenta hacer ahora localmente, justamente en el país que se piensa diferente a los demás de la región y sabe que debe llevar una política propia en todas las instancias, empezando por el monopolio prebendario del Mercosur. Nuevamente, si se hace lo mismo que el vecino, se obtendrán los mismos resultados.
¿Por qué Uruguay debería resignar su soberanía y transformarse en un estado subordinado a cualquier formato de gobierno regional de cualquier signo? Parece un despropósito, pero eso es lo que propone el más relevante integrante del FA.
La reforma de la reforma previsional
No termina ahí. Dentro de la modificación de la Constitución se esconden otros temas, y se pueden esconder aún más. Por ejemplo, la indisimulada intención de cambiar la reciente reforma previsional por esa vía, por un plebiscito o por una propuesta de reforma, según convenga al Frente. ¿Y cuál es esa reforma de la reforma? También ha sido explicitado. La idea es que se aumente el gasto del estado, o sea de la población en general, financiando las jubilaciones con el sistema de reparto insostenible mundialmente, la temprana edad de retiro, junto a todos los subsidios, repartos, sensibilidades y demás que se disfrazan de gasto de jubilación aunque no lo sean.
¿Y cómo se pagará esto? Con nuevos y más impuestos a los supuestos ricos sobre su capital decretado ocioso, impuestos progresivos además, un despojo cuando se trata de impuestos a las tenencias, no al flujo. A esto se llama “propender a la pública felicidad”, utopía que, como todas las utopías comunistas, socialistas y demás, no sólo no se cumplen, sino que estallan siempre en miseria y dictadura. Esto se va a votar el próximo año, y se aprobará o descartará por algunas decenas de miles de votos. Ese avance sobre el derecho de propiedad también ha sido practicado en Argentina, con los resultados que a veces causan hasta burla frente a la riqueza pasada y añorada. ¿Por qué aquí tendría un efecto distinto?
Y ¿por qué la sociedad tiene que subvencionar la jubilación de los trabajadores y de los no trabajadores, por cualquier medio que fuere? Marx vomitaría al ver su teoría de la plusvalía tan desvirtuada y probada falsa. Según esta visión, los trabajadores ya no producen riqueza. Producen impuestos.
La salvación de los morosos: el fin del crédito privado
Por si eso no fuera suficiente, también se incorpora en la plataforma del MPP la “solución” de Manini al dramático problema de quienes están en el clearing, es decir de los morosos, que parece ser una categoría aceptable dentro del léxico de la izquierda, que merece tratamiento legal, tal vez constitucional, garantizando, por supuesto, crédito barato para tanta pobre gente.
Todo intento de resolver este problema por medio de la legislación o la arbitrariedad del estado, terminará con la pérdida de crédito de los sectores más necesitados de él. Todos los bienes cuyos precios controla el estado con cualquier formato, terminan siendo más caros o escaseando hasta la extinción. No muy diferente que lo que ocurre en el país vecino con la nafta, los medicamentos, el dólar y las viviendas en alquiler, todos bendecidos por la “reglamentación estatal”, que ha eliminado toda posibilidad de acceso a esos bienes cuyos precio gozan de la seudo protección de la ley.
Si tanto orgullo produce el sentirse distinto, ¿para qué parecerse a quienes han fracasado rotundamente?
Los nuevos dirigentes maquiavélicos
Se producen simultáneamente dos fenómenos, uno local, otro global. Localmente, han abandonado la escena política los viejos dirigentes del Frente Amplio, aquellos que seguían sosteniendo principios de sana administración, más allá de sus errores y de su ideología. Han sido sucedidos por “profesionales de la política” que intentan conseguir el poder por el poder mismo, con los efectos conocidos. No vacilan en buscar protección y complicidad en los Foros regionales y mundiales donde las “orgas” los ponen a salvo de la decisión de los pueblos y sus votos.
No vacilan en convertirse en mandaderos de esos entes, en simples delegados protegidos. No intentan ser ni estadistas ni patriotas, ni siquiera honestos. Cumplen una agenda, un reseteo, un protocolo. Dicen las frases que dicen en todo el mundo, casi calcadas. Quieren subordinar las democracias y neutralizarlas. Son su enemigo. Lo que pueden aportar es dependencia y sumisión. Nunca felicidad ni progreso, ni equidad, ni justicia social. Al contrario.
Sentirse distinto e inmune es estar desprotegido y con la guardia baja. Ese es el mensaje que intenta dejar esta columna.