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Contraviento

Un país de derechos y libertades… que desprecia el derecho de propiedad

2 abril, 2024

La interminable intromisión del estado cada vez más paralizante y confiscatoria, no importa cuántas veces se pruebe su fracaso

 

Confirmando por enésima vez la imperiosa necesidad que tienen los políticos orientales y una parte importante de la sociedad de limitar los derechos personales, muy en especial el de propiedad, se está discutiendo un proyecto legislativo que pretende regular los alquileres turísticos temporarios de corto plazo.

Nadie podrá nunca explicar por qué se cree que el paraguas mágico y anónimo del estado se puede convertir en máscara para disimular el robo de los derechos, para limitarlo e imponerle a sus legítimos poseedores obligaciones de todo tipo, entre otras la del mismo destino de los bienes.

A esto se une otra atribución también dictatorial (no hay otro modo de definirlo) que es la convicción de que los contratos entre privados deben tener condiciones impuestas por el estado para supuestamente beneficiar a una de las partes o evitar abusos de la otra parte, siempre cruel y malvada, según esa idea.

El estado cree que puede invadir los derechos ajenos

En este caso particular, se unen ambas situaciones. El estado – o sea un sector de ciudadanos que se considera el dueño del estado al que supone a su servicio – en detrimento deliberado de otro sector que son los propietarios de inmuebles, determina por cuanto tiempo se tiene que alquilar la propiedad, en qué condiciones, con qué requisitos, con qué garantía, mediante qué intermediarios, y ahora, en este proyecto, hasta se intenta que se registre al inquilino, con lo que se invaden otros derechos más trascendentes aún, además de plantear un engorro deliberado y obstaculizante.

El proyecto tiene todas las características y los considerandos populistas y demagógicos que suelen garantizar su aprobación. Y que también suelen garantizar el fracaso del objetivo que la norma intenta lograr.

La fatal mano visible del estado

Bajo el concepto de que toda propiedad que se destine al alquiler de corto plazo se escamotea a la oferta de viviendas de alquiler clásico y para defender a los inquilinos que supuestamente verían así disminuida la oferta, el socialismo -no sólo en Uruguay, sino en todos los gobiernos seudoprogresistas del mundo – intenta obstaculizar, prohibir, limitar, reducir, entorpecer, disuadir, burocratizar el alquiler turístico de corto plazo para obligar de ese modo a alquilar la vivienda por plazos más largos. Sumamente efectista.

Desde el punto de vista jurídico y ciudadano se trata simplemente de un abuso más del estatismo y su soberbia e ignorancia, que pisotea los más elementales principios del derecho no solamente de propiedad, sino del derecho liso y llano.

En la práctica, como corresponde a todas las decisiones de la burocracia arrogante, no logra jamás su objetivo. Sólo molesta y perjudica a los propietarios. Por otra parte, desestimula la construcción de viviendas, un tema para nada menor en un sistema cuyos mayores puestos de trabajo son de albañiles y mucamas, despreciada y acosada la actividad privada, más allá de todas las declaraciones y declamaciones.

El optimismo ignorante de la burocracia

Creer que alguien va a construir una vivienda para que un burócrata, en nombre de lo que fuere, determine cuál es el destino que puede darle a su propiedad es simplemente no comprender la acción humana, que tanto odia, desprecia, impide e intenta evitar el marxismo de ayer, hoy y siempre, no importa el apodo o la excusa que se use.

En la convicción de que sus decisiones son siempre perfectas, sólo saboteadas por la absurda y molesta idea de la gente de hacer lo que se le viene en ganas, a ningún planificador se le ha ocurrido que tal vez sea posible que sean justamente sus prohibiciones, intromisiones, limitaciones y odios ocultos los que producen la escasez y el enrarecimiento de los mercados.

También, como es habitual, en este tipo de uso de conveniencia que se da al estado convergen intereses de todo tipo, algunos de quienes piensan de buena fe que de ese modo se abaratará su alquiler (cosa que no ocurrirá por este camino), otros simplemente defendiéndose de una competencia que no saben cómo enfrentar. Con argumentos aparentemente siempre impecables, pero con resultados que nunca se alcanzan. Al contrario.

El mensaje que leen el inversor y el emprendedor

Además de la aberración jurídica implícita y de conseguir los resultados opuestos a los que se persiguen, incluyendo una reducción de la construcción de nuevas viviendas y de generar más desconfianza en la oferta (que se traduce siempre en escasez y mayores precios) el mensaje que se envía al inversor o emprendedor de cualquier naturaleza, área, tamaño o especie es que debe tener mucho cuidado en arriesgar su ahorro, su capital y su esfuerzo en ese tipo de escenarios arbitrarios.

Si a esto se une la desconfianza que está trasmitiendo el neomarxista Frente Amplio al agitar y promover la creación de nuevos impuestos (¡progresivos!) al patrimonio y al ahorro, el panorama de crecimiento, inversión y empleo, ya severamente castigados por un tipo de cambio fruto del proteccionismo que hace que el país condene a la precariedad de limitarse a la producción primaria, muestra una clara señal de peligro  en estas intromisiones normativas demagógicas. También en la negación al cambio tecnológico revolucionario que facilita la elección y decisión del usuario en éste y tantos otros temas, favoreciendo a lo obsoleto.

Los cebos para endeudarse

El bajo riesgo país y la mejora en el grado inversor, que se muestran como un gran logro, son, en ese marco, nada más que cebos para endeudarse, justamente la resultante de ese tipo de intervencionismo estatal que pretende, además de repartir los bienes ajenos, redistribuir el derecho de los individuos como si se tratase de una posesión del monarca, ya que el endeudamiento sólo patea para más adelante el pago de los despropósitos que se legislan en nombre de la solidaridad o la sensibilidad, que terminan siempre en el empeoramiento de lo que se quiere paliar.

Como es sabido, la evidencia empírica es odiada y obviada por los amantes de la planificación central, como ocurre en todos los casos con los totalitarismos de cualquier formato. La ley de oferta y demanda es cosa del pasado para la fatal arrogancia imperante, pero suele imponerse con toda contundencia sobre el dedo de los iluminados, con consecuencias desastrosas para los sectores más necesitados de toda sociedad.