El pasado 21 de febrero tres personas vestidas con el uniforme de la Policía de Investigaciones de Chile secuestraron en Santiago el militar venezolano Ronald Ojeda, quien había recibido asilo político en ese país tras lograr escapar en el año 2017 de la cárcel militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, 120 kilómetros al oeste de Caracas, donde estaba recluido acusado de participar de actividades contrarias al régimen de Nicolás Maduro. Su cuerpo fue encontrado nueve días después, oculto en una maleta que estaba sepultada bajo un metro y medio de cemento, en la comuna de Maipú, en la capital chilena.
Las investigaciones judiciales y policiales apuntaban a un delito vinculado al crimen organizado, ya que el enterramiento de Ojeda se había realizado siguiendo una modalidad ya empleada en otros asesinatos cometidos por grupos vinculados al llamado «Tren de Aragua», una organización criminal venezolana dedicada al narcotráfico, de la que se sospecha actúa bajo cierta protección de las autoridades de su país.
En el pasado mes de enero, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela había declarado a Ojeda «traidor a la patria», junto a otras 32 militares degradados y expulsados de las Fuerzas Armadas.
Por el crimen de Ojeda fue detenido un joven venezolano de 17 años, cuya participación en el delito de secuestro con homicidio de Ojeda resultó probada, según el fiscal Héctor Barros, que dirige las investigaciones.
Además de logró la individualización de otros dos venezolanos que participaron en el crimen, pero su arresto no fue posible porque viajaron a Venezuela después de cometer el homicidio,
El caso presenta muchas aristas, que pueden derivar tanto en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, como en la división dentro del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Sobre el tema conversaron Graziano Pascale y el periodista chileno Eugenio Figueroa.