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Contraviento

Cámaras pesqueras denuncian «catástrofe» en el sector, y señalan responsabilidad del gobierno

6 mayo, 2024

En un duro comunicado conjunto difundido en las últimas horas, las Cámaras de la industria pesquera apuntan a la responsabilidad del gobierno en la «catástrofe» que vive el sector, y anunciaron que no participarán en una negociación de acuerdo laboral convocada por el Ministerio de Trabajo, al entender que «no están dadas las condiciones para retomar la actividad».

El comunicado está firmado por la Cámara de Industrias Pesqueras, que agrupa a las plantas de procesamiento, y la Cámara de Armadores Pesqueros, que poseen en total  54 barcos, en manos de una docena de empresas.

Utilizando un lenguaje poco habitual en estos casos, el comunicado señala que durante los últimos cuatro años esas entidades han alertado al gobierno sobre la crisis en el sector, «habiendo recibido e ignorado una y otra vez propuestas concretas».  Con esa actitud, a juicio del sector empresarial, «el Poder Ejecutivo está firmando el acta de defunción de la Pesca en Uruguay, condenando a la parálisis como mínimo al 60% de la flota y probablemente a casi todas las plantas pesqueras, destruyendo más de 2.000 puestos de trabajo».

Las gestiones

En el pasado mes de diciembre las Cámaras de la pesca habían enviado diversas notas al Ministerio de Trabajo, la Prefectura Nacional Naval, el Banco de Seguros, la Administración Nacional de Puertos yla Dirección Nacional de Recursos Acuáticos solicitando cambios en las normativas que regulan al sector, y que se encuentran diversificadas en esos organismos. Cinco meses después, ni la Administración Nacional de Puertos ni la Prefectura respondieron, mientras que los organismos que acusaron recibo y respondieron , o bien lo hicieron negativamente o con propuestas consideradas insuficientes, según dice el comunicado.

Actualmente los 54 buques de la flota pesquera y las plantas procesadoras se encuentran paralizadas, lo cual afecta 3.000 puestos de trabajo permanentes.

En este estado, los firmantes del comunicado consideran que «no están dadas las condiciones en sentido general para retomar la operatividad, más allá de las decisiones que tome cada empresa. En consonancia, carece de sentido iniciar una negociación de acuerdo laboral en los términos propuestos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».