Además de dragar las profundidades, hay que dragar la terminal naviera de los efectos del sindicalismo soberbio, obstaculizante e ideologizado
Tan pronto el gobierno consiguió la conformidad argentina para el dragado del puerto de Montevideo a 14 metros – una posibilidad que la administración del Frente Amplio había dejado escapar por su torpeza durante el gobierno de Macri – el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos está reclamando que el dragado no se haga mediante licitaciones de adjudicación a empresas privadas internacionales, sino que exige un acuerdo con la ANP donde se garantice que esas tareas serán realizadas por el estado con su propio personal y equipamiento.
Con la autoridad del fracaso el sindicato acusa a la ANP de no haber previsto las necesidades económicas y de equipamiento para la tarea y de estar postergando los reclamos sindicales al respecto, además de asegurar que se está en perfectas condiciones para llevar adelante exitosamente el dragado.
Debería comenzarse por una cuestión conceptual. El sindicato, como todos los sindicatos, no suponen ni reclamarle ni asesorar a la administración en sus funciones, mucho menos exigirle un convenio resignando sus potestades inherentes. Eso tal vez sea posible en un ente como la Intendencia de Montevideo, donde el frenteamplismo afín reina, y donde consecuentemente puede imponer los sistemas de recolección de basura, horarios, métodos, equipamiento, modalidades, etcétera, con los resultados ampliamente conocidos por la sufrida población.
Sin embargo, no es esa la misión de un gremio, que únicamente debe ocuparse de defender las condiciones laborales de sus representados, no de constituirse en auditores ni asesores del estado ni intentar alterar o manipular sus decisiones. No sería muy distinto el caso de que el personal auxiliar médico de un hospital le exigiese comprar determinado tomógrafo o resonador, o contratar a determinados cirujanos, o aplicar ciertas prácticas en detrimento de otras elegidas por la entidad, pública o privada.
Los sindicatos no son auditores ni asesores del estado
Los sindicatos no tienen ni pueden argüir autoridad ni derecho alguno para reclamar u obligar al estado o a una empresa privada a conducir su actividad de determinada manera. No es su función, y por ninguna razón se le debe ceder tal potestad. Solamente una facción política y sus socios o integrantes con profunda raigambre en el régimen de los soviets puede tener semejante pretensión. Por eso el reclamo y los fundamentos son improcedentes, además de falaces, y deben ser respondidos y rechazados públicamente.
Debe recordarse que sólo tres o cuatro empresas en el mundo están en condiciones de garantizar el eficaz desarrollo de la tarea y cuentan con la experiencia y el equipamiento necesario, por lo que parece algo ridículo exigirle a Uruguay que tenga esas disponibilidades cuando casi nadie en el mundo las tiene, y en muchos casos sólo Estados Unidos las dispone. Menos declamar una capacidad que no se tiene. La dialéctica no draga puertos.
La siguiente consideración es que, aún en los limitados sitios en que la tarea de dragado pueda hacerse con los medios de que dispone la ANP, el costo de dicha tarea si la efectúa el estado está estimado en los 45 a 50 dólares por metro cúbico, mientras que las empresas especializadas internacionales perciben entre 15 y 19 dólares por un mejor y más adecuado trabajo.
Un emprendimiento estratégico
Si bien es cierto los gremios estatales suelen no reparar ni en los costos ni en la calidad de su desempeño, porque el presupuesto se salda con más impuestos y los resultados técnicos se diluyen en la argumentación barata de barricada y relato político, se trata de un emprendimiento estratégico que ya se ha demorado bastante por culpa de la estupidez estatal, como evidentemente lo fue el error en el pedido de autorización que estipulan los tratados, gafe que seguramente pasó desapercibida al sindicato metido a asesor.
Esa condición estratégica requiere, además de las consideraciones sobre el costo, que la calidad de la obra responda a las necesidades de la navegación internacional, en momentos en que el país tiene como única apuesta posible el crecimiento de su libertad comercial y al aumento consecuente de su comercio internacional, que no se hace en helicóptero. También por eso es importante que las operaciones de dragado se efectúen no sólo eficientemente sino en término.
A esta necesidad se suman los aspectos geopolíticos que tienen de todo el sistema portuario de la región, no sólo en lo que hace al comercio sino a aspectos tales como la influencia, el liderazgo, la independencia y la mismísima soberanía, frente al accionar de los países vecinos que obviamente pugnan también por tener prioridad y cobrar importancia en esas áreas, como hace ahora Paraguay a través de su iniciativa privada en la zona de la Hidrovía. El estado oriental debe tener total libertad para proceder como lo crea conveniente sin depender de ningún condicionamiento, amenaza, supervisión, sabotaje más o menos disimulado, ni ninguna otra canonjía que no corresponde.
El odiado sector privado
Eso no excluye los necesarios requisitos y procedimientos de contralor y licitatorios correspondientes, tanto cuando se lleven a cabo directamente mediante la gestión estatal, como cuando se requieran los odiados servicios del sector privado (más odiados si son extranjeros) donde se debe ser puntilloso al extremo, al contrario de otras contrataciones del pasado, muchas del Frente Amplio y otras de este gobierno.
Porque el concepto proteccionista barato de “vivir con lo nuestro” no conducirá ni al bienestar ni a la verdadera autonomía del país. Seguramente cuando la ciudadanía quiera que esas funciones estén a cargo de los sindicatos hará las reformas constitucionales y legales necesarias.
Aunque no es solamente su ideología oxidada lo que mueve al sindicato a forzar un acuerdo-compromiso de consulta previa por parte del gobierno. De hacerlo, el estado le estaría proveyendo de una poderosa arma al delegarle sus potestades y sus facultades de gestión y decisión. Sería un prisionero, un rehén fácil de manejar e indefenso en una actividad que merece con creces ser considerada una esencialidad.
La trampa de convertir al estado en rehén sindical
Y hay un riesgo mayor que no se ha evaluado. Es que ceder un poder que no puede ceder al gremio puede transformarlo en su mandadero, en un espectador casi, y terminar convirtiendo al puerto en un escenario de huelgas y planteos y arbitrariedades y exacciones permanentes, hasta ser considerado un “puerto sucio”, que es la denominación habitual para aquellas terminales marítimas donde las condiciones operativas, las huelgas, las exigencias y abusos de todas la actividades conexas son tales que la resultante es antieconómica y en consecuencia, nadie está interesado en utilizarlo, no importa el calado que admita ni la infraestructura que ofrezca ni la ubicación.
Una situación que tan bien relataba el filme consagratorio de Marlon Brando “On the Waterfront”, cuyo título no se traduce aquí porque no es el afán de esta columna ofender a nadie.
No hay mayor fuente directa e indirecta de trabajo para una sociedad que un puerto sano y libre. Con barcos que entren y salgan con comodidad, facilidad y libertad. Dragado de huelgas, amenazas, sabotajes y obstáculos. Los sindicatos, que tanto hacen por lastimar la creación de empleo, no deberían “ensuciar” el principal puerto uruguayo con ninguna excusa. No es aceptable ni es inteligente. Ni siquiera patriótico, como pretenden