
Sólo uno de los 55 barcos de la flota pesquera uruguaya quedó en condiciones de salir a pescar en altura, luego de la firma de un acuerdo al margen del Consejo de Salarios entre dos empresas de capital extranjero con el sindicato del sector, sostuvo el gerente general de la empresa Novabarca, y directivo de la Cámara de Industrias Pesqueras, Carlos Abel Olivera, entrevistado por el periodista Francisco Morales en el programa «Otra Mañana» de Radio Oriental.
Olivera reveló que el sindicato del sector planteó al gobierno revocar los permisos de pesca otorgados a empresas que no han realizado actividades durante los últimos 180 días, lo cual crearía un colapso en el sector, dejando sin fuentes de trabajo a más de 2000 personas. «El planteo es: o firman este convenio, o los barcos no salen. En la pesca no hay libertad de trabajo», sostuvo Olivera, quien reconoció que las empresas que firmaron lo hicieron para evitar la pérdida total durante el período de zafra, aunque «las condiciones económicas hacen inviable la operativa».
Consultado sobre las medidas coyunturales prometidas por el Poder Ejecutivo para superar la actual paralización, Olivera dijo que sólo se aprobó la reducción de tarifas por parte del Banco de Seguros del Estado en materia de accidentes laborales, pero no se avanzó en el tema de los aportes al BPS ni en la rebaja de la tarifa de la electricidad para las plantas procesadoras.
Olivera consideró fundamental revisar en forma urgente las condiciones para acceder al trabajo en el sector. «En Uruguay no puede subir a un barco un trabajador que no esté sindicalizado. Se niega la libertad de trabajo, supeditándola a algo que es contrario a la libertad negativa sindical. Un trabajador debe ser libre sindicalizarse o no. Las empresas no pueden contratar a quienes quieren trabajar sino sólo a quien el sindicato autoriza. Eso es violatorio de los acuerdos internacionales que tiene el país en este campo», dijo.
Para poder ser contratado para trabajar en un barco pesquero (aún los de pesca costera, que a nivel internacional no tienen exigencias), los interesados deben asistir a un curso de seis semanas en la UTU, o pagar un curso privado de 700 dólares y una semana de duración. Además debe estar sindicalizado. Este cúmulo de exigencias determina que a juicio de Olivera no exista libertad de trabajo en la pesca, lo cual coarta las posibilidades de desarrollo de un sector que es clave para el crecimiento de la economía uruguaya.
La actividad pesquera está detenida desde fines del año pasado, por falta de viabilidad económica. Desde el 29 de abril en adelante la pesca está paralizada por medidas sindicales. El sector empresarial había denunciado los convenios y se declaró dispuesto a negociar, pero no recibió respuesta alguna.