Toda ley de medios es siempre, en todo lugar y con gobiernos de cualquier ideología, un intento de control del pensamiento
La recientemente sancionada – y derogada parcialmente – ley de medios, a su vez modificatoria de la anterior ley de medios, es una buena prueba de cómo los políticos de cualquier signo creen que tienen derecho al llegar al poder a decidir de qué manera se comunican los ciudadanos, lo que deben leer, qué y cómo deben frasearlo, qué temas pueden o no tocar y de qué manera hacerlo. En definitiva, creen que pueden decidir lo que los individuos pueden pensar o deben pensar.
Eso es sumamente cómodo para los burócratas, que es el nombre que se les da a los políticos de prácticamente todo el mundo, que ya no sienten la necesidad, ni siquiera a nivel aspiracional, de ser estadistas. Mucho menos toleran ser cuestionados por su accionar. Como cualquier otro burócrata, se sienten poderosos con un sello de goma en la mano o con un decreto de prohibición, con un bando policial o con una ley.
Europa y sus leyes orwellianas restrictivas de la opinión
Las regulaciones y restricciones a los medios de comunicación y a toda la opinión en general de muchos países europeos exceden la imaginación orwelliana, y disfrazadas de pautas de ordenamiento son directamente un ataque al pensamiento al mejor estilo de “Fahrenheit 451”, la distópica y profética novela de Bradbury.
Como cualquier otro burócrata, suelen no saber lo que hacen, o cometen errores que luego deben rectificar con otra y otra ley, o por la protesta de la ciudadanía, o por la acción de la justicia, o por los efectos de las normas que aprueban, casi siempre caóticos, confusos, paralizantes. Y sobre todo, dejan en manos de seres falibles el juzgar si las vagas y utópicas definiciones de la ley se cumplen o no.
El derogado artículo 72, por caso, es un ejemplo de estupidez, pero además de totalitarismo al pretender obligar a los medios a cumplir reglas declamatorias imposibles de medir o juzgar, o simplemente que se tornan kafkianas al intentar cumplirlas, mucho peor cuando los mismos burócratas se arrogan el derecho a determinar qué significa cada una de las expresiones de anhelo que han aprobado.
Peor aún es cuando esa frase declarativa transformada en regla legal se usa como herramienta adaptable al gobierno que impere en determinado momento. Eso obliga a que cada ley sufra modificaciones, agregados, enmiendas, aclaraciones, hasta transformarse en un puré indigerible que termina conspirando contra los propios objetivos declarados de las leyes.
Una ley de medios que se olvidó de las redes, por suerte
Algo que vale para las leyes del Frente Amplio y las de la Coalición, que terminan regulando tantas cuestiones imposibles e inaceptables de regular, hasta transformarse siempre en un obstáculo o una trampa.
El hecho de que se acabe de aprobar una sesuda ley de medios que no rige las actividades en las redes (afortunadamente), muestra que, como siempre ocurre, los gobiernos van muy atrás de la acción humana, y además, que la acción humana no se puede constreñir. (Amén de una cierta ignorancia de los formatos comunicacionales a esta altura del siglo XXI).
Se puede argüir que la nueva ley permite la concentración de medios en pocas manos, o de empresas del exterior, lo que también muestra la ignorancia tanto en el aspecto empresario, donde el origen de los capitales no implica una ideología determinada, como en el aspecto de la actividad de los medios en sí, que no suelen tener mayor o menor éxito o lectores o televidentes en función del dinero invertido, sino en función de su contenido, lo que muy pocas veces está en relación con la inversión.
Los medios que viven del gobierno, ¿qué garantizan?
En cambio, muchas veces los medios prosperan por el auspicio del gobierno, gremios o grupos prebendarios locales, que no guardan relación con sus mediciones ni con su calidad.
Cabe recordar que el emblemático caso Watergate contra el triunfador partido republicano, fue llevado adelante por el Washington Post, una empresa privada que explotaba el negocio periodístico cumpliendo solamente las reglas profesionales y respetando la justicia, no una ley de medios.
En todo el mundo se advierte además la existencia de medios con mucho respaldo financiero, que sin embargo defienden las teorías anticapitalistas, antiinversión y antiprogreso, plagados de mensajes neomarxistas y antisoberanistas, que aún siendo locales, favorecen la eliminación de las democracias de cada estado en favor de raras suprasoberanías. ¿Esos medios “locales” sí son válidos e informan con absoluta imparcialidad y objetividad y ponen a disposición del público todas las opiniones sobre cada tema como pretendía el artículo 72 derogado?
Mecanismo cercenador del pensamiento
También en esos países hay leyes de medios igualmente absurdas, que siempre, en todos los casos, obran como mecanismo cercenador del pensamiento, cualquiera fuera el sesgo ideológico del gobierno de turno. Vistos a la distancia, esos intentos siempre suenan ridículos y dictatoriales.
Paralelamente, mientras se discuten estos temas, muchos países tienen medios directamente manejados por el estado o indirectamente subsidiados por el gobierno con sus pautas y avisos, (cuyo uso y pertinencia nunca son legislados) que difícilmente garanticen imparcialidad alguna ni sean controlados minuciosamente. El lector no necesita que se le citen ejemplos.
Toda ley que intente regular la opinión es también el proverbial caballo diseñado por un comité, un camello. Una mezcolanza, un cóctel de compromisos y concesiones que es siempre peor que no legislar.
En el caso de Uruguay el tema se complica aún más y se transforma en debate permanente por el odio al capital (siempre privado) y el temor a cualquier participación extranjera, supuestamente porque se sostiene que su presencia implicará el apoyo a políticas antiorientales. La creencia de que el público es tonto y debe ser protegido de su propia torpeza es también una característica típica de la fatal arrogancia de la burocracia.
Llamativamente, algunas inversiones extranjeras recientes en medios locales, realizadas balo la ley del frenteamplismo, fueron aceptadas con beneplácito, o al menos con silenciosa tolerancia. Es evidente que algunos extranjeros son menos extranjeros que otros.
Oportunidad versus «derecho»
El concepto de la libertad de prensa, contrariamente a lo que parece sostenerse ahora, no significa que los medios serán controlados, censurados, regulados, auditados y atemorizados para garantizar que cada uno sea imparcial, honesto, objetivo y aburridamente obediente de las reglas que impongan los gobiernos en nombre de garantizar la libertad de cualquier cosa. Significa que todas las opiniones tengan la oportunidad de ser voceadas y escuchadas. Este concepto de “oportunidad” es esencial al pensamiento de la libertad, como opuesto a lo que la izquierda siempre extrema llama alegremente “derecho”, la más importante fuente de injusticia, confiscación de propiedad y descalabro económico de la humanidad.
La arbitraria idea de que el estado es el dueño de las comunicaciones de una nación y sus frecuencias y consecuentemente las concesiona, las adjudica y retira, extendida a todos los medios en general, contiene una dosis de totalitarismo medieval. Algo parecido ocurre con el monopolio de los cielos que ha generado tantas Pluna que han pagado tantos pobres contribuyentes en el mundo.
La libertad de prensa, que es la libertad de pensar en un simbólico anagrama, es el componente básico e irrenunciable de la libertad sin aditamentos. Y legislar la libertad se parece peligrosamente a la esclavitud.