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Contraviento

Jaque doble

8 octubre, 2024

Un país votando en serio dos propuestas que carecen de toda seriedad

 

Cabildo Abierto presentó las firmas necesarias para obligar a realizar el plebiscito apodado de “deuda justa” que teóricamente resolverá el problema de los deudores morosos que representan un tercio de la población adulta de Uruguay.

Formaliza así el dúo de disparates plebiscitados que conforman junto al proyecto de reformar o destruir el sistema de seguridad social inventado por el sindicalismo comunista y cual gato de  Schrödinger apoyado y no apoyado por el Frente Amplio.

Más allá de las consideraciones ideológicas que tienen que ver con la génesis de cada propuesta, debe puntualizarse que es lamentable que la Constitución permita este mecanismo de enmienda casi digno de los estatutos de un club de fútbol o de una asociación vecinal para dar carácter sacrosanto – con escasos requerimientos y análisis – a ideas forzadas que nada tienen que ver con las garantías que el Estado, alguna vez el rey, debe dar a los ciudadanos para asegurar la institucionalidad y la legalidad.

La fácil creencia de que toda necesidad genera un derecho

Y aquí surgirán los magos de la dialéctica para explicar que “toda necesidad genera un derecho” frase que parece solemne y lo es: una solemne estupidez, que no hace más, cuando se intenta aplicar, que generar muchas más diferencias que las que intenta solucionar, y que terminaría transformando la Carta Magna en un mamotreto ilegible, contradictorio, confuso e inútil.

Ambas iniciativas configuran un jaque doble a la seriedad institucional y a la seguridad jurídica. También a la justicia y la equidad. Las dos ideas consisten en despreciar y burlarse de la sociedad y la propiedad y de obligar a que el resto de la comunidad satisfaga lo que es alegado como sagrado derecho insoslayable de un sector que no ha hecho esfuerzo alguno para obtener por sus medios las ventajas que ahora reclama como derechos humanos.

El plebiscito de la seguridad social se apodera de los ahorros de los trabajadores individuales depositados en las AFAP, que reparte -si reparte- de un modo arbitrario y difuso entre quién sabe qué beneficiarios. Al mismo tiempo, garantiza beneficios incompatibles con los principios que rigen la jubilación en el mundo, que se adaptan al alargamiento de la vida, y sigue exactamente el camino contrario sin basarse en ningún cálculo no ya actuarial, sino de simple aritmética.

Plataformas demagógicas

De paso, asegura un ingreso mayor que el de los trabajadores en actividad a los retirados, también de modo arbitrario y voluntarista, siempre a cargo del resto de la sociedad, millonaria o pobre, no tiene importancia. Casi imposible de encontrar una plataforma demagógica más perfecta. Que como siempre, tiene la virtud de garantizar que el sistema terminará perjudicando a los mismos a quienes se dice querer beneficiar, al transformar en nada confiable el mercado laboral todo y convertirlo en inviable.

El proyecto de Cabildo Abierto, igualmente pleno de irreflexión, intenta resolver el problema de los deudores morosos del sistema, supuesta e injustamente segregados y estigmatizados al hacerlos figurar en el clearing oprobioso cono lo que son: incumplidores y malos pagadores.

No hace falta demasiada imaginación como para vaticinar cómo evolucionaría el proyecto si fuera aprobado. En el sector de la sociedad cumplidora aportando para satisfacer la deuda de los no cumplidores, hasta llegar a la prohibición de “estigmatizar” a los malos pagadores incluyéndolos en un registro o clearing, mecanismo elemental para la protección de quien fía bienes o presta dinero. ¿Y se tiene claro que si eso prosperara quienes pagaron la deuda puntualmente con esos intereses que se reducen tendrán derecho a reclamar del Estado, los bancos y los particulares lo que pagaron «de más» según Cabildo Abierto? ¿Comprenden el caos que genera la ilegal, precaria y castrense idea de retroactividad?

Estos plebiscitos tienen además la virtud de generar daño en la credibilidad y seriedad de sistemas que son pilares de la confianza de los factores económicos, junto a la seguridad jurídica, ya despedazada por la dialéctica populista, sean o no aprobados. Interesante logro.

La acusación shakesperiana de usura

Y como consecuencia, con un endurecimiento de los mercados crediticios, que son la base del crecimiento de la economía moderna general y familiar. Por otra parte, la supuesta solución se basa en modificar la Constitución con efecto retroactivo, cambiando también retroactivamente la ley de 2007, perfectamente legítima. Transforma kafkianamente lo que se hizo legalmente en delito.  Una enmienda constitucional… inconstitucional. Prepotente e inválida, además. Y que en un pase de prestidigitación califica  de usureros a los que se apegaron a la ley. Precario criterio que, además, crea precedentes aún más graves de inseguridad jurídica y prepotencia política. Se trata de anular el pasado, diría Borges. O de cambiarlo.

Y en un desborde de genialidad, pretende recalcular los intereses desde 2007 con las tasas que quiere imponer hoy por decreto. O por Constitución, da igual. Ignora, (de ignorancia) que los bancos, por caso, pagaron las tasas que regían entonces a sus ahorristas para otorgar esos préstamos, con lo que deberán reclamarles la devolución de las diferencias o quebrar. Los préstamos de los bancos están calzados, como todos saben menos el general. El mercado es una molestia, como el pasto alto.

Estos plebiscitos  a la violeta también muestran la simpleza y pobreza de pensamiento con que los políticos de todos los signos están encarando los problemas que plantea un crecimiento poblacional universal y sin orden alguno, que siempre terminan en mecanismos que dañan con excusas de todo tipo la democracia, el derecho y la libertad,

El pueblo oriental, sin embargo, se apresta a votar ambos proyectos, merced a un parche constitucional también facilista, improvisado y demagógico, que empuja hacia lo que se ha dado en llamar la democracia de masas, que puede traducirse como democracia de voto a mano alzada, que tan exitosamente usan los sindicatos en el mundo y las organizaciones supranacionales, que jamás han dado ningún resultado que convenga a los pueblos.