El enloquecido gasto argentino está íntimamente ligado a la corruptela, más que el populismo, la demagogia o la ideología
La columna se declara incompetente para predecir o siquiera hacer un resumen final sobre el resultado de la elección del domingo en Uruguay. No está a su alcance la posibilidad técnica de realizar los complejos cálculos matemáticos que realizan los expertos para predecir los resultados en primera y/o segunda vuelta, que toman en cuenta los resultados de las últimas 104 elecciones y los estrujan científicamente hasta hacer una profecía.
Prefiere en consecuencia dedicar este espacio de hoy a analizar algunos aspectos de la realidad argentina, tema que, si bien tampoco es simple de dominar o siquiera entender, ofrece la posibilidad de elaborar con algunos fundamentos.
Los tres pilares de Milei
El presidente Milei basó su campaña, y acaso toda su popularidad universal, en tres grandes pilares:
a. la dolarización, que no es otra cosa que la unificación del tipo de cambio, la libertad del mercado cambiario y la eliminación de todo cepo, sin control estatal alguno y el reconocimiento de que las divisas pertenecen a los exportadores y no son propiedad del estado estalinista.
b. la lucha contra lo que él llama La Casta, que es de suponer se refiere a los excesos económicos y de todo tipo en los que incurren la estructura política, sus cómplices, testaferros y socios privados.
c. la reducción del gasto del estado de modo de lograr la eliminación del déficit fiscal mediante ese mecanismo, base de la emisión-inflación.
Como es fácil notar, el punto a. no se está cumpliendo, ni en cuanto a la dolarización ni con ningún equivalente o similar. Casi podría decirse que todo lo contrario.
El punto c. ha registrado notorios avances, pero la crítica bastante cierta es que se está logrando con ajustes durísimos a los jubilados, trabajadores, clase media y baja en general, mientras no se advierte que La Casta del punto b. esté haciendo una contribución proporcional al esfuerzo del resto de la sociedad.
Cuestionamiento
También surge el cuestionamiento por el manejo de variables, el manoseo del tipo de cambio, el uso de reservas para evitar una disparada del valor de la divisa, la emisión para comprar dólares que se obliga a vender a un precio de confiscación al sector exportador para luego venderlo también a un precio ridículamente bajo a los especuladores a los que supuestamente se trata de desalentar y hasta de castigar.
La explicación que suelen dar los tolerantes y amigos sobre este mecanismo de reducción de gasto y de manejo casi socialista del tipo de cambio, es que hace falta tiempo y funcionarios idóneos para identificar los gastos en todas las áreas y proceder a reducirlos con justicia y equidad, que sería lo deseable. Cuando no se aduce la famosa y conveniente seguridad jurídica, que sólo se garantiza a los corruptos, no a la gente de bien.
Sin embargo hay modos de encontrar atajos en esta tarea. Un buen ejemplo es la decisión de ayer de eliminar la AFIP, sus estructuras privilegiadas, sus sueldos exorbitantes sus excesos de personal en todos los niveles y sus “flexibilidades éticas multipartidarias”, de un plumazo. Seguramente la próxima marcha y paro general en defensa de los “legítimos intereses de los heroicos trabajadores» se está preparando ahora mismo.
Auditorías amistosas
Aunque se puede ser más orgánico en la tarea, y más efectivo y rápido. Como punto de partida, habrá que reconocer un hecho que sólo los interesados pretenden desconocer: los sistemas de auditoría estatal argentinos son nominales, irrisorios, puramente formales y completamente inoperantes. (Las auditorías universitarias son apenas una muestra)
Los uruguayos tal vez encuentren algunas similitudes con su propia tradición, pero no es el tema de esta nota.
La famosa “Causa de los cuadernos” puso en evidencia todo el formato financiero de La Casta. La Cámara de la Construcción, desde sus más altos estamentos, se ocupaba de amañar las licitaciones de obra pública. La providencial muerte de su presidente lo salvó de la cárcel. Vale la pena recordar el procedimiento, para aleccionar a los aspirantes a corruptos.
El estado llamaba, (durante décadas, habrá que ser objetivo) a licitación por una determinada obra, que sería adjudicada a empresas privadas. Las empresas, convenientemente organizadas y nucleadas en su gremio, decidían quiénes participarían de la licitación, y también quién ganaría.
Modus operandi
Esa empresa cotizaba el precio más barato y ganaba la licitación. Y se ponía en la fila de futuros adjudicatarios. Pero el proceso no terminaba ahí. El ganador, que había licitado a un precio barato para gambetear cualquier auditoría superficial y bonachona, conseguía, mediante la complicidad de los funcionarios, “fabricar” aumentos de costos por obras adicionales, atrasos en los pagos, incumplimientos y otros conceptos.
Cualquier juicio que algún desprevenido jerarca iniciase por error contra el miembro del tenebroso cártel, se resolvía dejando caer los plazos por inacción de los abogados estatales. Como consecuencia de este procedimiento, los costos que la sociedad pagaba eran altísimos, las obras no se concluían o lo hacían parcialmente o eran innecesarias, y los jerarcas nacionales y provinciales recibían su parte, como corresponde a todo buen socio.
La causa de los cuadernos puso todo eso en evidencia. La maniobra nunca fue detectada por los sistemas de auditoría del estado, como corresponde. Todos los acusados se declararon culpables y arrepentidos, incluyendo a las más grandes empresas del país. Se recordará cuando Cristina Kirchner, defendiendo a su “protegido” Lázaro Báez, dijo que la suya no era la empresa más beneficiada por esos acuerdos. Tenía razón. La empresa más beneficiada era la del primo del expresidente Mauricio Macri, a quien su padre le cedió la empresa sin pagar un centavo en su momento.
El primo suertudo
Ángelo Calcaterra, de él se trata, era el asociado local del grupo Odebrecht. Se recordará que en Argentina ninguna empresa extranjera puede participar en una licitación si no está asociada con una local. Un modo eficaz de inocularle sí o sí el virus de la corrupción. Y que, al contrario de otros países, las declaraciones de Odebrecht como arrepentido de sus delitos no se permitieron usar ni conocerse en Argentina.
La conveniente gambeta del sistema judicial argentino, (los orientales podrán reclamar aquí también algún derecho de autoría como en el dulce de leche, el mate, el tango, etc, pero es un intento vano y cede ante las cifras abrumadoras)
Asimismo se recordará que la venta a pagar con utilidades futuras de las empresas de Franco Macri a Calcaterra guarda una increíble similitud con la venta de Repsol al “protegido” de Nestor Kirchner, Eskenazi, el experto en mercados regulados que también se quedó con la conducción de YPF pagando sus acciones con utilidades futuras. Las auditorías argentinas de contralor son un chiste. Las de la SEC americana parecería que también.
El burlador, burlado
Sin embargo, el “enojo”de la señora de Kirchner con Eskenazi por no querer devolverle esas acciones que pertenecerían al acervo familiar, terminó con otro enojo del «experto en mercados regulados», un juicio en NY que va a costarle al país 17.000 millones de dólares, más de 3 veces lo que valió nunca la petrolera.
De modo que la decisión de Milei de parar de cuajo la obra pública, aunque suene arbitraria, no es discutible ni insensata, salvo por La Casta, que ha perdido un gran negocio. En cuanto al juicio, ahora ha sido paralizado, desvirtuado y emasculado en la justicia, y será cajoneado por los Lijo de la vida hasta que todos sus protagonistas y quienes leen esta nota hayan desaparecido de la faz de la tierra.
Pero este particular formato no se aplica solamente a la obra pública, sino a cualquier contratación que haga el estado. Nacional, provincial y municipal. Vale para los contratos pasados, para los vigentes y para los futuros. Las famosas privatizaciones de Menem, tan criticadas, eran licitaciones al menos. Fernando de la Rúa durante su gobierno las prorrogó ad infinitum sin licitación alguna, y eliminó la cláusula que liberaba la competencia del mercado a partir de los 10 años de la concesión. ¡Qué silencio!
El negocio petrolero y energético
Un negocio formidable del que nadie dijo nada. Lo mismo ocurre con muchos contratos de explotación petrolera y gasífera. Néstor Kirchner prorrogó varios por 30 años sin licitación y 10 años antes de que vencieran las adjudicaciones originales. ¿Alguien auditó esos contratos incluyendo los de Vaca Muerta?
Las energéticas fueron también coto de caza de arribistas, que “compraron” esas empresas como testaferros de “empresarios” que tampoco sabían nada del negocio, pero que aparecen ahora dando cátedra en los medios sobre las grandes inversiones que salvarán al país y darán empleo, cosa que vienen diciendo los prebendarios desde hace 80 años. Algunos hoy amparados o escondidos por la generosa mano del “triángulo de hierro” mileísta.
Estos ejemplos son sólo un modo de sostener que todos los contratos de cualquier tipo que firme o haya firmado el estado argentino deben ser revisados y auditados seria y profesionalmente, no por el propio estado, que no es ni ha sido serio desde hace mucho. En esos rubros hay escondido suficiente exceso de gasto como para apuntar el ajuste a la verdadera casta.
La casta no es sólo la política
Porque la casta no es solamente la política, o los políticos. Desde Farrell y Perón en adelante, la casta es la combinación entre el sistema estatal y el sistema privado para esquilmar al país. Muchos de los aplaudidores de Milei, como antes de otros presidentes, son La Casta. O peor, son el alimento y al mismo tiempo el beneficiario de La Casta.
Dentro del conjunto de los contratos, está el subconjunto de las tercerizaciones, un invento para que los ejecutivos de empresas y los jerarcas roben, en todos los casos. Al no existir precio de mercado por el servicio de Recursos Humanos, de limpieza, de vigilancia, de cuanta cosa imaginable exista, los retornos y los beneficios son infinitos. De repente los grandes ejecutivos del mundo son incapaces de coordinar un sistema de barrido y limpieza de sus oficinas, o son incapaces de tomar y despedir personal, o de cualquier otra cosa. Las tercerizaciones son una gran caja, como dicen los políticos con experiencia.
Y dentro de ese subconjunto están los servicios de consultoría, otra estafa. Miles de informes sobre cualquier tema, que no dicen nada y que se facturan al estado, en cantidades descontroladas. Tan importantes en su monto como cualquier ajuste practicado en un área al azar. Es habitual el armado de oficinas vacías para justificar los “servicios de consultoría”, También es habitual -lo saben los Head Hunters, la contratación de profesionales reputados en el mercado que no tienen luego ninguna función, salvo la de demostrar que el “consultor” tiene una organización.
La AFIP puede ser un comienzo
Como la obra pública o la AFIP, no hay mejor manera para cortar de cuajo semejantes prácticas que la prohibición y la eliminación. Esto incluye los billonarios fideicomisos, todos delictivos. Porque los montos involucrados no son, como se puede pensar, irrelevantes. Aliviarían el costo del ajuste significativamente. De paso, el presidente tendría que crear un sistema de auditoría distinto, en vez de confiar en su discutible entorno, en muchos casos parte de la vieja casta, o la nueva casta, como se prefiera.
Todos los contratos del estado, previos y actuales, vigentes y algunos importantes ya cumplidos o renovados, deben ser revisados y auditados por profesionales ad honorem que hagan la tarea probono y que actúen personalmente, designados por sorteo, y no en nombre de sus estudios. La función de Sturzenegger, además de dedicarse a reducir la hojarasca, bien podría ser la de coordinar esa tarea. Cualquier profesional de las especialidades requeridas para ello estaría orgulloso de prestar un servicio al país e integrar equipos que auditaran un par de contratos cada uno. La fiscalía del gasto.
No solamente se encontrarían muchísimos puntos de ahorro, sino que se podría levantar acusaciones en la justicia contra muchos de sus protagonistas. Además de un ahorro, sería un ejemplo y evitaría gastar fortunas al país. También echaría por tierra con cualquier causa por “inseguridad jurídica” o similar, a la que acuden a ampararse los ladrones públicos cuando se están por cortar sus prebendas, acomodos y delitos.
Y por el mismo precio, la sociedad empezaría a entender el verdadero sentido del liberalismo.