Por Marcelo Olivera
Cecilia Cairo no vive en un baldío, pero tributa como si sí. Durante más de dos décadas, la renunciante ministra de Vivienda —sí, de Vivienda— evitó declarar su propiedad ante Catastro, no registró mejoras, no aportó al BPS por las obras y apenas pagó dos cuotas del impuesto de enseñanza primaria. Ese que se supone financia la comida de los gurises, bandera moral de su propio partido.
No es que no tuviera con qué: fue edila, presidenta de la Junta Departamental, jerarca del Ministerio de Vivienda, diputada y hasta ayer ministra. Una vida entera cobrada al Estado, al que hoy dice que «no sabía» que había que pagarle impuestos. Una señora que vivió de la política sin enterarse de que esos sueldos se financiaban, justamente, con lo que ella evadía. La casta, pero con pancarta.
Desde la izquierda, los defensores de siempre apelan a la empatía. Que fue una
autoconstrucción, que la vida es difícil, que todos cometemos errores. Empatía selectiva, claro.
Porque si usted, lector, hace lo mismo, le caen con multa, recargos y quizás una inspección.
Pero si es ministra, alcanza con una disculpa entre lágrimas y un «Nacho me abrió los ojos».
¿Y qué dice el Frente Amplio? Que “pidió disculpas y se comprometió a corregir”. Como si
estuvieran hablando de una planilla mal entregada, y no de 20 años de incumplimiento de una funcionaria pública. La vara ética se achica peligrosamente cuando el dedo apunta hacia adentro.
Cairo se atrincheró en su cargo diciendo “no me voy a quedar con nada de nadie”, pero lleva dos
décadas haciéndolo. Lástima también que la ética se haya vuelto patrimonio retórico, útil en
campaña pero prescindible en el poder.
En un país donde los que menos tienen siguen tributando por una tapera, la ex ministra se olvidó -qué cosa— de declarar su casa. Y el problema no es solo legal. Es simbólico. Porque cuando la autoridad que debe garantizar el derecho a la vivienda no respeta ni las reglas básicas, ¿qué le queda al resto?
Este no es un error administrativo. Es una forma de entender el poder: como algo que habilita el privilegio, no como algo que exige el ejemplo. Y si esa es la nueva normalidad, el baldío más grande no está en los registros de Catastro, sino en la ética de algunos dirigentes.