Sucesos locales recientes replantean viejas polémicas. ¿Qué hacer ante la presencia en el Parlamento de un portador de ideas y prácticas anti democráticas? ¿Se debe tolerar, en nombre del pluralismo, a quien busca destruirlo? El debate no es nuevo ni exclusivo de Uruguay, por lo cual resulta sano dar un poco de contexto histórico al mismo.
IIGM, el gran parteaguas.
Si bien existieron movimientos contrarios a esas ideas desde su nacimiento, la mayor resistencia a la acción proselitista de las ideologías totalitarias surgió, como es natural, tras la Segunda Guerra Mundial, a la luz de las atrocidades cometidas por el nazismo y con el surgimiento del igualmente atroz polo soviético como una de las potencias triunfadoras del conflicto.
Desde entonces existen países donde se prohíbe totalmente todo tipo de simbología o actuación política de carácter nacionalsocialista. Alemania, Austria, Francia, Polonia, Israel, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. A su vez estas mismas naciones, junto a otras como Ucrania, Georgia, Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria y los países bálticos han extendido esa prohibición a la simbología comunista y/o partidos comunistas, viendo el comunismo como un régimen totalitario, tal vez por haberlo conocido directamente.
Uruguay, en tanto, tiene una amplia batería legal contra los actos de discriminación, xenofobia y odio racial, inherentes al nazismo, y su legislación electoral hace imposible la conformación de Partidos Políticos que “tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad” (Constitución de la República, Art. 80, inc. 6), aunque todo ello no debe igualmente hacernos sentir confiados, por aquello de «la eterna vigilancia».
Artículo 115
No obstante, puede suceder que a pesar de esas regulaciones llegara al Parlamento Nacional un Legislador impulsado por esas motivaciones. Para ello el Constituyente sabiamente ha dispuesto normas aplicables, básicamente el Artículo 115 de la Constitución:
“Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación…”
Esta institución, totalmente ajena a la mecánica del desafuero en tanto no requiere preceptivamente de actuación judicial, ha tenido algunos capítulos en la historia nacional. Los primeros, en 1904, a un grupo de legisladores blancos, por unirse a la revolución de Aparicio Saravia. El más reciente de ellos en 1986, con la remoción del por entonces Senador José Germán Araújo, por la incitación al motín en el Palacio Legislativo. En el medio un caso en la década del 30, a dos legisladores acusados de corrupción, que culmina con la renuncia de uno y con la separación del cargo de otro y otro en 1972, a un diputado frenteamplista suplente, por colaboración con organizaciones subversivas.
Ahora bien, ¿es posible aplicar esa norma por ideas y actuaciones políticas?
Vayamos a los antecedentes.
1941, del 10 a 0 a un mundo en guerra
Con los ecos aún vivos de la Batalla del Río de la Plata de 1939, que trajo la guerra hasta el mismo Puerto de Montevideo con el Graf Spee, los hechos bélicos se precipitaban vertiginosamente en 1941. La invasión nazi a la URSS, tirando por tierra el Tratado de Paz entre ambos dictadores, y el posterior ataque japonés a Pearl Harbor harían de ese año una bisagra fundamental en el desarrollo del conflicto.
En Uruguay, en tanto, las cosas paulatinamente parecían volver a la normalidad, al menos en la superficie. Baldomir preparaba su “golpe bueno”, que daría paso a la nueva Constitución, se ajustaban los detalles para el Censo a realizarse en Montevideo por la Intendencia, y Nacional se coronaba Campeón Uruguayo por tercer año consecutivo, con victoria en los 20 encuentros que disputó, entre ellos el recordado “Clásico del 10 a 0”. O sea, todo indicaba que podía ser un gran año.
Empero, la penillanura suavemente ondulada no estaba totalmente al margen de los hechos que sucedían en el mundo. Así, Uruguay fue escenario de actividades nazis centradas en la propaganda, espionaje y planes de desestabilización, destacando el «Plan Fuhrmann», una conspiración liderada por Arnulf Fuhrmann, con apoyo de la embajada alemana, que buscaba derrocar al gobierno uruguayo y convertir al país en colonia nazi.
Ante esos hechos, y la incesante actividad propagandística fogoneada desde el exterior, con una importante presencia nazi en la Argentina que llegó a colmar el Luna Park en un hecho que nadie quiere recordar, el estado uruguayo tomó una serie de firmes actitudes en defensa de la democracia.
Así, se creó la Comisión de Actividades Anti Nacionales, una comisión parlamentaria a fin de investigar organizaciones culturales y deportivas alemanas e italianas, que según se presumía servían de fachada para encubrir actividades nazis-fascistas infiltradas en Uruguay, así como actos de espionaje.
A raíz de esas evidencias se sanciona la Ley 9.936, que considera asociaciones ilícitas a “Las que difundan ideas contrarias a la forma de gobierno democrático-republicana”, y establece que “Si la asociación ilícita se propusiese la realización de actos de violencia contra el régimen institucional de la república o contra los Poderes Públicos, sus directores o cualquier otro integrante de la misma que tuviera participación en ello serán sometidos a la justicia criminal, la que, según la forma y garantías legales, les aplicará la pena de dos años de penitenciaría y si fueren extranjeros dispondrá también su expulsión del país…” No obstante, la actividad de los nazis locales continuó. La infiltración de la ideología nazi en Uruguay durante la década de 1940 fue un proceso sistemático que afectó tanto al ámbito educativo como a la administración pública, diversos niveles del gobierno y la infraestructura estratégica.
Sin embargo, el hecho más significativo estaría dado en dos de las áreas más sensibles de toda Democracia, el Poder Legislativo y la Prensa.
Nazis en la Prensa de Uruguay
Las publicaciones de propaganda nazi en Uruguay, como Audacia, Atención, Orden, Pregón y Fragua, tenían un vínculo directo y estrecho con el Deutscher Fichte Bund, una organización con sede en Hamburgo, Alemania.
Estas revistas y folletos eran, en gran medida, copias fieles de los materiales producidos por el Deutscher Fichte Bund. Esto demuestra que no se trataba de iniciativas editoriales locales independientes, sino de una extensión de la maquinaria de propaganda del Tercer Reich adaptada al contexto uruguayo,.
Se distribuían de forma gratuita y libre, con el objetivo de influir en la opinión pública nacional. El contenido replicado del Fichte Bund se centraba principalmente en la incitación al antisemitismo,.
Diputado y periódico Nazi
En esa línea editorial se destacó asimismo el diario Libertad, también parte de este ecosistema de propaganda. Comenzó a publicarse en mayo de 1941, bajo la dirección del Diputado Alejandro Kayel, y de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Parlamentaria sobre Actividades Antinacionales, el diario era financiado directamente desde Alemania,. Esta financiación permitía la difusión de una línea editorial alineada con los intereses del Tercer Reich, caracterizándose por ser una publicación decididamente antijudía, antiestadounidense y antibritánica,.
Así, en su primer número, el diario difundió datos alarmistas y falsos, lo que es una característica identitaria de este tipo de movimientos, al afirmar que en Uruguay existían más de 150.000 judíos producto de la inmigración ilegal. Calificaba a esta comunidad como «monstruosos parásitos» que amenazaban con convertirse en un «Estado dentro del Estado» y exigía a las autoridades una «solución al problema judío».
O sea, lo de hoy no es nuevo.
Diputado Kayel, una elección muy especial
El Diputado Alejandro S. Kayel había llegado al Parlamento en el marco de una elección muy particular. En efecto, las Elecciones Nacionales de 1938 fueron convocadas por el dictador Gabriel Terra y las mismas estuvieron marcadas por la abstención de los sectores nacionalistas independientes y del Batllismo.
Esto dio lugar a dos fenómenos determinantes. La abstención del Batllismo, tras el martirologio de Baltasar Brum y Julio César Grauert, determinó que por el Partido Colorado se presentaran dos opciones, la del continuismo desembozado encabezada por Eduardo Blanco Acevedo, y un sector más reformista, que impulsara la candidatura a la postre ganadora de Alfredo Baldomir.
Asimismo, esas abstenciones se reflejaron en la participación ciudadana, en tanto solo acudieron a las urnas poco más de la mitad de los habilitados para votar, lo que significó una merma del mismo orden en los «costos» de cada banca, que además debieron distribuirse entre menos opciones y candidatos.
De esa forma Kayel, noveno candidato titular de la hoja de votación 5 del Partido Colorado en Montevideo, impulsora de Blanco Acevedo con el sublema «Viva Terra», pudo abrirse paso hasta la Cámara de Diputados, cosa que en una elección normal jamás hubiera sido posible.
Apenas asumir su cargo presentó renuncia al Partido Colorado, con lo que dejaba en claro que su hoja de ruta política no pasaba por los lemas nacionales.
La eclosión, en Durazno
El domingo 29 de junio de 1941, en un acto a beneficio de la fascista Cruz Roja italiana en la ciudad de Durazno, se produjo un enfrentamiento que culminó con el saldo de un manifestante muerto y varios heridos, a raíz de los choques entre simpatizantes del nazismo y sus opositores . De acuerdo a la crónica periodística, a ese acto concurriría una caravana de autos procedentes de Montevideo, encabezada por el diputado y director del diario pro nazi Libertad, Alejandro Kayel.
Simultáneamente, y en repudio a este acto, una manifestación estudiantil recorría la ciudad coreando las consignas “Viva la democracia”, “Abajo el fascismo”. Los enfrentamientos entre ambos grupos no se hicieron esperar y desde los autos de la caravana “pro-Duce” comenzaron los disparos. El resultado fue la muerte de Gregorio Morales, obrero de UTE que estaba realizando tareas en el lugar, y varios heridos, en su mayoría estudiantes, Walker Rodríguez, Rodolfo Martínez, Medardo Braga, y fue baleado en la cabeza el estudiante Walter Medina, de diecisiete años.
Pese a todo eso, el acto se realizó, y el discurso pronunciado por el diputado Alejandro Kayel se distinguió por ataques directos contra las instituciones democráticas del país, críticas hacia los poderes públicos del Estado uruguayo, y ataques específicos a la Comisión Parlamentaria sobre Actividades Antinacionales, encargada de investigar la infiltración nazi en el país.
La prensa de la época describió sus expresiones en Durazno como «la más descarada de las propagandas nazi-fascistas«.
Las consecuencias políticas no se harían esperar.
Incompatibilidad con su cargo
Debido a la virulencia y el carácter de sus palabras en Durazno, así como las publicaciones en el diario Libertad y ante la clara influencia que las mismas ejercían sobre el espíritu de sus seguidores con el consiguiente riesgo de quiebre de la vida institucional, la Cámara de Diputados consideró que su conducta era totalmente incompatible con el decoro y la dignidad que exigía su cargo de legislador.
El debate sobre el cese y la suspensión del diputado Alejandro Kayel alcanzó su punto culminante en la sesión de la Cámara de Diputados del 29 de julio de 1941, cuyos detalles fueron reseñados por la prensa al día siguiente,.
A diferencia de otros debates parlamentarios de la época que solían ser divididos, la posición respecto a Kayel fue de una contundencia excepcional, al resolverse la suspensión del cuestionado Diputado por unanimidad, en aplicación del Artículo 106 de la Constitución vigente entonces, similar al 115 actual.
La Cámara también resolvió en la misma instancia, nombrar una comisión especial con el mandato específico de redactar un proyecto de ley para prohibir definitivamente la aparición del diario Libertad.
La Acusación
Tras recibir el informe de la Comisión de Asuntos Internos sobre publicaciones del periódico dirigido pro el Diputado Kayel, la Cámara de Diputados se volcó al estudio de las medidas a tomar, según consta en la transcripción taquigráfica de la sesión, publicada en el Diario Oficial del 21 de agosto de 1941 y que aconsejamos enfáticamente leer en el archivo adjunto para su disfrute.
En ese proceso se tornó clave la participación del Diputado socialista Emilio Frugoni, actuando como miembro informante de la comisión especial encargada del caso. Al respecto formulaba, en parte de su exposición: «Nuestra Constitución, señor Presidente, despoja del derecho de ciudadanía a los que conspiran por derrocar, por medio de la violencia, los fundamentos básicos de nuestra nacionalidad, entendiéndose por tales fundamentos el régimen de gobierno republicano y democrático. Es, pues. muy severa nuestra Constitución para con todos los ciudadanos, para con el más humilde, con el más obscuro da los componentes de nuestra sociedad política; pero esa severidad tiene que redoblarse, señor Presidente, sobre todo para nuestro propio concepto, para nuestro propio espíritu, nuestra propia conciencia, cuando se trata, no de modestos y obscuros ciudadanos. sino, nada menos, que de Representantes de la nación».
En similar espíritu se pronunció el Diputado colorado José L. Chouy Terra, quien manifestó «Otra de las características de la propaganda nazista es la de tomar algunas personas, algún país o alguna entidad a la cuál tratan de echarle toda la culpa de todo lo malo que ocurre en el país. El maestro eximio de esta clase de propaganda es Adolfo Hitler; se pasó durante muchos años vociferando en contra de los Soviets, en contra del régimen comunista. Un día le convino unirse a la Rusia Soviética y entontes no pudo seguir hablando más del comunismo y empezó a atacar a los judíos, a la banca internacional y, al capitalismo y a la plutocracia. Y esto, señores Representantes, es exactamente la misma propaganda que está utilizando entre nosotros el diario “Libertad”. Hace pocos momentos todavía el señor Diputado Kayel hablaba en la Cámara contra la plutocracia, contra el capitalismo, contra el judaísmo, exactamente en la misma forma en que lo hace la propaganda nazi en Alemania y fuera de Alemania.»
En igual sentido, el Diputado Tomás De la Fuente despejó cualquier duda constitucional sobre el carácter de la medida que se incoaba, yendo al numen inspiracional del Artículo 106 de la Constitución de entonces, actual 115.
Decía el legislador colorado: «Según el artículo 17 del Código Civil. cuando el sentido de la ley es claro, no se debe desatender su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. El artículo 106 de la Constitución establece que cualquier Cámara puede juzgar a un legislador por desarreglo de conducta, estableciendo una sanción, que se gradúa de acuerdo con la gravedad de la falta que haya cometido ese legislador. Pero en este caso, señor Presidente, la letra de la Constitución es clara. Como también es clara la historia fidedigna de su sanción, desde que si el señor Brunereau hubiera estudiado las actas de la Comisión de Constitución de la III Asamblea Nacional Constituyente hubiera podido darse cuenta de que este asunto fue debatido ampliamente en el seno de la Comisión, y que hasta existen palabras expresas y terminantes del señor convencional Doctor Ramón Bado, quien al comparar el artículo 48 que regía en la Constitución del 17 con el artículo 106 que se incorporaba a la Constitución, decía que se habían establecido sólo dos modificaciones, por el artículo 48 de la Constitución del 17 se autorizaba la remoción del legislador
por imposibilidad física o moral y, en cambio, en el Artículo que se proyectaba se modificaba esa redacción y se establecía qué la remoción podría determinarse por Imposibilidad física e Incapacidad mental y que la otra innovación era la suspensión, agregando que como no se fija término a la suspensión, la suspensión puede ser por tiempo indeterminado. Pero no puede existir tampoco, señor Presidente, un acto irreparable en la suspensión sin fijación de término, desde que la Cámara goza, en este caso, de una facultad: la de poder levantar la suspensión de cualquier legislador en cualquier momento.»
La Defensa
Como es natural, el Diputado Kayel tuvo la oportunidad de efectuar su defensa, tanto en la Comisión especial como en la propia Cámara. En la primera intentó eludir sus responsabilidades en el diario Libertad, aduciendo que la tarea de contralor del material le correspondía al Redactor Responsable y que él ni siquiera había leído las notas cuestionadas, si bien posteriormente las hizo suyas.
En la sesión de Cámara en tanto afirmó sentirse ofendido por la denominación de «nazi», si bien manifestara: «…parece que las iras de la Cámara, empujadas por una fuerza oculta, se hubiesen desencadenado sobre mi cabeza por el inmenso delito de decir lo, que pienso, de decir que soy partidario del Eje y que anhelo su triunfo, no en la forma que lo hacen muchos, a escondidas y en voz baja, para que el público no se entere, temiendo, tal vez, perder en las próximas elecciones prestigio electoral… «
En su ditirámbica exposición, por supuesto, no faltaron las alusiones a las conspiraciones que a su juicio dominaban al país, que cargaban contra él y su diario, al que «…si se le silencia es porque molesta: a los intereses anglo-yanquee-judaicos enraízados en nuestro medio…»
Sentando Precedente.
Finalmente, La Cámara aprobó por unanimidad una moción presentada por el Diputado Daniel Fernández Crespo, «Artículo único. De acuerdo con el artículo 106 de la Constitución, la Cámara de Representantes RESUELVE: Suspender al señor Representante don Alejandro Kayel, en el ejercicio de sus funciones, por desorden de conducta.”
De esta forma se cerraba un episodio pintoresco de nuestra historia nacional, pero que a la vez permitió sentar las bases y antecedentes que rigieran la actividad parlamentaria venidera, en tanto como señalaba en la ocasión el Diputado De la Fuente, » la Comisión al juzgar la conducta del señor Diputado Kayel, sobre todo teniendo en cuenta que no existen mayores antecedentes sobre lo que debe entenderse por desorden de conducta y, como lo establece muy bien el informe de la Comisión de Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente sobre “Poder Legislativo”, no existe ni en las constituciones ni en las leyes antecedentes sobre esta cuestión. De manera que el desorden de conducta es una cuestión de hecho que debe apreciar la Cámara de acuerdo con la gravedad de la conducta de los señores Diputados.
La Comisión entiende que en este caso especial corresponde aplicar esta sanción, porque como lo han expresado muy bien todos los señores Diputados que han hecho uso de la palabra en esta sesión, es necesario adoptar enérgicas medidas para defender nuestro sistema democrático de gobierno, medidas que deben empezar a aplicarse, en primer término, entre los representantes nacionales, quienes, por el hecho de tener un mandato popular deben saber cuidar su conducta por el prestigio de los supremos intereses: del Parlamento.»