A la aparición de una ballena muerta, que se anunciara el martes, se suma ahora la constatación de otra muerte sospechosa, que podría atribuirse a las actividades de prospección sísmica que se desarrollan en la plataforma marítima nacional, seriamente cuestionadas por la comunidad científica internacional y la industria pesquera local.
Guardavidas de Punta Colorada, Piriápolis, encontraron en la costa el cuerpo sin vida de un delfín, según informó en su cuenta de Instagram el fotógrafo y naturalista Maxi Oruga.
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A pocas horas de conocerse públicamente el avistamiento del cadáver de la ballena en aguas nacionales, este nuevo deceso replantea el debate sobre los anunciados daños que estos sistemas causan a la fauna marítima, lo que se reafirma al comprobar en la derrota del EG Prospector, el buque en cuestión, que estuvo operando frente a Piriápolis el día previo al hallazgo de este ejemplar muerto en la costa.
Una Historia Repetida
Lamentablemente, no es esta la primera vez que Uruguay se enfrenta a situaciones así, e invariablemente la respuesta oficial ha sido la misma, el silencio o fingir demencia.
En efecto, en el año 2012 ya se realizaron prospecciones sísmicas en la plataforma continental, lo que generó daños ambientales y fundamentalmente en el ecosistema ictícola de una magnitud tal que dos años después las capturas realizadas por la flota pesquera uruguaya cayeron un 40 por ciento.
Ante esto y frente a la ausencia de respuestas del gobierno desde los primeros planteos, realizados mucho antes de las operaciones, la Cámara de la Industria Pesquera Uruguaya inició a fines del año 2016 una demanda millonaria por daños y perjuicios en contra de ANCAP, en procura de obtener del ente un resarcimiento económico por el impacto de la prospección en la pesca.
Casi 10 años después de iniciada la acción judicial no se han registrado avances en la misma, donde recién se estarían por iniciar las primeras actuaciones, de declaraciones a los testigos, lo que claramente colide con el concepto de «dentro de un plazo razonable», establecido en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San José de Costa Rica», así como las normas indicadas en el Artículo 25, de «Protección Judicial».
Foro Internacional
Así, algunos operadores han planteado a integrantes de la Cámara la posible opción de recorrer el camino de accionar contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegatoria tácita de justicia, entre otros puntos, como en su momento realizaran ante ese órgano los hermanos Peirano, en el año 2006.
Como se recordará, los mismos fueron detenidos en en 2002 por la quiebra del Banco de Montevideo. En virtud de ello, en 2004 primero y una vez más en 2006 plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia y solicitud de medidas cautelares contra el Estado, por la presunta violación de los derechos a recibir justicia dentro de un plazo razonable, a ser oído en condiciones que garanticen el debido proceso, el derecho a un juicio justo e imparcial y el derecho a la igualdad ante la ley, entre otros.
Tras el traslado de la denuncia al Estado nacional, para responder las demandas, la Comisión en un pormenorizado análisis del caso sancionó al Estado uruguayo por no modificar el proceso penal, como recomendó el instituto de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras el reclamo presentado por los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso.
Así las cosas, este podría ser el destino final de la demanda presentada por la Cámara de Industrias Pesqueras en defensa de su trabajo y propiedades, elementos igualmente protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica, lo que se maneja por algunos operadores y sería planteado en breve en el seno de la organización gremial.